Primero fue la tendencia #SuspensiónConGarantíasUPTC que inundó Twitter con cientos de reclamos de jóvenes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. Luego vino #LaUDNoSeVirtualiza con quejas de la comunidad estudiantil de la Universidad Distrital de Bogotá y el día de hoy #CrisisVirtualSENA en la que los estudiantes de esta reconocida institución técnica y tecnológica pública cuestionan que se apele a la formación virtual en medio del aislamiento nacional cuando un buen número de aprendices no cuentan con los insumos tecnológicos para elaborar o enviar los trabajos y evaluaciones que demandan sus instructores.
Dentro de las cosas que ha desnudado la pandemia del coronavirus o covid-19 es la ingenuidad con la que el Gobierno Nacional cree que el grueso de los estudiantes puede afrontar el aislamiento. Y eso que hablo solo de educación superior pública. Ni me imagino el drama en básica primaria y secundaria o en algunas IES del ámbito privado. Por esa razón me decidí a escribir este post, dado que las quejas van en aumento y las instituciones educativas, principalmente públicas, se limitan a guardar silencio.
Hace diez años, el Ministerio de Educación Nacional lanzó una intensa campaña publicitaria para promover la Educación Superior Virtual, campaña que en esa época colaboré en estimular, dado el auge del tema a nivel global y la cantidad de jornadas académicas en las que participé discutiendo su expansión e implementación. Aquí recuerdo uno de los videos promocionales de la campaña.
Analicemos brevemente el contexto. En las cifras que provee el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional se aprecia que entre el 2017 y el 2018 el total de inscritos a programas de educación superior cayó un 12,7 %: de 2.351.481 inscritos pasaron a 2.050.616. Ese año, el total de aspirantes a instituciones públicas rondó el 67 %, interesados en áreas como Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo en primer lugar, seguida de Economía, Contaduría, Administración y afines. Las Ciencias Sociales y Humanas y Ciencias de la Salud aparecen en tercer y cuarto lugar.
En cuanto a los admitidos las cifras toman otro aspecto. El porcentaje entre públicas y privadas casi que se invierte. En el 2018 un 52.4 % de aspirantes fue admitido a instituciones privadas y el restante a públicas. Desde luego, en comparación con el total de inscritos las admisiones se reducen casi a la mitad, y esta cifra viene en caída libre desde el 2016. De 1.179.916 admitidos ese año, en el 2018 se recibieron 1.016.020, casi un 14 % menos.
Aquí cabe anotar un análisis del experto Francisco Cajiao en el portal ‘Razón Pública‘ que nos ayuda a dimensionar las cifras de cobertura. Durante el nuevo milenio, señala Cajiao “en los dos gobiernos de Álvaro Uribe, se amplió la cobertura educativa con tres estrategias claramente definidas:
- Aumentar muy rápidamente la matrícula en las universidades públicas, con los recursos ya disponibles. Es decir, más estudiantes en las mismas instalaciones, con los mismos profesores y con el mismo dinero. De allí que entre 1993 y 2016 la cobertura hubiera aumentado en más del 250 por ciento, mientras que el presupuesto solo creció un 70 por ciento.
- Aprovechar los aportes de las empresas al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para aumentar rápidamente la cantidad y cobertura de los programas tecnológicos. Mediante esa estrategia, el gobierno de Uribe aumentó la cobertura del Sena —que no hace parte del sistema de educación superior ni se acoge a los requisitos de una universidad— e incluyó a sus matriculados en las estadísticas de cobertura en educación superior. Por eso la cobertura aumentó tanto en tan poco tiempo, aunque fuera solo en el papel.
- La facilitación de los trámites para la creación de instituciones privadas en las regiones. La combinación de esas tres estrategias fue bastante eficaz. La expansión de la matrícula se mantuvo en el tiempo, y hoy se habla de una cobertura del 52 por ciento”, anota Cajiao.
En ese orden de ideas, más de un millón de estudiantes acceden a la educación superior en todas las modalidades, con todo y los mismos centavos en el orden público. Aunque persisten las matrículas en la modalidad presencial, según un reporte del MEN en la década que termina se experimentó un extraordinario repunte en el interés por la educación virtual, en donde ha predominado el mercado de las instituciones de carácter privado. De un 13,6 % en el 2011 pasó a un 98,9 % en el 2016. En otro informe que divulgó ‘Portafolio‘, a partir de una encuesta del Centro Nacional de Consultoría, reveló que el perfil de estudiantes que eligen esta modalidad se caracterizan por pertenecer a los estratos 2 y 3, de un promedio de edad de 32 años y principalmente mujeres.
Si el panorama aparentemente es halagüeño y hay una demanda identificada, no parece cumplido el objetivo de vencer los temores habituales sobre la virtualización (complejidad, costos, etc). La ‘Revista Semana‘ confirmaba la cifra del incremento de matrículas en campus virtuales, que pasaron de 9.758 a 126.423 entre el 2011 al 2016, de acuerdo al Observatorio Laboral para la Educación. No obstante, el mismo artículo señala que de los 12.000 programas de educación superior activos en el país «solo un 5,6 % se imparte en dicha modalidad», y de los 470 programas virtuales en pregrado y progrado vigentes «tan solo 11 tienen Registro de Alta Calidad otorgado por el MEN, diez en educación universitaria, tecnológica y técnica profesional y tan solo uno en posgrado». ¿Y qué surge en plena emergencia sanitaria? Simple: que el famoso cambio de chip (una frase bastante manoseada) no he hecho mella, especialmente en al ámbito público. Y podríamos justificar todo a la priorización de otras necesidades educativas en las instituciones, pero el confinamiento ha demostrado lo que asevera el columnista de este diario, Juan Armando Sánchez, “la educación virtual se volvió una necesidad imperiosa […]”
El concepto de aprendizaje autónomo que tanto se promueve como un estímulo derivado de la virtualidad parece retroceder ante las quejas de los alumnos que se resisten a creer que pueden agotar su sed de conocimiento leyendo engorrosos PDF y enviado videos a través de Whatsapp. También hay un sacrificio económico, mental y de organización de tiempo tanto de parte de padres de familia como de ellos mismos, por lo que encuentro completamente justificada la queja generalizada de los estudiantes por la desidia con que se abordan las aulas virtuales por parte de algunas instituciones y cuerpos docentes. No son retadoras, son un himno a la pereza y al facilismo. Creo que en ese sentido los jóvenes de hoy están muy lúcidos, son la generación más conectada que conozco, así que tienen clarísimas las ventajas de la virtualidad, sean eje o complemento de la formación que reciben.
El otro lado de la moneda lo encuentro en la organización institucional frente al desafío virtual. ¿Basta con adquirir un sistema tipo Moodle o Blackboard (dos de las más utilizadas) y arrojar el centurión a los leones sin mayores instrucciones? ¿Resolvemos el asunto invitando a los docentes (y aumentar su carga laboral de paso) con la libertad de crear sus procesos educativos donde les parezca más fácil o barato, y mejor si es gratis? ¿Entonces para qué rayos solicitan acreditaciones en calidad si no se han tomado la molestia de desarrollar plataformas educativas con un buen respaldo tecnológico en capacidad de servidores y una estrategia pedagógica -que debe convertirse en directriz institucional- para que los docentes se apropien de ella en forma creativa? ¿Sí han tenido esa preocupación? ¿Qué les impide tomar cartas en el asunto?
Universidades, tengan en cuenta que es importante caracterizar a su cuerpo docente y alumnado, todos no son nativos digitales de onda hipster que hablan inglés a media lengua. Quizás apenas comprenden el alcance de un Objeto Virtual de Aprendizaje. Muchos de ellos carecen incluso del elemental acceso a la conectividad, con lo que el asunto se enreda más. ¿En qué quedaron los planes de conexión de todo el país promulgados por el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones?
Allí también las instituciones educativas tienen otro aspecto que resolver, pues si apenas tienen idea sobre el acceso y usos de internet que realmente caracterizan a su misma comunidad no pueden tener el descaro de sacar pecho por enfrentar el aislamiento mandando a todos a la casa a ver cómo se arreglan. “Tranquilos, que Google resuelve el chicharrón y los videos de Julio Profe lo disimulan otro poquito”.
Queda planteado el llamado de atención en todas las direcciones. El Ministerio de Educación debe aprovechar esta coyuntura para entender la dinámica impuesta por una situación de escala global y encontrar soluciones que van más allá de presupuestos, importantísimos, pero que nada resuelven si se invierten equivocadamente. Más observación, más vigilancia a esos detalles.
A los que me leen les pregunto ¿han estudiado o estudian virtualmente? ¿Cómo fue o es su experiencia? Si son docentes ¿qué exigen para mejorar su desempeño en esta modalidad? Hablemos con el HT #EducaciónVirtualDistractor O si desea opinar para un podcast, envíeme un mensaje al correo que viene abajo y armamos un programa con testimonios de estudiantes y docentes.
Twitter @Juanchoparada