De forma inédita y sorpresiva, el Tribunal Supremo de Kenia declaró como inválida y nula la elección presidencial del pasado 8 de agosto. El presidente actual, Uhuru Kenyatta, quien se encuentra en el poder desde 2013, buscaba una reelección y se enfrentaba al opositor Raila Odinga por cuarta vez candidato. Al parecer, ya había dado por descontando la victoria del actual mandatario. Pocos por no decir nadie, esperaban una revisión que tuviera ese efecto. Kenyatta había obtenido una victoria con el 54% de los votos, contra el 44% acumulado por su rival.
Es la primera vez que, en ese continente, una corte anula una decisión de semejante amplitud. El presidente Uhuru Kenyatta aceptó el dictamen, aunque visiblemente afectado y con el sentimiento de humillación, sobre todo, si se tiene en cuenta que la mayoría de sus colegas en la zona, está acostumbrado a un trato mucho más condescendiente por parte del poder judicial. En 2014, Kenyatta le había ganado una batalla jurídica a la Corte Penal Internacional, en un hecho, que además, dejó debilitada a la CPI, al recibir un apoyo total de sus pares en la región. El presidente acusó a la Corte de trasgredir la soberanía de los Estados africanos, denuncia que tuvo eco efectivo.
Volviendo a las elecciones recientes, llama la atención que tanto la Unión Africana como la Unión Europea enviaron misiones de observación, en cuyos informes no mencionaban la posibilidad de fraude ni de irregularidades. La Comisión Electoral keniata descartó la denuncia hecha por el opositor Odinga tan pronto conoció los resultados. Esas posturas le dieron, al menos en un principio, un viso de legalidad y legitimidad a las elecciones.
El 18 de agosto, la coalición nacional opositora, Súper Alianza Nacional, había decidido acudir a la máxima instancia judicial para apelar el resultado final de la elección, sin muchas esperanzas de que tal recurso prosperara. El 1ero de septiembre, un día histórico de ahora en adelante en la historia keniata, la justicia decidió anular el resultado de los comicios contra todo pronóstico. Con ello, el país se sumerge en la incertidumbre, pues aún se desconoce en detalle las irregularidades que motivaron la decisión, o el calendario electoral, pues la jornada electoral debe llevarse a cabo de nuevo.
En el fondo de la disputa entre Kenyatta y Odinga reposa en una división histórica entre el grupo tribal kikuyu del actual presidente y luo del opositor. La violencia entre estos grupos dejó más de mil muertos y medio millón de desplazados en 2007, tras el resultado de unas elecciones contestadas por la oposición. Por ende, y con un antecedente de ese tipo, los temores por el resurgimiento de la violencia parecen fundados.
No obstante, y como un hecho que revela el fundamento de la democracia keniata, el poder judicial y electoral puede convertirse en un actor clave para que dentro del marco constitucional y en nuevas elecciones se ponga fin a la crisis. Un antecedente prometedor que puede cambiar un patrón histórico de violencia en el África Subsahariana.
@mauricio181212