La polémica que suscitó la reciente convocatoria a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores revela la manera errática en que la actual administración ha manejado la proyección internacional, alejándose de tradiciones sostenidas durante presidencias de colores ideológicos distintos. En efecto, parece natural y consecuente que ningún expresidente haya asistido a la cita convocada forzadamente cuando las voces que reclaman por correcciones en la diplomacia han sido desoídas sin justificación.

La Comisión fue creada por mandato de la Constitución de 1991, que en su artículo 225 la define como cuerpo consultivo del jefe de Estado y recuerda, en el artículo 227, la necesidad de priorizar las relaciones con los países de América Latina y del Caribe. Dos años más tarde, la ley 68 de 1993 estableció que harían parte de la Comisión los presidentes elegidos por voto popular y, desde entonces, ha sido vital para darle a nuestra diplomacia un sentido histórico, para mantener coherencia y para que no se modifiquen valores que representan el interés de la nación y no de un gobierno en particular. Dicho de otro modo, se trata de un órgano consultivo para que el país tenga una política exterior de Estado.

Por primera vez, en más de dos años, el gobierno de Iván Duque acaba de convocarla, pero ninguno de los exmandatarios asistió mostrando la poca legitimidad del actual Gobierno en su política exterior, expresada en la poca convocatoria de la que goza tanto interna como regionalmente. De manera inexplicable, y a pesar de los retos en materia internacional, la administración Duque se había negado a convocarla a pesar del pedido expreso de Ernesto Samper y solo lo hizo en esta ocasión por una demanda interpuesta por Iván Cepeda y Antonio Sanguino ante el Consejo de Estado.

Se trata de los pocos congresistas que le han hecho control político a la desastrosa estrategia internacional del Gobierno que acudió al cuerpo consultivo no por convicción, sino por acatar un fallo judicial. Por ende, no causa extrañeza que ninguno de los expresidentes hubiese acudido a la cita, relevando lo que ha sido la constante del gobierno Duque en política exterior: la simplificación de la diplomacia al reducirla a un instrumento para el manejo de controversias internas y la promoción de valores partidistas. En el gobierno de Álvaro Uribe se quebró la tradición de no injerencia cuando se atacó el territorio ecuatoriano, justificándose en la guerra contra el terrorismo apelando a la retórica belicista, incompatible con la tradición diplomática que no solo ha imperado en Colombia sino en toda la región. Como nunca el país se aisló y ni siquiera Estados Unidos o el resto de gobiernos conservadores de la época lo respaldaron.   

En estos dos años, Colombia ha maltratado de forma sistemática e inédita a Cuba (con quien se mantuvo una relación privilegiada, incluso en los 8 años de Uribe), aliada de la paz histórica. Ha retrocedido en el proceso de regionalización denunciando el Tratado de Unasur, congelado su participación en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y propuesto en medio de urgencias y afanes Prosur, un foro cuyo mandato, alcance y visión, son cada vez más opacos. Esto no es de extrañar cuando se ha tenido entre los aliados del gobierno interino y abiertamente autoritario de Bolivia (finalmente derrotado en las urnas) a Ecuador, Chile y Brasil, cuyos actuales mandatarios sienten un marcado desinterés por la zona y están centrados en sus problemas internos. Por eso, en esta coyuntura se debe advertir que el maltrato a la Comisión de Relaciones Exteriores es grave pues refleja una vez más la forma en que el Centro Democrático se tomó la política exterior y ha equiparado peligrosamente los intereses del país con las ambiciones cortoplacistas del partido. 

@mauricio181212