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Están a punto de finalizar las audiencias orales convocadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso que enfrenta a Colombia y Nicaragua por una demanda interpuesta en nuestra contra por la supuesta violación de derechos soberanos. A su vez, el gobierno colombiano ha contraatacado con una serie de demandas reconvenciones que apuntan a violaciones por parte del Estado nicaragüense a derechos fundamentales de pescadores y raizales. Mientras eso ocurre, se debate y especula acerca de lo que puede decidir la Corte y la manera en nos pueda afectar.
Nada más lejano de la realidad que la presunción que apunta a que el destino del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se juega en la Tribunal de La Haya o CIJ. Aquello se viene jugando desde hace décadas en los diferentes gobiernos colombianos, incapaces de ejercer una soberanía plena no de cara a un litigio con Nicaragua sino a los sanandresanos. El fallo de 2012 desató una tormenta política y significó al adjudicación de 73 km2 al vecino, pero no ha hecho tanto daño como el centralismo con el que se han administrado las fronteras en Colombia y algunas zonas que desde Bogotá se ven como “territorios apartados o periféricos”. El archipiélago parece guardar relevancia por las pretensiones de Managua, pero no por los reclamos legítimos de la población sanandresana incluidos, raizales y pescadores.
Desde finales de los 80, el país emprendió el reto de la descentralización que ha asumido como la sola transferencia de competencia del nivel nacional a los departamentos y municipios. Este proceso que es en realidad una nueva forma de cultura política no ha implicado una negociación constante para la toma de decisiones con los departamentos. Por primera vez en 20 años de litigio con Nicaragua, el Estado decidió apelar a un líder raizal, Kent Francis James para apoyar la defensa sobre la soberanía e insistir en las violaciones a sus derechos por parte de Nicaragua. No parece haber explicación lógica para que este involucramiento no hubiese sucedido antes, salvo la idiosincracia con la que se maneja la política exterior de espaldas a los gobiernos departamentales, locales y líderes de territorios fronterizos.
De nuevo, en un gesto demagogo desde el Centro Democrático -nada más y nada menos que el partido de gobierno- se vuelve a contemplar la idea de no aplicar el fallo e incluso de convocar a una consulta popular sobre su aplicación que evidentemente sería rechazada por los colombianos. Tal propuesta esconde que precisamente raizales y pescadores asumirían las consecuencia de una tensión permanente con Nicaragua sometidos a las constantes hostigamientos por un vecino al que nos negamos a ver como par e históricamente hemos presumido desde la superioridad.
Es cierto que Colombia puede ser sancionada en esta demanda, pero no existe la posibilidad de que se pierda más territorio. Dicho de otro modo, no habrá ninguna decisión comparable a la de 2012. En la otra demanda interpuesta por Nicaragua en 2013, existe la posibilidad remota de que la CIJ considere que se puede contemplar la delimitación de la plataforma continental extendida, tal como ese país lo reclama. Sin embargo, es poco probable, pues ya el tribunal desestimó ese pedido en 2012. Incluso de llegar a la Comisión de Límites Marítimos de Naciones Unidas, el proceso tomaría tiempo y no sería vinculante.
Más allá del proceso, Colombia debe entender que no se trata de un tema jurídico o cuya relevancia se explique por decisiones de la CIJ, sino del ejercicio de soberanía integral por parte del Estado. Extraña ver el poco interés de este gobierno en generar amplios consensos en la materia al despreciar a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y por manejar la relación con varios de nuestros vecinos como una extensión de los dogmas ideológicos del Centro Democrático. El costo de no tener interlocución con Cuba, Nicaragua, o Venezuela es cada vez más alto. Y para el caso de las fronteras, donde la trasnacionalidad es simplemente inevitable, el país se aisla peligrosamente. Generalmente el costo de ese encierro lo pagan los territorios de frontera que no son tenidos en cuenta cuando se agitan las banderas del nacionalismo.
twitter: @mauricio181212
En el artículo de Wikipedia había un par de alusiones al modelo de “Estado Libre Asociado”, que no sé si alguien en el archipiélago comparte. Una de ellas hace referencia a Andorra, que, en realidad no es un ELA, sino un estado completamente independiente (en la medida en que un microestado puede serlo).
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Creo Jose que pretenden que el Estado colombiano cumpla con sus deberes constitucionales. Ahora bien, es difícil hablar en nombre de los isleños que históricamente han sido ignorados cuando se ha tratado de enfrentar el litigio. Ese es precisamente el punto de esta entrada, que más allá de que quererse independizar, cosa que dudo, pretenden simplemente que sus derechos sean respetados. Gracias Jose por sus preguntas que son relevantes como complejas.
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¿Qué quieren ellos? ¿No les resulta mucho más atractiva Colombia que Nicaragua? (Al fin y al cabo, un país más grande, más fuerte, mejor organizado e históricamente más exitoso? ¿Y convertirse en un microestado caribeño más, anglofono y centrado en el turismo y las finanzas extraterritorales?
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