Desde la caída de Alberto Fujimori, Perú no había tenido un escenario de tanta volatilidad, aunque con la enorme diferencia que para la época en que este salió abruptamente existía una consciencia nacional respecto a la necesidad de retomar el rumbo democrático, luego de una década de marcado autoritarismo y cuya nostalgia no parece haber desaparecido del todo. Perú se preparó, desde ese entonces, para un proceso complejo de reconciliación y reconstrucción a la cabeza del gobierno interno de Valentin Paniagua, quien tuvo a su cargo dos hitos de la mayor relevancia en el último tiempo: la convocatoria de las primeras elecciones limpias post fujimorismo y el establecimiento de una Comisión de la Verdad, después de años de sangrientos enfrentamientos entre el Estado y las guerrillas, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Más de 69 mil personas murieron en el conflicto que tuvo episodios durante la era fujimorista, tan recordados como la retoma de la residencia del embajador japonés luego de cuatro meses de secuestro por parte del MRTA y que derivó en la ejecución de todos los guerrilleros a pesar de su rendición, o la captura de Abimael Guzmán y su puesta en escena en una jaula con un vestido a rayas. Aunque dichos actos dispararon la popularidad de Fujimori, el país pagó un alto costo en materia de derechos humanos y democracia.

No debe pasar desapercibido que el gobierno Fujimori llegó a su fin no por las flagrantes violaciones a los derechos humanos, sino por los escándalos de corrupción que dejaron al descubierto una red de sobornos a políticos claves en el Congreso, que recibían grandes cantidades de dinero a cambio del apoyo para el ejecutivo. El encargado de la entrega de estas coimas era Vladimiro Montesinos, cabeza del servicio de inteligencia y encargado de tales maniobras «políticas» y de las campañas de desprestigio a políticos, periodistas y líderes de la oposición. Para garantizar la lealtad de los congresistas, Montesinos registraba en vídeos la entrega de dineros con el fin de que una vez consumado el soborno, los parlamentarios quedasen atados y obligados a contribuir. No obstante, en septiembre de 2000, una de las cintas llegó a manos de los medios de comunicación y, conocidas las imágenes de los «vladivideos» -como se conoció el escándalo a partir de ese momento-, resultó inviable para Fujimori seguir gobernando. Aprovechando una cumbre de la APEC en la que participaba en Singapur, el entonces mandatario renunció y se asiló en Japón, país que le otorgaba protección pues gozaba de dicha nacionalidad.

En el catastrófico 2020, no causa extrañeza que Perú se polarice, proteste y exija cambios fundamentales ante las revelaciones de los últimos años sobre la participación de políticos en la corrupción aceitada en toda la región por la gigante brasileña Odebrecht. El proceso no solo tiene en la cárcel a la mayoría de expresidentes vivos, sino que la politización ha llegado a tales niveles que el año pasado, en medio de un debate sobre la eventual extralimitación de funciones de la Fiscalía, Alan García, quien fuera promesa de la política peruana a mediados de los 80 cuando recién se estrenaba la democracia, terminó con su vida antes de ser enviado a prisión. Desde el establecimiento democrático a comienzos de los 80, la corrupción parece el común denominador, y coincide paradójicamente con un sistema capaz de ponerla en evidencia, lo que demuestra una capacidad de gestión para la transparencia notable.

El marco jurídico vigente sigue siendo resultado del autogolpe fujimorista de abril de 1992, cuando luego de cerrar el Congreso se procedió a una refundación constitucional. Los roles otorgados al legislativo, y que parecen convertirlo en un semipresidencialismo, no han sido suficientes para acabar con las crisis y la corrupción parece carcomer la democracia. Al igual que en otros escenarios de América Latina, un Congreso extralimitado procedió a la destitución de Martín Vizcarra, obstáculo para controlar el Tribunal Constitucional, clave en las investigaciones por corrupción y lavados de activos, y reducir las atribuciones de la Superintendencia que vigila la educación superior. La lección es clara: este tipo de funciones otorgadas al Congreso para llegar a un semipresidencialismo demuestran que, en el diseño de los sistemas políticos, no reside la fórmula para que la democracia prospere y el régimen se estabilice. Perú se encuentra hoy en el peor de los mundos, con el vacío de poder prolongado típico de los parlamentarismos y la rigidez de los presidencialismos, donde los mecanismos de gestión de crisis parecen obsoletos y solo la calle puede gestar los cambios estructurales.  

@mauricio181212