¿Dónde están los 610 mil millones de pesos que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) entregó a los contratistas para que Barranquilla tuviera un aeropuerto a la altura de la ciudad?

¿Cuándo podremos decir que la obra, que debía ser entregada en junio de 2020, estará terminada? ¿En qué parte de las anunciadas obras se invirtieron los millonarios recursos? Díganos dónde… ¡porque esa plata, no se ve por ninguna parte!

Y no se ve porque los viajeros que llegan a la ciudad, o los que salen de ella, tienen la misma impresión: el Ernesto Cortissoz parece más una remendada carpa de circo pobre, que un terminal aéreo.

El escándalo sigue en aumento y cada día se destapan nuevas y peores irregularidades en los trabajos que se han entregado que comprometen tanto lo estético (es un adefesio) con lo funcional (funciona mejor y es más bonita, la Terminal de Transporte de Tunja, como diría un colega de Barranquilla).

La polémica ha causado fuertes reacciones entre el Concejo de Barranquilla y la Asamblea departamental que consideran una burla a la ciudad y una verdadera falta de respeto a la ciudadanía que se ilusionó con tener un terminal aéreo moderno, confortable, estético y seguro. Hoy, al ver el esperpento que se erige ahí, sobre el esqueleto de su antecesor, muchos han comentado en redes sociales que “para tener eso, mejor nos hubiéramos quedado con el aeropuerto de antes”.

Hace pocos días el alcalde Jaime Pumarejo trinó en sus redes sociales rechazando el estado en el que se pretende entregar oficialmente el aeropuerto de Barranquilla.

“¡Barranquilla no se merece un aeropuerto sin terminar! Esta semana convocaremos reunión con usuarios, gremios, concesionarios y gobierno nacional para revisar cronogramas e inversiones y fijar compromisos”, señaló el alcalde en sus redes sociales, luego de la explosión mediática de mensajes protestando por las goteras en el techo del Ernesto Cortissoz.

JAIME PUMAREJO

Y es que la copa que rebasó el vaso fue, precisamente, lo del domingo 4 de septiembre cuando dentro de las instalaciones aeroportuarias los funcionarios debían recorrer sus instalaciones a punta de paraguas porque, según los afectados, llovía más adentro que afuera. ¿Casi siete años de trabajo para esto? Es increíble que después de 84 meses de labores y con más de 600 mil millones de pesos desembolsados, los usuarios que desembarcan de las aeronaves tenga que mojarse porque no hay muelles de abordaje para que los pasajeros transiten seguros. LEA AQUÍ: “Lluvia” de críticas por goteras en el aeropuerto de Barranquilla

Para propios y extraños, usar hoy el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz es una tortura debido a la baja calidad de las obras, que son el resultado de los pésimos resultados del concesionario Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S., que tiene –y es lo más doloroso—la anuencia de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco y del presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez. Ambos, la ministra y la ANI, no han dicho ni mu. Por el contrario, cada tanto se toman fotos desde las “remodelaciones” para publicar en redes sociales con la ilusión de que nuestra terminal aérea llegue a ser tan hermosa, moderna y funcional que el aeropuerto de Dubai, como lo prometió cínicamente uno de los representantes de la concesión a una diputada del departamento del Atlántico.

Y como si fuera poco, La W reveló en su emisión de este martes 7 de septiembre que los contratistas están pidiendo otra millonaria suma, según la emisora, unos 720 mil millones más, que piensan obtener vía demanda, dizque para culminar las obras prometidas.

¿Pero quiénes son las empresas asociadas que ejecutan la concesión con la bicoca de más de 610 mil millones de pesos? Varios de ellos pertenecen a reconocidas casas políticas de la región y otros, son miembros prestantes de la sociedad. Conózcanlos:

– Valores y Contratos S.A. (Valorcon S.A.), con el 41,5% de participación. Principales: Mauricio Antonio Gerlein Echeverría, Jaime Alfredo Massard Ballestas y Roberto Rivas Ramírez. Suplentes: Margarita María Muñoz Palacio, Mario Marino Villa y Jorge Jaramillo Henao.

– Equipo Universal S.A., con el 41,5% de participación. Principales: Juan Francisco Herrera Bojanini, Gabriel Montoya De Vivero, Ana Lucía Dugand Ocampo, Jorge Martínez Aparicio de la Peña y Jorge Ramiro Navarro Reyes. Suplentes: María Victoria Herrera Bojanini, Silvana Margarita Montoya De Vivero, Juan Carlos Vilariño Amalfi, Juan Eduardo Vilariño Amalfi y Martha Inés Cepeda de Navarro.

– Inversiones Milenium Azcipo S.A.S., con el 17% de participación. Principales: Samuel Roger Azout Papu, Álvaro Ramón González Serje, Regulo Antonio Diazgranados Lozano y Fernando Alberto Cepeda Sarabia. Suplentes: Alberto Azout Zafrani, Carlos Ernesto González Serje, Arnaldo del Valle Orozco y Alberto Rafael Cepeda Sarabia.

Así que la próxima vez que coja rabia por una de las más de 190 inconformidades detectadas en la obra, y la incomodidad que esto representa para los usuarios, ya saben a quién reclamarle. Eso sí, en el “combo” meta a la ANI y a la ministra de Transporte quien, como a Samper, parece que todo se estuviera ejecutando a sus espaldas. Porque hasta el sol de hoy, más habla una monja consagrada con un voto de silencio que ellos. LEA AQUÍ: No cesan quejas por obras en el aeropuerto de Barranquilla

La diputada del Atlántico, Lourdes López, quien fuera la promotora de un debate en torno a la poca calidad de las obras en el aeropuerto, denunció en un artículo publicado en el diario El Tiempo, que en el terminal aéreo de Barranquilla  “Hay un solo ascensor, al medio día llegan dos vuelos internacionales con cerca de 500 personas, un solo baño para hombres y mujeres. El sitio donde llegan los pasajeros no tiene sillas, poca ventilación, una sola banda para reclamar las maletas, el techo tiene humedad y se cae a pedazos”.

Es increíble que después de 84 meses de labores y con más de 600 mil millones de pesos desembolsados, los usuarios que desembarcan de las aeronaves tengan que mojarse porque no hay muelles de abordaje para que los pasajeros transiten seguros.

La situación es tan grave en el Cortissoz, que durante un aguacero reciente tuvieron que poner ollas en distintos lugares, como en las viajas casas de los pueblos pobres, porque todo se mojaba. Para colmo, solo está en servicio un solo ascensor para recoger las maletas, por lo que se han presentado accidentes con personas de la tercera edad.

Los contratistas señalan que las obras están en más de un 95% terminadas. Y si el ministerio, el gobierno Distrital y la ANI se tragan ese cuento, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía deberían abrir una investigación para determinar si hay detrimento económico en la obra y si, en verdad, lo que hasta ahora hay, vale la suma invertida.

Y ahora, salimos a deberles. Los contratistas están mandando “señales de humo” advirtiendo que, para que la obra quede como todos están pidiendo, y entregarla definitivamente en el primer trimestre de 2022, necesitan que les giren 720 mil millones de pesos más.

No señores: ¡no nos crean tan maricas!