Todo parece indicar en Ecuador que se derrumba uno de los procesos más determinantes en contra de Rafael Correa por el intento de secuestro del político opositor Fernando Balda. Las revelaciones de Raúl Chicaiza, exagente del Servicio Nacional de Inteligencia (SENAIN), desnudan un entramado jurídico lleno de vicios, sin sustento y dejando en evidencia al propio mandatario en ejercicio, Lenín Moreno. En agosto de 2012, en Colombia, donde se encontraba refugiado, Fernando Balda habría intentado ser raptado por agentes ecuatorianos, pero el intento fue frustrado por la policía colombiana. Luego fue deportado y acusado por el delito de injuria por lo que pagó una corta pena. En 2014 fue liberado, pero su historia fue importante en 2017 una vez Lenín Moreno tomó posesión. La fiscalía, en cabeza de Paul Pérez Reina, decidió reabrir el caso por el intento de secuestro considerando que se habrían utilizado dineros del erario para una operación ilegal. El testimonio de Chicaiza apuntaba a que el propio Correa habría dado la orden de retener a Balda por lo que el caso fue considerado como un testimonio de las formas en que el entonces gobierno perseguía a sus contradictores políticos.

Correa siempre alegó que se trataba de una movida política y el curso reciente de los hechos parece confirmar su versión. El exigente Chicaiza, quien se desplazó hacia Argentina solicitando asilo político, acaba de revelar que fue presionado para testificar en contra de Correa y que Fernando Balda, quien aparecía como víctima, era en realidad una figura cercana a Lenín Moreno. Chacaiza ha reconocido que fue presionado para acusar al hoy expresidente y así obtener una rebaja en la condena, denunció que ha sido víctima de tres atentados desde que quedó en libertad en 2019 y solo obtuvo protección por el alcance mediático de su caso. Igualmente, ha descrito con debido detalle las reuniones clandestinas entre Balda y Moreno para concretar el proceso contra Correa.

No es la primera vez que una acusación contra Correa se agrieta por contradicciones protuberantes. En los señalamientos por recibir fondos indebidos ha ocurrido algo similar con testimonios y pruebas recolectadas apresuradamente, como un recibo por 6 mil dólares que sería prueba de soborno (una cantidad que parece irrisoria tomando en cuenta las dimensiones de este tipo de coimas a jefes de Estado), un cuaderno escrito en el transcurso de un vuelo con todos los detalles de las transacciones diez años atrás, y una celeridad inédita en la justicia y fiscalía para tomar decisiones en su contra. Como si fuera poco, se suma la decisión reciente del Consejo Nacional Electoral de suspender el partido Fuerza Compromiso Social afín a Correa, que luego fue revocada por un juez que consideró que se estaban violando derechos políticos.

Nada asegura el retorno a la política de Rafael Correa, hoy candidato a vicepresidente de Andrés Arauz, una de las caras más jóvenes del correísmo. Sin embargo, poco a poco se van desmontando los procesos en su contra revelando una constante de la política latinoamericana en el último tiempo: la utilización indebida de la justicia para lograr en los tribunales lo que parece imposible en las urnas.

@mauricio181212