La violencia ha vuelto entre israelíes y palestinos trayendo a la memoria la violencia de mayo 2021. En ese entonces, Hamas se enfrentó a Israel, dejando un saldo inmensamente desfavorable para la población palestina en la Franja de Gaza, víctima ignorada de los rigores de la ocupación y de un bloqueo sistemático de acceso a derechos por parte de Tel Aviv.  Actualmente, se presentan choques en el distrito de Sheik Jarrah, en la parte norte de Jerusalén Oriental, donde decenas de familias palestinas que han habitado el lugar por más de 60 años, han sido amenazadas con la expulsión. El barrio ha sido habitado desde el siglo XIII por musulmanes en su mayoría, pero a partir de 2019, colonos israelíes empezaron a interponer acciones ante la justicia de su país, para la expulsión de palestinos y completar el control sobre la totalidad de la denominada Ciudad Santa, anhelo histórico israelí.

Desde la Guerra de los Seis Días en 1967, Israel ha ocupado Cisjordania y Jerusalén a la que en 1980 declaró unilateralmente como capital “eterna e indivisible”. Los pedidos de Naciones Unidas, la Unión Europea y varios Estados de la comunidad internacional para que cese la ocupación no se han detenido. Por el contrario, los proyectos de expansión de las colonias israelíes avanzan al compás de que se esfuman las esperanzas para la paz.

Como resulta apenas obvio, los cuatro años de Donald Trump favorecieron los despojos de colonos a expensas de palestinos y las campañas intimidatorias, violatorias y desproporcionadas de las Fuerzas de Defensa Israelíes. 2021 fue un año terrible para los palestinos en términos de víctimas provocadas por la ocupación. Solamente en Cisjordania 313 fueron asesinados, entre ellos 71 menores, de acuerdo con la organización B´Tselem. En ese territorio, así como en Jerusalén Oriental fueron demolidas 295 casas, el número más alto desde 2016. 865 palestinos perdieron su casa, entre ellos, 463 menores de edad. En Gaza, donde Israel acostumbra a bombardear zonas densamente pobladas, fueron asesinados 232 palestinos, casi una cuarta parte fueron niños.

Estas muertes en Gaza se dieron en el contexto de enfrentamientos por los desalojos de Sheik Jarrah. En mayo del año pasado, la orden de expulsión contra 12 familias derivó en protestas brutalmente reprimidas y luego prohibidas hasta que Hamas entró en la confrontación y Tel Aviv, con la usual excusa de la legítima defensa, bombardeó la Franja. Este año, la justicia israelí ha ordenado nuevas expulsiones apelando a las normas para legitimar lo que está proscrito por varias convenciones relativas a los derechos humanos: la demolición sistémica de hogares palestinos o su expulsión, todo con el fin de que Israel extienda su territorio a Cisjordania, zona que la comunidad internacional reconoce bajo ocupación.

En medio de la tensión, palestinos atacaron un asentamiento de colonos con cocteles Molotov, una manifestación de resistencia que se repite al carecer por completo de fuerzas para su defensa. Para agravar la situación, el diputado israelí de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, destacado por su vocación racista contra la población árabe, hizo presencia en el distrito para instalar su oficina y defender los derechos de la población israelí. El político estuvo acompañado por varios colonos que agitaban banderas del Estado que se reivindica como judío desde mediados de 2018, medida fuertemente rechazada por la comunidad internacional pues supone la erosión de derechos de comunidades no judías, y entre ellos, dos millones de árabes sometidos a constantes discriminaciones.

El distrito de Sheik Jarrah muestra la agudeza del conflicto y cómo el mundo pasó de buscar una salida negociada con dos Estados: Israel y Palestina, a tímidos intentos por detener la ocupación. Mientras tanto, en el mundo se multiplican las denominaciones al Estado israelí como apartheid ante la evidencia irrefutable de un sistema que discrimina sistemáticamente, con el aval de buena parte de las potencias que, selectivamente, deciden dónde vale la pena hablar de derechos humanos.   

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