Tras el escándalo del contrato entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) y el consorcio Centros Poblados, que tenía como propósito proveer del servicio de internet a más de siete mil puntos en comunidades apartadas del territorio nacional, varias son las lecciones que deja el penoso episodio que tiene contra las cuerdas a la ministra Karen Abudinen, encargada de la cartera y que abandonó el cargo por este motivo. Además de mantener un ‘toma y dame’ jurídico entre el consorcio y el Estado – como suele pasar- dejando en el limbo a los beneficiarios de un proyecto plagado de buenas intenciones pero pésimamente vigilado en su proceso de selección y contratación.
La transparencia que se ufana de proclamar la contratación estatal siempre ha sido un vidrio opaco, el cual oculta intereses, amiguismos, promesas de campañas y acuerdos bajo la mesa, así que eso no es sorpresa. Aunque reventáramos de indignación esa historia no va a cambiar, porque está inscrita con fuego en nuestro ADN cultural la idea que el servicio público es para obtener todo el beneficio personal que podamos, incluyendo apropiarse de los recursos provenientes de nuestros bolsillos. El asunto en el que quiero reflexionar es sobre lo difícil que se ha convertido mantener una visión constante para lograr una verdadera transformación, en este caso, la superación de la brecha digital.
Para hablar de las políticas públicas encaminadas a impulsar la inclusión digital en nuestro país hay que remontarse a finales del milenio pasado, cuando surgió la necesidad de integrar una política de telefonía social, orientada a solucionar el acceso universal de este servicio en zonas rurales. Estrategia que se sustentó en el Plan Nacional de Servicio Universal 1999-2009, el cual contempla en el cumplimiento de ese gran objetivo, junto con la vinculación del sector privado en el financiamiento y operación de los proyectos.
Con el respaldo del documento CONPES 3032 DE 1999 se dio origen a lo que se conoció como el Programa Compartel (inicialmente de Telefonía Social) que entre 1999 y el año 2000 tenía la misión de asignar 6.745 puntos de telefonía rural comunitaria focalizadas en localidades dispersas del territorio nacional, como explica este documento de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones
En el 2007 el Departamento Nacional de Planeación hizo una evaluación de impacto de la estrategia, en la que recomendaba encontrar una alternativa al creciente rezago tecnológico, uno de los factores que dificultaban la sostenibilidad del programa, sin contar con la amplia competencia generada por el ‘boom’ de los cafés internet y las características geográficas, económicas o sociales de las comunidades más apartadas que contaron con el servicio, aunque no siempre como esperaban.
En el 2009, conocí el programa Compartel, ejecutado para una parte del país por la unión temporal Merani-BT. Con la Fundación de Pedagogía Conceptual Alberto Merani tuve la oportunidad de conocer el entramado del funcionamiento de un Telecentro, porque entre mis responsabilidades estaba el diseñar y desarrollar cursos presenciales y virtuales, tanto de alfabetización digital como para impartir a las comunidades, además de crear herramientas pedagógicas que fueran útiles para los gestores de los Telecentros, personas encargadas de dinamizar cada lugar proponiendo la agenda de formación y las actividades de encuentro con la comunidad.
Esa experiencia me llevó a viajar por municipios que jamás hubiera llegado a conocer, especialmente por la Costa Atlántica: Santiago de Tolú, Sahagún, Riohacha, entre muchos otros, con sus realidades y expectativas de aprender desde cómo encender un computador hasta comunicarse por Skype con una persona en otro país. En esa época, el internet fijo abrió el panorama para un mar de conocimiento que, supongo, muchas de esas personas supieron aprovechar. Hicimos talleres hasta de creación de radio comunitaria, lo que mostró la implicación a la que llegamos con la perspectiva dada por la unión temporal. Posteriormente, con la popularización de Facebook, creamos una gran comunidad de beneficiarios con la que pusimos a volar la imaginación de la gente para crear productos digitales de diversa índole. Espero los hayan conservado. Toda esa experiencia quedó consignada en la publicación Más Allá del Acceso, de la cual fui autor. Esos dos años me mostraron las enormes desigualdades que nos gobiernan, y al mismo tiempo, el empeño de cientos de colombianos que sí le apuestan a transformar sus vidas por medio de herramientas digitales.
Después de más de 20 años de implementación de estas políticas ¿vamos en el camino correcto? En el reporte de Índice de Brecha Digital en Colombia, que dio a conocer el MINTIC en abril de este año, se observa que, si bien hay progresos, aún persisten serias dificultades en regiones históricamente afectadas por el rezago tecnológico. Para que se hagan una idea, uno de los factores que el reporte analiza como es la conexión por hogares arrojó que en Bogotá cerca del 80% de hogares cuenta con una conexión a internet, mientras que en departamentos como Norte de Santander, Bolívar, Huila o Boyacá las conexiones no superan el 40% y ese porcentaje aún es más bajo en departamentos como Cauca, Chocó, Arauca, Guaviare o Amazonas.
Similar comportamiento se observa en cuanto al porcentaje de población cubierta por redes móviles y la velocidad promedio de acceso a internet fijo, que en los departamentos mencionados más afectados es igual o menor a 7 mega bites por segundo. Ahora, la Encuesta Nacional de Calidad de Vida DANE del 2018 revelaba que el porcentaje de personas que accede a internet en centros de acceso público gratuito apenas supera el 15% en departamentos como San Andrés y decrece hasta el 3% o el 2% en los mismos territorios que más lo necesitan En esa medida ¿están las condiciones dadas hoy en día para que las comunidades más retiradas de nuestra geografía tengan la oportunidad de crecer gracias al apoyo que brindan las nuevas tecnologías? ¿Cómo incentivar la participación de las mismas para que estos esfuerzos no se diluyan?
Finalmente, un aspecto primordial de la estrategia del que menos se comenta es el de la apropiación. No es suficiente con volver al mismo punto de partida en cada gobierno con el discurso de la universalización del acceso si los directos beneficiados no cuentan con las capacidades necesarias para sacarles el mayor provecho. Dotar de internet o computadores es una parte de la tarea, pero si la función derivada de su presencia no se cumple cabalmente, entonces perfectamente sirven para acumular polvo o servir temporalmente para buscar pornografía. Ojalá que lo que fue en su momento Vive Digital, el programa posterior a Compartel, y ahora el programa actual de este gobierno mantengan presente el desafío. Pero se dejan sobrepasar por la vanidad de la cantidad de accesorios que entregan o los números improbables de personas impactadas, expresión que enloquece a los operativos. Ahora deben sumarle los actos de presunta corrupción, por lo que el verdadero alcance de esta labor parece lejano. Tuvo que ocurrir una pandemia para demostrarnos lo lejos que estamos aún de acortar la brecha digital y la absurda maledicencia de algunos funcionarios y contratistas para jugar con el mentado progreso de la sociedad. ¿Cuándo se completará la tarea? Ese reto aún está por verse.
@juanchoparada