Honduras, uno de los países más golpeados del mundo por la violencia, la corrupción y el narcotráfico acaba de votar a la izquierda por quien será la primera presidenta de su historia, Xiomara Castro. ¿Qué razones explican este giro al progresismo? Su historia reposa en los doce años en los que administraciones del derechista Partido Nacionalista legitimaron el golpe de Estado de 2009 y sus posteriores ataques al Estado de derecho que pasaron desapercibidos en la región.

En julio de 2009, América Latina vio con sorpresa la forma en que, por orden militar, el entonces presidente hondureño Manuel Zelaya fue ubicado en un avión en medio de la noche con destino a Costa Rica. Aquello selló un golpe de Estado fuertemente criticado en toda la región, pero justificado en una consulta popular que el mandatario pretendía para reformar la Constitución cuyo contenido impedía de forma explícita cualquier reforma que introdujera la reelección (artículo 239).  Días antes de proceder a dicho plebiscito denominado “cuarta urna” (tras elecciones presidenciales, legislativas y regionales) el Congreso determinó que se trataba de un mecanismo que violaba la ley. No obstante, Zelaya, desconociendo dicho pronunciamiento y cumpliendo con los requisitos formales para reformar la carta magna, siguió adelante; por lo que los militares, siguiendo las ordenes del Congreso, procedieron a sacarlo del país.

El golpe fue condenado al unísono por los Estados de la zona, a pesar de que, para ese entonces, asomaban algunas de las disputas geopolíticas que ideológicamente han fraccionado al continente. Zelaya era cercano al mandatario venezolano Hugo Chávez y al igual que el recién reelegido Daniel Ortega (2007) afianzaban el proyecto de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en Centroamérica.

En ese momento, estaba en auge la diplomacia venezolana apoyada en la renta petrolera y esquemas como Petrocaribe le permitían una notable influencia en la zona caribeña y centroamericana. Varios gobiernos conservadores apoyaron en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) aplicar a Honduras la Carta Democrática Interamericana, que suspende los derechos políticos de cualquier miembro en donde ocurra una interrupción del orden constitucional. Incluso Estados Unidos, quien generalmente tiende a no apoyar este tipo de sanciones cuando se trata de acciones contra gobiernos de izquierda, se sumó sin ambigüedades a las sanciones sobre el gobierno golpista. Este quedó en manos de Roberto Michelleti, nombrado por el Congreso pero seriamente cuestionado interna e internacionalmente.

A finales de 2009, se terminaron celebrando elecciones y se impuso Porfirio Lobo, del derechista Partido Nacional.  Sin embargo, desde el exilio en Brasil, Zelaya seguía reivindicándose como presidente legítimo. Finalmente, en 2011 y luego de un pacto político entre Lobo y Zelaya, se le otorgó un salvoconducto a este último para que pudiera retornar al país y fundara el Partido Libertad y Refundación, que acaba de ganar las elecciones.

En los comicios de 2013 se impuso Juan Orlando Hernández quien dio continuidad al mandato de Lobo mientras Zelaya se consolidó como cabeza de la oposición. Paradójicamente, en 2015 se aprobó la relección, cambiando la constitución. Y en la elección subsiguiente, en 2017, -cuando resultó relegido Hernández- la oposición denunció un fraude. El segundo mandato del actual presidente ha estado marcado por el inconformismo, las advertencias sobre prácticas autoritarias e incluso señalamientos de participar del narcotráfico. Este año, un fiscal de Nueva York aseguró que Hernández habría protegido al narco Geovanny Fuentes para el envío de cocaína a Estados Unidos. Jacob Gutwillig, el fiscal en cuestión, fue enfático al declarar a Honduras como un «narcoestado», afirmación que desnuda la gravedad de la situación de este país centroamericano, uno de los más inseguros del mundo.

Por eso no sorprende la victoria de Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación fundado por su esposo, Manuel Zelaya y cuya llegada, significa para varios hondureños una transición luego del golpe ocurrido en la década pasada, pero legitimado en los doce años posteriores.  Castro se convierte en la política más votada en la historia de Honduras desde el retorno de la democracia en 1982 y en la primera mujer presidenta; por eso las enormes expectativas que ha generado. El reto es complejo no solo por la inseguridad que ha convertido a algunas ciudades hondureñas en territorios de guerra, sino por la pobreza que debido a la pandemia llegó a la alarmante cifra del 70%. En medio de un clima de polarización, como ocurre en buena parte del continente, Castro deberá gobernar con una coalición de movimientos en el que sobresale el progresismo, pero deberá apelar a los grandes consensos para reactivar la economía y recuperar la confianza en las instituciones seriamente debilitadas. El retorno del progresismo es, a todas luces, la mejor opción para rescatar la alicaída democracia hondureña.

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