En septiembre de 2021, el presidente del partido de extrema derecha español VOX, Santiago Abascal, se reunió en la Ciudad de México con varios dirigentes del Partido de Acción Nacional (PAN), despertando una ola de rechazos dentro de los cuadros del movimiento mexicano como resultó el caso del expresidente Felipe Calderón. La idea del encuentro fue inaugurar la estrategia del partido español enmarcada dentro de la denominada Carta de Madrid en la cual se define al comunismo como una amenaza para la democracia en América Latina y el Caribe.
En dicho manifiesto se estipula que la región esta «secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico, […] todo bajo el paraguas del régimen cubano e iniciativas como el Foro de Sao Pablo y el Grupo de Puebla [..]». Desde el año pasado, apelando a la necesidad de defender el pluralismo en lo que Vox denomina la Iberosfera (espacio iberoamericano), se ha buscado un acercamiento con partidos de derecha en la zona, para contrarrestar el avance del progresismo al que considera contrario a los valores democráticos y vinculado al narcotráfico, aunque sin aportar ninguna prueba de esto último.
En su agenda ideológica, Vox se define como un partido de extrema derecha que defiende a España, a la familia y a la vida. En códigos políticos significa nacionalismo «puro y duro», conservatismo absoluto y un rechazo a lo que el partido define como «corrección política», es decir, a la defensa de los derechos de grupo y al lenguaje incluyente. Esto último supone la denuncia de cualquier liberalización en materia de derechos (eutanasia, aborto, derechos para parejas del mismo sexo, etc.) denostada como «ideología de género», una noción vacía que advierte sobre la supuesta promoción de la homosexualidad -como si aquello fuese posible-, y que no obstante, se ha convertido en estandarte de la derecha en varias partes de América Latina, incluida Colombia. En el plano europeo, Vox se opone a la Unión Europea, blanco frecuente de sus críticas como ocurre con buena parte de la extrema derecha europea que ve en el proyecto comunitario, una forma de perpetuar el Estado de bienestar que pretender eliminar, pues este debe reducirse a su mínima expresión.
En la visita a España de Gustavo Petro, recibido por algunas figuras de la izquierda española (Yolanda Díaz o Ada Colau), la respuesta de Vox no se ha hecho esperar. El partido derechista trinó de manera enfática que Petro representa los intereses del «narcoterrorismo» y cerró el categórico mensaje con la etiqueta #Petrocriminal. Vox pretende reaccionar a los mensajes de apoyo que ha recibido de la izquierda española en particular de Juan Carlos Monedero, académico y militante de Podemos, así como del independentista catalán Oriol Junqueras. De igual forma, la extrema derecha española no perdona la participación de Irene Montero ministra para la igualdad y parte de Podemos o del expresidente español miembro del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, en algunas de las reuniones del Grupo de Puebla, este último convertido por Vox en su némesis. Para deslegimitarlo, Vox ha recurrido a todo tipo de recursos retóricos de dudosa lógica argumentativa, poniendo a circular la idea de que existe una suerte de conspiración internacional jalonada por Puebla y el Foro de Sao Pablo para destruir la democracia en América Latina y que tendría a La Habana como centro de operaciones.
¿Es legítima la actividad de Vox en Argentina, Ecuador, México y Venezuela -como según el profesor mexicano, Elio Masferrer Kan la propia dirigencia de dicho partido reconoce-? ¿Son válidos los señalamientos contra Gustavo Petro lanzados por Vox? La respuesta conduce a advertir sobre los riesgos de estigmatizar a la izquierda por considerarla contraria a la democracia. Esto puede llevar (como, de hecho, ya ocurrió en América Latina en casos determinados durante las peores épocas de la Guerra Fría), a la proscripción de ciertas ideologías, movimientos o partidos, acción a todas luces contraria a pluralismo. La postura de Vox revive la justificación propia de la década de los 70, según la cual el combate al comunismo y marxismo llevó a la violación masiva de los derechos humanos. Los testimonios a lo largo y ancho de América Latina se multiplican. En Colombia aquella absurda retórica llevó al genocidio contra la Unión Patriótica.
Los partidos pueden llevar sus acciones al concierto regional e internacional, no hay nada de malo en ello. Sin embargo, cuando el propósito no es controvertir, sino difundir la eliminación de otros movimientos, e incluso la puesta de escena de señalamientos que en nada conllevan a un debate sino a la simple estigmatización, como ocurre con el caso de Gustavo Petro, resulta injustificable como nocivo para el pluralismo. No se trata de defender a Petro, sino a la democracia. Ningún partido de izquierda en América Latina propone vetos o la proscripción definitiva de los partidos de derecha en Europa o en el resto de la zona. Semejante propósito sería escandaloso y rechazado. Por ende, se debe advertir sobre los riesgos de un discurso que en el pasado demostró ser muy peligroso para las democracias latinoamericanas, especialmente en épocas de tanta polarización.
@mauricio181212