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Nicaragua no es una dictadura, sino un autoritarismo que se consolida con el paso del tiempo. Esta vez quedó en evidencia por la deportación de 222 personas que además fueron despojadas de su nacionalidad, completando así más de 300 opositores que han sido cobijados con el mismo castigo. A pesar de que para muchos represente un alivio pues han retomado la libertad, significa una medida desproporcionada y condenada por organizaciones defensoras de derechos humanos que ven en la apatridia uno de los grandes flagelos que afecta a varios grupos que sufren los rigores de la discriminación y la exclusión sistemática. Los apátridas son personas “que no son consideradas nacionales por ningún Estado conforme a su legislación”. En la práctica esto los despoja de varios derechos como la libre circulación y el acceso a la salud, la educación y al trabajo entre otros. Este drama ha estado presente por varias décadas entre los roginyás, migrantes provenientes de Bangladesh y cuya apatridia se suma a las frecuentes discriminaciones en suelo birmano donde se han refugiado en las peores condiciones; y también ha sido el caso de los palestinos sometidos al régimen de apartheid por parte del Estado de Israel y donde la negación de nacionalidad y ciudadanía son frecuentes.
Si bien en las primeras informaciones en la prensa se anunciaba la “liberación” de 222 presos políticos nicaragüenses que fue bien recibida por varios sectores, incluido EE. UU., se debe reiterar que en estricto sentido, es una excarcelación pues no fueron amnistiados sino que fueron condenados por traición a la patria y, en consecuencia, expulsados y despojados de su nacionalidad. Por ahora, el Departamento de Estado ha anunciado que recibirá a este par de centenares de disidentes nicaragüenses, pero preocupa que la medida siga extendiéndose a otros opositores. Se trata de una decisión que no tiene muchos antecedentes en América Latina, solamente Augusto Pinochet había tomado una medida similar contra un grupo de disidentes entre los que se encontraba Orlando Letelier quien se había desempeñado como ministro de relaciones exteriores de Salvador Allende (a quien el dictador militar derrocó) y fuera asesinado hallándose en el exilio.
La decisión de las autoridades nicaragüenses solo retrasa cualquier posibilidad de encontrar un camino para una transición hacia la democracia y crea un preocupante antecedente que da luces sobre el proceso de radicalización no solo de la rama ejecutiva sino del sistema judicial. Uno de los afectados con la medida es el escritor Sergio Ramírez, quien fuera vicepresidente de Ortega en 1985 en los albores de la revolución sandinista. Desde 2021 vive un exilio forzado en Madrid. En entrevista para la BBC aclaró de forma tajante “El país está bajo la piel, está en los huesos, en la sangre. Creo que ni siquiera si te quitan la vida te quitan el país”.
@mauricio181212
Muchas gracias por este interesante comentario. En cierto modo, privar de la nacionalidad a los opositores supone identificar el régimen con el país. Hace cincuenta años es lo que hacía la Unión Soviética, que expulsaba a disidentes (Solyenitsin, por ejemplo) y les retiraba la nacionalidad. Lo que pasa es que, al fin y al cabo, la URSS era un proyecto ideológico, y en ella no resultaba fácil distinguir administración de partido, régimen de estado. Por cierto, gracias también por recuperar la fina distinción entre “dictadura” y “régimen autoritario”, una distinción que en los últimos tiempos se olvida a menudo.
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