Como señalaba la mayoría de encuestas, se terminó imponiendo el «rechazo» en el plebiscito constitucional chileno que buscaba la adopción de una nueva carta magna que reemplazara la que fue adoptada en 1980 en pleno gobierno totalitario de Augusto Pinochet Ugarte. El «no» fue significativo pues se impuso con un 62%, muy por encima del 38% que se pronunció por el texto que adoptaba una serie de reivindicaciones de todo tipo y que fueron emergiendo durante las protestas masivas de 2019. ¿A qué obedece este resultado? ¿Qué caminos le quedan a Boric tras la dura derrota?
Para explicar lo sucedido es importante tener en cuenta las dificultades para mantener el apoyo al cambio. Las protestas que tuvieron un apoyo multitudinario, fueron perdiendo fuerza a medida en que se fue percibiendo una radicalización en el proceso, bien fuera por la ampliación de demandas o por los desmanes durante las manifestaciones. Así se puede constatar del apoyo masivo que inicialmente obtuvo el plebiscito indagando por un cambio realizado en octubre de 2020 y en el que el 68% de chilenos se expresó por una nueva Constitución. Aquella votación, (a diferencia de la de este domingo no fue obligatoria) consiguió una participación del 50,9%, la mayor en la historia desde el establecimiento del voto voluntario en 2012.
Se trata de un detalle no menor, no solo por la representatividad producto de la participación, sino porque este mandato sigue vigente y es indeclinable. Posteriormente, para la elección de integrantes para la convención constitucional (asamblea constituyente según el léxico colombiano) la participación se redujo en casi diez puntos, evidencia irrefutable de la forma como se fue desinflando el movimiento surgido de las manifestaciones. De igual forma, la consulta del pasado domingo se convirtió en un voto de castigo o de apoyo a Boric, el peor escenario y el que se quería evitar a toda costa. La estrategia del actual mandatario de aplazar las grandes reformas hasta la aprobación de la constitución, resultó nociva y dejó en evidencia los desencantos tanto en la base de izquierda como del centro. Boric llegó con una aprobación cercana al 33%, muy baja para quien se veía como la cabeza del proceso, muy a pesar de que estaba impedido para hacer campaña en su favor.
Y, la campaña de miedo de la derecha terminó haciendo mella. Las advertencias sobre el supuesto impacto negativo en la inversión extranjera, las suposiciones infundadas sobre la promoción del aborto o incluso la delirante acusación de secesionismo terminaron por asustar a miles de votantes. No hay nada en política que se propague con tanta fuerza como el miedo, más aún tras años de severa parálisis económica.
¿Qué le queda al presidente chileno? Tres caminos. Primero, optar por la aprobación de leyes en el Congreso para introducir algunos de los cambios reivindicados al sistema de pensiones, a la intervención más activa del Estado en la economía, la ampliación de derechos sexuales y reproductivos y la regulación de la eutanasia. Para ello deberá contar con consensos amplios en un Congreso donde la derecha tiene mayoría en el Senado o Cámara Alta. Segundo, puede acudir a reformas constitucionales, también a través del legislativo para modificar la Constitución de 1980 e introducir estos cambios. El escenario guardaría parecido al plebiscito de 1989 que reformó la Carta Magna y fue punto de inflexión en la transición democrática. O bien podría convocar a elecciones para una convención que redacte una nueva constitución, un escenario que parece demasiado dispendiosos y por tanto, casi imposible.
La encrucijada de Chile es compleja pues debe respetarse el mandato de cambio consignado en la votación de octubre de 2020, en el que 68% votó a favor de una transformación a decriptar. Se trata del enorme reto que supone convertir las demandas de la calle, en reformas concretas a la constitución, un camino lleno de trampas pero del que Chile no se ha alejado del todo.
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