Durante décadas, en Colombia ha prevalecido una doctrina de seguridad y defensa nacional condicionada por el conflicto interno. La llegada de Iván Velásquez constituye un punto de inflexión y una probable transformación del ideario de la seguridad de unas dimensiones comparables a lo que representó en 1990, la llegada del primer civil a esa cartera, Rafael Pardo Rueda y que también marcó un cambio de rumbo. ¿Qué puede significar la llegada de un perfil como Iván Velásquez a la cartera de defensa en un gobierno progresista? Sin duda alguna, revela un desafío complejo en un momento de máxima polarización hasta el punto que ha llegado a ciertos sectores de la Fuerza Pública por el discurso oportunista de algunos políticos.

Petro ha dicho en repetidas oportunidades que debe haber un cambio en las Fuerzas Militares y de Policía. Esto implica cambiar la doctrina centrada en la seguridad del Estado para reivindicar la de los ciudadanos. La idea no es nueva en Colombia y aunque ha habido una evolución en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho internacional de los conflictos armados, se ha visto limitada por la crudeza de la guerra. En la década de los 90, el gobierno de Ernesto Samper Pizano avanzó en la denominada «humanización» del conflicto tramitando los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo Adicional para conflictos interno (no internacionales) de 1977, que buscaban poner límites a la guerra, y en particular minimizar las acciones con efectos en la sociedad civil. De igual forma, se pactó con el Secretario General de la ONU el establecimiento de una oficina permanente del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia cuya labor desde entonces, ha sido relevante e incidente.

Esto ha tenido un impacto en la Fuerza Pública pues el tema del DIH y los derechos humanos ha aparecido en todo tipo de formaciones. Sin embargo, tanto el avance militar de las FARC a finales de los 90 como la subsecuente política de Seguridad Democrática significó un retorno a la doctrina militar de la Guerra Fría en la que se privilegió la seguridad y defensa del Estado a expensas de los DD. HH., retrasando cualquier avance hacia una doctrina de paz y derechos.

Desde que Uribe fue presidente, el Centro Democrático ha politizado el tema de las Fuerzas Militares y de policía para trasmitir la idea de que el progresismo es su enemigo, prejuicio infundado y riesgoso para la democracia que, además, desconoce su tradición de no intervenir en política, comprobada a lo largo de las últimas décadas. En la elección presidencial fue nociva la controversia entre Eduardo Zapateiro, ex comandante del ejército, con Petro, en la que el general no solo rompió tal tradición sino la propia cadena de mando al deliberar por encima de quien a la luz de la Constitución es el comandante supremo de las Fuerzas Militares, Iván Duque, quien a su vez guardó silencio; un peligroso antecedente.

La llegada de Velásquez complementa el esfuerzo emprendido por Juan Manuel Santos tras los Acuerdos de La Habana que han debido suponer una nueva doctrina militar y policial. No obstante, Duque no solo se distanció de la política de paz, sino que ubicó en puestos clave para el postconflicto a figuras que han defendido las tesis más anacrónicas y reaccionarias sobre la seguridad sin cabida para las nuevas concepciones.

Iván Velásquez enfrenta el reto de que Colombia transite hacia una doctrina de seguridad humana que privilegie la vida de sus ciudadanos y no la del Estado a sus expensas, y las labores militares y de policía se vayan a ampliando a temas como las catástrofes naturales, la protección del ambiente y la biodiversidad o la gobernanza migratoria, entre otros. La ampliación de esta agenda para poner a los derechos humanos en el centro de la seguridad y la defensa, no como un tema subsidiario, requiere de tiempo y sobre todo, entraña la tarea inaplazable de retomar tanto los acuerdos de paz como el diálogo con el ELN.

Esta transformación significa la posibilidad de seguir concretando los ideales de la Constitución de 1991, posibilidad retrasada por el conflicto y la forma como la derecha en los últimos años ha recurrido a un macartismo a la colombiana con consecuencias nefastas sobre la democracia y una doctrina de seguridad en constante tensión con los derechos humanos.

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