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La década de los años 90 fue una época oscura para el cine latinoamericano. Los países líderes de la región (México, Brasil y Argentina) vivieron una estrepitosa caída en su producción y países con una cinematografía más modesta, como Colombia, vieron desaparecer toda posibilidad de apoyo estatal al cine. Por supuesto, esta década fue también una de las más violentas de la historia de Colombia y los gobiernos tuvieron que lidiar con dos guerras simultáneas: contra la guerrilla y el paramilitarismo y contra los carteles del narcotráfico.
En ambas guerras, la cuota de sangre fue puesta principalmente por los ciudadanos que, hastiados de tanta violencia, vieron en el cine de Hollywood una válvula de escape para la difícil situación. Aunque el cine colombiano bajó en su producción a niveles bajísimos, a mucha gente ajena al sector poco le importó. En épocas de crisis, las prioridades nunca se ponen en el sector de la cultura (lamentablemente, lo estamos viendo hoy de nuevo).
Después del cierre de la entidad estatal de fomento cinematográfico, FOCINE y de Colcultura, el sector cultural colombiano, y el cine en particular, quedaron huérfanos y a la deriva y solo unos pocos quijotes (no les cabe otro nombre) se animaron a realizar sus proyectos en esa década. La cifra de largometrajes estrenados en toda la década no pasó de 25. Sin embargo, un grupo importante de gestores culturales emprendieron la misión de reorganizar el sector y proponer una sólida política pública de apoyo a la cultura. Estos esfuerzos se vieron materializados en la promulgación de la Ley general de cultura en 1997 y, posteriormente, en la ley de cine de 2003. Más adelante, y con propósitos diferentes, se expidió la ley 1556 o ley de filmación, que proponía estímulos a los rodajes extranjeros para hacer películas en el país.
Estas dos leyes, con sus aciertos y errores, han funcionado bien para el sector y han sido punto de referencia para otras cinematografías en América Latina y en el mundo. Se han financiado una buena cantidad de películas y hemos tenido rodajes de series y películas extranjeras en el territorio nacional que han contratado personal colombiano e invertido una buena cantidad de dinero en servicios cinematográficos y turísticos. Sin embargo, la situación actual cambió el panorama de manera radical y, como lo expresó recientemente Claudia Triana (directora de Proimágenes) en una entrevista, el sector no tendrá prácticamente fondos para el próximo año.
Una de las principales fortalezas de la ley de cine (814 de 2003) en Colombia es su autosostenibidad, ya que exhibidores, distribuidores y productores financian la producción audiovisual del país por medio de sus aportes al Fondo de Desarrollo Cinematográfico (FDC). Este sistema ha funcionado muy bien hasta ahora, pues el presupuesto del cine no depende del Plan de desarrollo nacional y los recortes que los gobiernos suelen aplicar al sector de la cultura cuando necesitan «tapar huecos» en otra parte. Sin embargo, el cierre de los teatros bajó la contribución a cero y este es un duro golpe para el sector. La situación que hoy vivimos es inédita e impredecible, pero puede ser la oportunidad para abrir un debate sobre el marco legislativo del cine colombiano y plantear reformas estructurales a ambas leyes, ya que se debe equilibrar la balanza para que la producción no sea el eje exclusivo de la actividad cinematográfica y considerar sectores que antes prácticamente no existían. En ese orden de ideas, me permito plantear algunas ideas que contribuyan a un debate urgente y necesario sobre cómo puede replantearse el sector de cara a un escenario post-covid.
1. Primero lo urgente: no tener dinero del FDC para el año próximo es catastrófico y requerirá, al menos por un tiempo, unos fondos excepcionales gubernamentales que permitan que el sector audiovisual no muera. Es hora de que la cacareada «industria naranja» pase a ser algo más que un discurso de campaña sin piso conceptual y se materialice en el apoyo a las industrias creativas del país. Esto, por supuesto, tiene que iniciar por definirlas claramente para que no se cuelen en el sector un montón de iniciativas que no tienen nada que ver con la cultura.
2. La ley 814 funcionó perfectamente en un momento en el que Colombia tenía muy poca producción cinematográfica y fue un impulso fundamental para aumentar la cantidad de proyectos. En el siguiente gráfico puede verse la importancia de esta ley para el aumento de la producción (más del 60% de las películas colombianas estrenadas son de las dos primeras décadas del siglo XXI). Sin embargo, el reto ahora (más allá de la pandemia) no es solo producir si no construir una industria audiovisual, y es claro que ninguna industria se sostiene solo con la fabricación de productos. En las reformas a la ley es necesario considerar y ponderar mejor los procesos de distribución, exhibición, formación, formación de públicos, preservación e investigación; entre otros. El sector audiovisual va mucho más allá de producir películas.
3. Como afirmó Jaime Manrique en charla online programada esta semana por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, el escenario Post-covid debería considerar rodajes pequeños y dar un impulso fuerte al cortometraje. Creo que una tendencia mundial de los próximos meses será regresar a producciones más austeras y centradas en la solidez de las historias, mucho más que en el derroche de grandes presupuestos. No es descabellado pensarlo, pues ha sucedido históricamente en todos los escenarios post-crisis. Tampoco lo es pensar que quienes hagan largometrajes deberían hacer carrera con cortos y que una carrera como cortometrajista es también muy respetable.
4. Aunque sé que muchos podrían estar en desacuerdo, creo que es momento de pensar en que no todas las películas colombianas deben pasar por las salas. Desde las leyes debe fomentarse, además, que algunas de ellas se piensen específicamente para las plataformas o para circuitos alternativos. Para que esto sea posible y rentable, es fundamental que desde el Estado se dé un apoyo decidido y real a la exhibición alternativa y a las plataformas que promuevan el cine nacional.
5. Así como se debe apoyar las plataformas nacionales, se deben fortalecer los vínculos con productoras, distribuidoras y plataformas internacionales con el fin de que se hagan más y mejores proyectos en el país, pero también se adecuen a nuestra ley y cumplan con sus contribuciones al talento nacional. Regalías y pagos justos deben hacer parte de esa fructífera relación.
6. Mi colega y amigo Enrique Uribe, profesor de la Universidad Externado, acaba de terminar una investigación sobre la ley 1556 de 2012 (ley de filmación). De acuerdo a lo que hemos conversado al respecto, consideramos que es fundamental que desde el Estado se garantice que los fondos serán seguros y constantes, para que sea realmente atractivo para los inversionistas extranjeros realizar proyectos en Colombia y que se trate de un ejercicio constante y sistemático. Es importante igualmente, que se fortalezca el desarrollo de agremiaciones que velen por tarifas y condiciones justas; apoyar y fomentar la capacitación al talento local y vigilar el cumplimiento de condiciones mínimas de trabajo y seguridad en condiciones de equidad para nacionales y extranjeros.
7. La ahora llamada ley de cine debería replantearse también para ampliar la base al amplio espectro del audiovisual actual que incluye nuevos desarrollos como las producciones transmedia, los videojuegos, la realidad aumentada y la realidad virtual; entre otros.
Estas son solo algunas notas que espero sean tenidas en cuenta en una gran discusión nacional que debe hacerse para salvar al sector y no perder en pocos meses lo que ha costado tantos años lograr.
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