Esta semana el New York Times dio a conocer un acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela. Funcionarios del departamento de Estado (Roger Castens, enviado especial para rehenes, Juan González director para las Américas del Consejo Nacional de Seguridad y Jimmy Story, embajador en Venezuela) viajaron a territorio venezolano a entrevistarse con autoridades del oficialismo. El gesto confirmaría los peores temores del gobierno colombiano: el comienzo del fin del cerco diplomático. 

¿Es posible un descongelamiento Caracas – Washington ante la necesidad apremiante por sustituir el petróleo ruso? Todo parece indicar que Estados Unidos contempla un cambio drástico de estrategia para estimular cambios en Venezuela y no hay mejor coyuntura que la actual. Desde hace varios años, las señales de fracaso del acorralamiento a Maduro se multiplican. La apuesta de Donald Trump apoyada por varios gobiernos conservadores, en especial Mauricio Macri, Sebastián Piñera e Iván Duque, sobreestimó las capacidades de Juan Guaidó, al tiempo que subestimó los apoyos militares de los que aún sigue gozando Maduro. De nada ha servido el reconocimiento al gobierno interino, ni los intentos por lograr un levantamiento militar como el que tímidamente asomó en abril de 2019.

A su vez, la inconformidad con la gestión del denominado gobierno interino sería comprensible. En mayo de 2021, el influyente diario Washington Post, publicó una investigación en la que se describía la forma como Guaidó se habría apropiado de 40 mil millones de dólares con el apoyo de los empresarios Fernando Blais y Javier Troncosi. Estas graves acusaciones están antecedidas por las revelaciones que había hecho el «embajador» en Colombia nombrado por Guaidó, Humberto Calderón Berti, en las que denunciaba la forma en que irregularmente se desviaron fondos destinados a fines humanitarios. Unos 650 millones de dólares habrían sido desviados. Cuando en 2019 más de 60 Estados decidieron reconocer a Guaidó y entregarle ingentes recursos, no se calculó que carecía de margen para esa gestión, ni se previeron mecanismos para la rendición de cuentas. En la aparatosa estrategia desempeñó un papel esencial el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. Su reelección impuesta por gobiernos conservadores que bloquearon a María Fernanda Espinosa, aludiendo al argumento gelatinoso de su cercanía con el progresismo, ha descartado cualquier negociación y Almagro, como cabeza de una institución multilateral, apuesta como única solución a un golpe de Estado. Es el mundo al revés.

El embargo económico decretado desde 2015 y reforzado en 2017 ha golpeado a los más vulnerables. De acuerdo con Alena Douhan, relatora especial de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas y derechos humanos, no solo tiene un carácter ilegal, pues no ha sido aprobado por el Consejo de Seguridad, sino que afecta derechos fundamentales. Se trata de puniciones que se mantuvieron durante la pandemia afectando gravemente el acceso a la salud. Los pedidos para decretar un programa de «petróleo por alimentos» a la venezolana, inspirado en el que se puso en marcha en Irak durante las sanciones a Saddam Hussein, han sido desoídos.  La oposición venezolana, parte de la cual se encuentra en el exilio sin sentir el peso del embargo, criticó severamente el comunicado de la relatora señalándolo de «propaganda del régimen».

En el complejo mapa de expectativas, Estados Unidos espera lograr la liberación de casi una decena de ciudadanos, algunos acusados de corrupción y conocidos como «los 6 de citgo» parte de la petrolera estadounidense y cuyo arresto se considera como retaliación por las sanciones. Asimismo, aparecen 3 estadounidenses señalados de participar en la intentona golpista contra Maduro. La lección para Colombia es contundente, Washington dialoga con Caracas pues 10 de sus ciudadanos dependen de ello. En contraste, poco han importado ese millón de colombianos en ese territorio y que sienten el peso de las sanciones.

Tras años de fracasos para lograr una transición en Venezuela, el partido demócrata decide retomar el interrogante de Barack Obama sobre cómo justificar la ausencia de relaciones con Cuba, cuando por décadas las han sostenido con países comunistas como China y Vietnam. También tiene que ver el aumento de la capacidad petrolera venezolana -que habría pasado de producir menos de 400 mil barriles diarios a unos 900 mil- y el crecimiento económico de estos meses, rompiendo un ciclo fatal de 8 años de decrecimiento. Cada vez parece más injustificable que Colombia mantenga un esquema que desconoce el derecho internacional apoyando sanciones indiscriminadas. Triste paradoja, Estados Unidos terminará reconociendo la utilidad de valores defendidos históricamente por latinoamericanos, pero de los que Duque nos alejó: principio de no injerencia y negociación. Con ello parece abandonar, por ahora, la tesis de un golpe de Estado para conseguir cambios en Venezuela y, de paso, dejar en evidencia los riesgos que entraña para Colombia convertir en  interés de Estado las preferencias ideológicas de los gobiernos de turno.

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