¿Ahora qué ocurre con las convalidaciones? Por esta ocasión me aparto de los temas habituales del blog para sumarme a los miles de casos de personas que, como yo, hemos aguardado con demasiada paciencia uno de los trámites más engorrosos en el ámbito académico y es la convalidación de títulos de pregrado o postgrado obtenidos en el exterior.
Desde que entró en vigencia la Resolución 20797 del 9 de octubre del 2017 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, que estableció el nuevo procedimiento para realizar las convalidaciones, aquellos colombianos que han adelantado su formación en el exterior y deciden ejercer su especialidad en el país, principalmente en el servicio público o el ámbito académico, se ven enfrentados a una maraña burocrática digna del episodio más retorcido de Black Mirror que puedan imaginarse.
Como recordó en su momento la especialista Diana Alexandra Bueñanos Mena, Directora de Proyectos y Consultoría de la firma CALEC Abogados, en un interesante y orientador artículo para Ámbito Jurídico de LEGIS “el cambio de la normativa antes mencionada fue la medida utilizada por el Ministerio de Educación Nacional (Mineducación) para “remendar” los problemas internos que, desde el año 2015, se han presentado en el trámite de homologación de títulos extranjeros dentro de dicha entidad y que han sido objeto de escándalos mediáticos”.
Desde el 2018 ha resonado los casos de los abogados Alejandro Moya y Santiago Vargas, que recogió en su momento el diario El Espectador, los cuales resumen muy bien el impedimento que representa este trámite al no poder acceder a mejores oportunidades laborales por una normatividad que navega entre la complejidad y la inoperancia. Tenía en un relativo buen concepto la oportuna respuesta de Atención al Ciudadano del MEN, pero su reciente silencio administrativo ante las solicitudes que les he enviado sobre la situación actual de las convalidaciones solo aumenta más el desconcierto y el enojo.
Es más, para abril de este año los casos se siguieron reportando, pero llevándolos a un nivel de absurdo con el paso llamado “preaprobación de los documentos antes de hacer el pago”. Desde la aplicación de la normatividad, si en diez días hábiles no se presentaba ningún inconveniente con los documentos se procedía a la autorización del pago desde la plataforma. Ese nivel lo comparto con el ciudadano que reportó su historia en esta nota del diario El Tiempo. En mi caso, la plataforma VUMEN, a través de la cual se realizan las solicitudes para las convalidaciones, aparece en ‘mutis’ desde el 18 de marzo de este año con el mensaje “en trámite”, como si obedeciera un siniestro protocolo de advertencia no pedida, un “se los dije” que alude a un falso chovinismo.
A cuatro meses de haber subido la documentación, que por demás no fue regalada, no hay el menor asomo de mensaje que explique con honestidad la razón de la demora. No he recibido desde el 11 de abril de este año, un mes después de haber cargado los documentos, una nueva respuesta sobre la situación del trámite en general, y solo por los medios de comunicación me he enterado de las dificultades que persisten con la convalidaciones, agravadas por el desborde de las solicitudes y la falta de reacción de la entidad pública ante esta coyuntura que, dicho sea de paso, no parece inquietarse ante las circunstancias o se limita a responder con pañitos de agua tibia con “la migración a una nueva plataforma” o “una actualización de la normativa para el segundo semestre del 2019”, como anunciaron en mayo pasado.
Yo sugeriría (permítanme ser iluso, se vale soñar en el mundo de la burocracia estatal) una directriz para eximir de pago o un generoso descuento del mismo a las personas que se encuentran en una situación parecida a la mía por el tiempo perdido. Aunque era necesario hacer ajustes a la normatividad de las convalidaciones por razones ligadas a la ética profesional y la garantía de contar con expertos bien respaldados, adelantar este trámite no debe llevar a semejante desgaste. Si están trabajando en la solución entonces que la comuniquen oportuna y eficientemente a los afectados y que le metan el acelerador a la implementación de la misma.
@juanchoparada