La alerta reciente sobre la situación crítica de casi 380 mil niños de la etnia rohingya, que huyeron de la represión en Birmania buscando refugio en Bangladesh, puso al descubierto una dramática situación desde hace décadas, y resume un complejo desafío para la construcción de la democracia y la defensa de los derechos de minorías y migrantes.
Los rohingya han sufrido la apatridia desde 1982, con una ley aprobada por los militares. Las autoridades han sostenido desde ese tiempo, que la llegada de los rohingya, procedentes de Bangladesh, sucedió de forma clandestina al tiempo que la colonización británica en el siglo XIX. Apoyándose en dicha circunstancia, los gobiernos militares y ahora civiles, se han negado a reconocer al grupo dentro de las razas o etnias nacionales. El 92% de la población birmana es budista y el millón de musulmanes rohingya, ha sentido el peso de una violenta discriminación, sin que las autoridades surgidas de la transición a la democracia, quieran o puedan detenerla.
En 2012, cuando asomaba la posibilidad de democratización, estalló una violencia entre comunidades en el estado de Arakán el norte del país. Las autoridades birmanas junto con grupos de budistas de la zona, se encargaron de asesinar al menos 200 musulmanes. En los años posteriores, una campaña sistemática que contaba con la venia del Estado, fue puesta en marcha para reducir a los miembros de esta etnia. Como lo reconoció la Unión Europea, el grupo musulmán ha sido sometido a “formas modernas de esclavitud”. En respuesta en 2013, surgió el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán, que solo empeoró la situación, pues le dio el argumento perfecto al Estado birmano para continuar la represión.
Este año, dicho grupo asesinó a más de 20 policías, lo que produjo una severa reacción del Estado central, que suspendió las actividades humanitarias en curso, generando una crisis de proporciones incontrolables. Cientos de miles de rohingyas han huido a Bangladesh, donde viven en campos de refugiados y en la irregularidad. A los 400 mil que ya habitaban allí en condiciones deplorables, se suman los 380 mil niños, con signos de desnutrición, sin acudientes, y que enfrentan la posibilidad de caer en manos de redes de trata de personas.
La presión internacional no se ha hecho esperar, y el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha exigido medidas al gobierno birmano, para detener lo que parecería una limpieza étnica. No obstante, la Republica Popular China se ha mostrado reticente a cualquier presión exterior a Birmania, de quien es socio estratégico. El silencio de la nobel de paz Aung San Suu Kyi quien se desempeña como Consejera de Estado (primera ministra), ha sido duramente reprobado en el exterior, pues se asume que por miedo al apoyo popular de la mayoría budista birmana, no asuma una postura más crítica. Todo evidencia la dificultad que enfrenta el mundo para gestionar las migraciones, tendencia que pone de relieve la existencia de formas deplorables y modernas de esclavitud.
@mauricio181212