En julio del 2019 compartí en uno de mis temas ocasionales en este blog una frustración por el proceso de convalidación de títulos obtenidos en el exterior, mismo que se lleva a cabo en Colombia a través del Ministerio de Educación. Lo que era un mero desahogo por lo paquidérmico del trámite desató un aluvión de casos similares o más complejos. Desde entonces no dejo de recibir correos electrónicos con más historias de profesionales que afrontan dificultades que, al parecer, no se resuelven ni con la reforma introducida en octubre del año pasado con la Resolución 10687. Acá pueden ver todas las publicaciones realizadas.
¿Qué ha sucedido desde entonces? Bien, acá hay dos extremos: el balance optimista con posibilidades de mejorar, o el desconcierto por las solicitudes que no se resuelven y nuevas revelaciones que suscitan escándalo.
Vamos por partes. En una revisión somera al procedimiento, aparentemente la reforma introducida en la Resolución 10687 optimizó las convalidaciones. En efecto, para la Gerente General de Calec Abogados, Diana Buenaños Mena, quien presentó su balance de la reforma en un artículo para la revista Ámbito Jurídico en abril del 2020 (en pleno inicio del confinamiento por cuenta del covid-19), calificó de “favorable” la implementación de las nuevas medidas.
En su explicación la abogada resalta que ya se cuentan con decisiones tanto favorables como negativas, lo cual demuestra “gran efectividad del cuerpo ministerial, comparado con el tiempo promedio de ocho meses a un año que podían tardar los resultados del trámite bajo la resolución 20797 de 2017”, según sus propias palabras. Destaca, entre otros aspectos, las ventajas de la nueva plataforma virtual como su sistema de notificaciones y lo “mejor organizados” de los conceptos que ahora emite la Comisión Nacional Intersectorial del Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CONACES, órgano del cual dependen los criterios para aprobar o negar una convalidación en las diversas áreas del conocimiento.
No obstante, reconoció como un reto la dificultad que persiste en el trámite para aquellos postgrados realizados en modalidad virtual o a través del uso de medios tecnológicos, casualmente una de las modalidades en la cual se presentaron los cientos de docentes que estudiaron en instituciones extranjeras como la UNINI, caso que registré en el seguimiento del 2019. En esa medida comparto la conclusión de Diana sobre la valoración justa de estos programas con criterios propios para la virtualidad y no con los mismos de la presencialidad.
De otro lado, expresa la preocupación por el procedimiento de convalidación para los títulos en áreas médicas, situación que cobró relevancia en esta época de emergencia sanitaria y que requiere profesionales de la salud con todas las acreditaciones posibles para ejercer su labor. Además de la problemática señalada por Buenaños, el diario El Colombiano indagó recientemente sobre el panorama del trámite en este ámbito y encontró que el MEN ha entregado en los últimos cuatro años (al 15 de julio de 2020) 9.148 convalidaciones de títulos a profesionales del sector, principalmente a médicos cirujanos y médicos generales. El artículo introduce las motivaciones para estudiar por fuera por parte de estos profesionales, las falencias del proceso de convalidación, que requieren ampliación de más mesas de evaluación en la CONACES, y si durante la pandemia se aceleraron o no las solicitudes al respecto.
¿Y los docentes egresados de la UNINI?
En esta coyuntura volví a conversar con el abogado Miguel Ángel Ruiz Salamanca, CEO de la firma Miguel Ángel Ruiz Salamanca Company Lawyers, profesional con quien conversé la primera vez sobre el caso de los docentes egresados de la UNINI de Puerto Rico, cuyos títulos se convalidaban antes de la resolución del 2017 y después de ella dejaron de convalidarse. Para el abogado “El MEN, independientemente de las resoluciones, a ellos no les interesa cuándo iniciaron sus estudios o cuándo finalizaron. Lo que mira concretamente el Ministerio es cuándo radican los documentos. Con la normatividad que esté vigente en ese momento es con la cual los van a calificar, lo que, para nosotros, rompe la seguridad jurídica”. Esto es clave para entender que algunos de los docentes que se animaron a volver a presentar el trámite bajo la resolución vigente (10787 de 2019) el resultado fue el mismo: la negación.
“No cambió absolutamente nada”, recalca el abogado Ruiz, “lo que hicieron fue suprimir algunos vacíos que tenía la resolución del año 2017, incluyendo entre estas la nefasta redacción que se tuvo con el artículo 24, que habla de una supuesta transitoriedad, la cual nunca existe”. Para Ruiz esta transitoriedad fue suprimida de la resolución actual.
Otros detalles sobre la situación de sus representados, tras casi tres años de desgaste emocional y económico y el curso que lleva la demanda colectiva interpuesta ante el Consejo de Estado, traen además una novedad: la evidencia de unas irregularidades cometidas presuntamente por funcionarios del Ministerio de Educación, resultado de una investigación adelantada por esta firma de abogados, seguimiento que presentará en su debido momento y derivará en una denuncia ante las autoridades pertinentes, como lo expresa el abogado Ruiz Salamanca.
En el siguiente video pueden ver en su totalidad las declaraciones del abogado, con otros comentarios y recomendaciones a personas que se encuentran por adelantar el proceso.
En el podcast de Radiodistractor también encuentran el audio de la entrevista.
Dadas estas circunstancias queda como tarea solicitar las explicaciones debidas al Ministerio de Educación para que aclare el panorama de las convalidaciones de títulos obtenidos en el exterior. Son miles de profesionales que, ante el enorme costo de la formación postgradual en el país, buscan una oportunidad académica en el exterior, y ahora se encuentran inmersos en un galimatías jurídico que no encuentra una fácil respuesta ¿Se puede llegar a una concertación para solucionar los casos pendientes? ¿Hay maneras de superar los escollos relacionados con las modalidades virtuales en diversas áreas? ¿La solución es volver a formarse en el país pagando los altos costos? ¿Dónde queda la labor de vigilancia de la entidad pública si se han ofrecido -y aún se ofrecen- formaciones postgraduales en el exterior que no cumplen con los requerimientos del MEN? El trámite no es gratis, así que no se trata de un simple favor. Es un servicio que brindan a la ciudadanía, el cual debe funcionar con transparencia y equidad para todos aquellos que anhelan aportar con su conocimiento al desarrollo del país.
@juanchoparada