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Los acontecimientos violentos ocurridos a las afueras del Congreso de Estados Unidos fueron el punto de inflexión y la confirmación del talante antidemocrático de Donald Trump. Desde que fuera candidato a la Casa Blanca mantenía un discurso anti establecimiento que afectaba tanto a los demócratas como a republicanos, medios de comunicación, y a la justicia en general. Sin embargo, era difícil prever una acción que de forma directa atacara la democracia en ese país. En noviembre del año pasado, en medio de la elección presidencial, el partido republicano enfrentó el dilema de cómo reaccionar frente a las insólitas acusaciones del presidente en contra del sistema electoral y de la evocación permanente de un posible fraude por la vía del voto por correo. Los más de 60 recursos legales para impedir la elección de Joe Biden no bastaron para que Trump reconociera su derrota y, como punto de llegada de una serie de provocaciones inéditas al establecimiento, convocó a sus simpatizantes cuando el Congreso se disponía a ratificar el resultado de dichas elecciones.

Por iniciativa de Nancy Pelosy, presidenta de la Cámara de Representantes, los demócratas iniciaron el proceso de juicio político con miras a su destitución por incitación a la violencia. Al mismo tiempo, le han exigido a los miembros del gobierno Trump invocar la enmienda 25 para que se destituya al presidente, una opción que todavía no genera consensos y parece descartada dentro del gabinete, enfrentado el dilema de hasta cuándo acompañar al único presidente en la historia que enfrentaría dos intentos por activar el juicio político. Con este panorama se prevé que el miércoles 13 de enero la Cámara apruebe el mecanismo que luego deberá ser votado en el Senado. De acuerdo con Politico.com, en la cámara alta existiría el número suficiente de votos para el juicio político, por lo que sería juzgado de forma inmediata y las sesiones no estaría presididas por Mike Pence, como ocurre habitualmente, sino por el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Y, en este punto, la situación se tornaría crítica para los republicanos, pues se necesitan dos terceras partes para aprobar su destitución en un Senado donde hasta el 20 de enero tendrán mayoría. Previendo semejante dilema, varios políticos republicanos han multiplicado sus llamados a Donald Trump para que presente su renuncia, lo cual es poco probable y significa la tarea complejísima para los congresistas conservadores de sentar un precedente de defensa del Estado de derecho que, aunque traduce un revés mayor para el partido en el corto plazo, significaría en el largo una muestra de grandeza no solo par parte del republicanismo, sino que reivindicaría la democracia estadounidense que saldría fortalecida luego de cuatro años de amenazas constantes.

La situación más que dramática resulta doblemente paradójica. La enmienda 25 surgió tras el asesinato de Jhon F. Kennedy para evitar un vacío de poder, pero su evocación constante luego del intento de asalto al Congreso evidencia un uso contrario, no se trata de prevenir dicho vacío sino de neutralizar una deriva autoritaria por la extralimitación de funciones por parte del presidente. Y se repite esta vez en Estados Unidos una problemática más frecuente en América Latina y reveladora sobre la profundidad de las democracias.

Aquéllas no son robustas por el hecho de que no enfrenten periodos de crisis, convulsión e inestabilidad, sino porque surgidos esos escenarios e, incluso, ante la aparición de una amenaza inminente contra el Estado de derecho, prevalece la independencia de poderes. Una lección para quienes aseguran prematuramente una decadencia irremediable de la democracia en Estados Unidos, cuando más bien podríamos asistir a la confirmación genuina de dicha vocación puesta en entredicho en los últimos años.

@mauricio181212

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Profesor de Estudios de América y Latina y el Caribe e Introducción a las Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario. Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Toulouse I.

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