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Con la caída de Pedro Castillo, Perú completa un ciclo de inestabilidad dramático en medio de una coyuntura que, por lo menos en el corto plazo, no parece tener una salida. La semana pasada, Castillo quien estuvo año y medio en el poder, anunció la disolución del Congreso y que gobernaría por decreto mientras se redactaba una nueva Constitución. Esta decisión errada lo llevó a la destitución y legitimó las aspiraciones de un aparato legislativo cuya oposición buscó desde el primer día de gobierno, la salida abrupta del mandatario. Tal ha sido el modus operandi del Congreso peruano y, en especial, de la poderosa bancada fujimorista que, tras la amarga derrota en las urnas en junio de 2021, tardó en reconocer el triunfo del rival de Keiko Fujimori y luego se ocupó de crear un clima adverso para hacer inviable el mandato del hasta hace poco presidente.
La posesión de Dina Boluarte, fórmula vicepresidencial y quien debía asumir las riendas por mandato constitucional, solamente ha ahondado la crisis y el vacío de poder parece agravarse con el paso del tiempo. Boluarte rápidamente tomó distancia del exmandatario para condenar la disolución del Congreso, auto golpe a todas luces, pero no ha podido legitimarse como mandataria. Las protestas para exigir el retorno de Castillo han aparecido en varios lugares del Perú, en especial en el interior, donde se concentró buena parte de su votación. Como ha ocurrido en otros comicios en América Latina, en Perú la izquierda se impuso en las zonas más deprimidas mientras la derecha lo hizo en la zona costera, más prospera. En algunas de las regiones donde Castillo se impuso, las manifestaciones se han tornado violentas como en Andahuaylas, Apurimac en el sur del país, donde dos jóvenes murieron (18 y 15 años). Para colmo de males, Boluarte se expresó en redes tan errada como insólitamente, afirmando que se trataba de jóvenes sacrificados por “intereses políticos”. Como resulta apenas obvio, la afirmación produjo repudio.
La crisis tiene su origen en la falta de consensos mínimos entre el ejecutivo y el legislativo para asegurar la gobernabilidad. Tal como sucedió con Bolivia y Ecuador que tuvieron ciclos de inestabilidad (siendo el segundo el más crítico en el ultimo tiempo de la política latinoamericana), Perú parece atascado con un Congreso que no puede construir alianzas para mantener a un presidente y cada vez que siente atacado, responde con la destitución. En esta dialéctica tiene mucho que ver el poco peso de los partidos políticos, cuya fragmentación extrema explica la poca legitimidad de la que gozan tanto los presidentes como el Congreso. En la primera vuelta en el Perú, se presentaron 18 candidatos y Castillo llegó en el primer lugar con menos del 20 % de los votos. Fujimori apenas consiguió 13 %, con lo cual se observa que entre ambos candidatos ni siquiera conseguían sumar una cifra cercana al 50 %. Por ende, para la segunda vuelta, buena parte de los peruanos no se sentía representado, como ha sido la constante en este Perú postfujimori donde los balotajes se terminan saldando en favor del mal menor. Alguna vez Mario Vargas Llosa afirmó cuando se enfrentó Ollanta Humala con Keiko que era escoger “entre el sida y el cáncer”, la dureza de la sentencia revela algo de la decrepitud de la representatividad de la política peruana.
¿Qué le espera al Perú y cuál podría ser la salida? Si no ocurre un cambio fundamental que puede provenir de una constituyente, difícilmente Perú podrá recobrar la gobernabilidad. Solamente un proceso que aspire a refundar el pacto social podría llevar a que coaliciones, movimientos y partidos políticos se reagrupen de forma tal que se pueda superar la idea de que las posturas son irreconciliables, cuando en realidad deberían compartir mínimos fundamentales.
La alternación solo será posible con partidos políticos que se organicen en coaliciones como ha venido ocurriendo en otros casos latinoamericanos entre los que se puede citar a Ecuador. Llegó a tener, entre 1996 y 2005, nueves presidentes e incluso la noche del 6 de febrero del 97, tres. No obstante, el pacto constitucional de 2009 permitió a las fuerzas políticas reacomodarse en torno a unas reglas de juego mínimas, que incluyó la muerte cruzada, es decir, cuando el presidente disponga la disolución de Congreso o este la destitución del jefe de Estado se deben adelantar elecciones generales -ejecutivo y legislativo-. La introducción de la figura supuso un nuevo equilibrio.
Difícilmente Boluarte podrá terminar el mandato y si cae, sería reemplazada por el presidente del Congreso José Williams Zapata, quien tendría una representatividad aún mas débil. Aunque no sean situaciones del todo equiparables, estas protestas evocan la Venezuela de abril 2002, cuando Chávez fue depuesto y el gobierno interino de Pedro Carmona ordenó de un plumazo la derogatoria de la constitución en curso. El levantamiento popular rescató el orden constitucional.
No hay fórmulas mágicas y menos aún cuando está en juego la representatividad, tan difícil de alcanzar en tiempos de marcado desprestigio para los partidos. También queda claro que la salida de Castillo está lejos de ser la solución y que cualquier solución debe contemplar una negociación directa con él o su partido, Perú Libre. De lo contrario, parece condenado a la ingobernabilidad en momentos en que la estabilidad es indispensable para la recuperación económica y social en uno de los países de América Latina mas golpeados por la crisis sanitaria y donde las alertas de inseguridad alimentaria no son infundadas.
twitter: @mauricio181212
Sólo los partidos políticos que estén estructurados en coaliciones, como los que han existido en otros países de América Latina, como Ecuador google, podrán concursar en el sistema de elecciones alternas.
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