Este blog se indigna por los 150 niños que viven en un mundo desconocido, que no conocen los derechos de los niños, los derechos de sus padres y, mucho menos, el sitio que les corresponde bajo el amparo de la Constitución Colombiana que no los ve, que no los reconoce y que cada día los ignora en nombre de un Dios que no conocen y que es ajeno a ellos.

Me refiero a la angustiosa situación que vive la comunidad emberá en el Parque Nacional de Bogotá, en medio de precarias condiciones. Y el componente de corrupción, de aprovechamiento y de utilización que se está haciendo de esta problemática que los aíslan más de su independencia, de la defensa de sus ancestros y de sus creencias, y que fue denunciada por el subsecretario de Gobierno de Bogotá.

El 95% de ellos son utilizados por estos nombres que se han atribuido ser los defensores de los emberás del parque Nacional: Omar Díaz, Álvaro Mendoza, Julián Salazar. Quieren contratos por valores mensuales de 5 millones y medio. Olga Orobajo, Beatriz Valencia, Alirio Lozano, también exigen contratos por cinco millones y medio de pesos. Y se suman Kevin Castro, Ana Coyo, Rafael Arbeláez, Jairo Montañez, Violet Medina y Luis Cuaspud, quienes los piden por un valor de 4 millones de pesos, cuando nuestra principal preocupación, insisto, tienen que ser los niños, que están en unas condiciones lamentables.

Así lo revela el subsecretario de Gobierno, Daniel René Camacho Sánchez, en un duro informe en el que denuncia estos nombres y las solicitudes de contratos que han hecho con el pretexto de defender a la comunidad embera.

“¿Pero quiénes son estas doce personas? No las conocemos a todas. En las mesas de diálogo instaladas tan solo han participado la mitad de ellos de manera esporádica. La otra mitad ni siquiera ha participado en una mesa. De estas 12 personas, ninguno de ellos es miembro o pertenece a la comunidad emberá”

“Ninguno de ellos representa a esta comunidad que ha tenido dificultades y que hoy las hemos visto expuestas más que nunca. Pero al contrario, sí tienen intereses, y claros intereses políticos”.

“Quieren hacer parte del debate y de la controversia actual que se genera con ocasión de los escenarios partidistas y políticos, pero no encontramos una seria preocupación hacia los derechos de los niños. No encontramos un reclamo si quiera hacia favorecer y privilegiar esos derechos que están conculcados, que están vulnerados, no en amenaza, que están vulnerados allí en el parque nacional hacia los niños”, agrega el subsecretario de Gobierno.

Entre las personas que están pidiendo contratos, el subsecretario mencionó a Jairo Montañez y su compañera sentimental Violet Medina, quien, según el funcionario, tiene dos contratos con el Distrito y busca un tercero. “¿Qué pretende con esta exigencia de un nuevo contrato con el Distrito? Sumar uno más a los dos que ya tiene, uno por secretaría de Educación y otro por la subred de Salud”, se pregunta el funcionario Camacho.

“¿Realmente está interesada la señora Medina en la comunidad emberá? ¿Realmente quiere resolver la situación de los niños? Lo que vemos es que quiere sumar a sus intereses personales un tercer contrato de prestación de servicios. Es muy grave, muy lamentable que esta interlocución, estos espacios que se han ganado, los convierta en individualidades, en el privilegio y la prevalencia de sus intereses y realmente no en la representación de la comunidad emberá”.

Así se revela en el último párrafo del informe de la subsecretaría de Gobierno, después de mirar y revisar una y otra vez las solicitudes de los nuevos conquistadores mestizos que se atribuyen las necesidades de los emberas.

“Aquí el tema es contratos. Y por si fuera poco, a esto de los contratos le quieren sumar la exigencia de cuatro ollas comunitarias. Cada olla comunitaria por un valor de 26 millones de pesos, para un total de 104 millones”.

“Pero qué buscan atender con estas ollas comunitarias, ahí está lo que propusieron, lo que exigieron: la atención para 1.300 personas. ¿Propusieron algo relacionado con los niños? ¿Propusieron alguna solicitud dirigida a resolver las cuestiones más elementales y básicas de los niños, niñas y adolescentes? Pues no. Propusieron contratos, contratos para voceros políticos, no miembros de la comunidad emberá, propusieron 4 contratos de ollas comunitarias por 104 millones de pesos para reuniones como si estuviesen en una campaña política”.

Por último, el subsecretario de Gobierno concluye así su denuncia sobre la utilización del drama de los emberas: “Como conclusión: tenemos que señalar que lo que vemos en el Parque Nacional es una clara vulneración de los derechos a esta comunidad, vulneración que es visible ante los ojos de todos, vulneración que se agrava cada día más y que está motivada por intereses políticos y económicos, donde continúan exponiendo los niños, las niñas a todo tipo de enfermedades. Donde la exposición al riesgo es evidente, es creciente, y eso lo debemos resolver, eso lo debemos resolver como Distrito, como sociedad, como país… no quedarnos en la retórica”.