Hace 25 años el juez español Baltazar Garzón, sorprendió al mundo al ordenar la detención del dictador chileno Augusto Pinochet cuando se encontraba en territorio británico, acusándolo de los delitos de tortura, genocidio y desaparición de personas. Si bien las autoridades británicas no entregaron al exmandatario, el caso sirvió para crear consciencia sobre la necesidad de una justicia internacional penal capaz de juzgar crímenes graves, en casos donde altos funcionarios, en especial jefes de Estado, se escudan en su inmunidad para evitar la rendición de cuentas.

Hasta la adopción del Estado de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional -cuya entrada en vigencia data de 2002-, el mundo se acostumbró a ver los Tribunales Penales Ad hoc luego de la Segunda Guerra Mundial o más recientemente para Ruanda, Sierra Leona o Yugoslavia. La Corte Penal Internacional aspira a administrar justicia con vocación universal, algo necesario pues con los tribunales especiales queda la sensación de que solo ocurre cuando hay vencedores y vencidos en la guerra, como sucedió con los criminales del nacionalsocialismo, o para Estados del Sur Global, en especial del África Subsahariana.

La semana pasada se conoció que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin por el traslado ilegal y la deportación de menores  desde Ucrania a Rusia. Desde entonces, han sido varias las reacciones lamentables, en especial en Occidente donde se celebra la orden de arresto, como si se tratara de una victoria estratégica. Aquello vilipendia a la justicia. Las declaraciones de Volodímir Zelenski y Joe Biden regodeándose, no son solo contraproducentes y deslegitiman la labor de la Corte, sino que hacen pensar en un cinismo sin límites pues dirigen Estados donde la comisiones de delitos graves en Irak, Afganistán o en el Donbass también deberían ser juzgadas por el tribunal.

En la otra orilla, se deplora el supuesto doble rasero de la CPI, pues mientras se muestra celeridad en el caso de Putin, parece imposible avanzar en la investigación o juzgamiento de George W. Bush o Tony Blair por las torturas en los centros de detención de Abu Ghraib en Irak o sobre la responsabilidad de Benjamin Netanyahu y altos funcionarios israelíes por crímenes en Cisjordania, como la propia exfiscal de la CPI, Fatou Bensouda, lo ha solicitado.

Sin embargo, esta imposibilidad no es muestra de doble estándar o moral, sino de incapacidad estructural. La CPI nació con un mandato limitado y aunque tenga aspiración universal, todavía varios Estados no son parte del Estatuto de Roma, entre ellos Estados Unidos y Ucrania que celebran la decisión. Tampoco China, Israel o Rusia.

Habría doble moral si teniendo capacidad, la Corte dejara de juzgar a presuntos criminales de Estados poderosos, pero en la práctica, resulta imposible hacerlo pues ninguno de esos Estados es parte. En esta situación Kiev elevó una solicitud que fue aceptada para investigar posibles crímenes de guerra. Sin embargo y ante la euforia y el desprecio que despertó la decisión de la CPI, vale la pena recordar:  todavía no hay una condena ni contra Putin, ni Maria Lvova-Belova comisionada rusa para los derechos de los niños, acusada del grave crimen. El Fiscal ha recordado que hay razones para investigar y creer que se han cometido esos delitos, pero aún no se ha juzgado.

Este caso es hasta cierto punto similar al del expresidente sudanés Omar al Bashir, requerido por la CPI desde 2009 por crímenes de guerra en Darfur y quien se desplazó sin muchos reparos por el contiene africano en clara muestra de desafío a la orden de arresto. Tras el golpe militar en su contra en 2019, los militares en cabeza de Abdel Fatah al Burhan, que asumieron el poder anunciaron que lo entregaría a la Corte, pero jamás sucedió.

Aunque no se haga efectiva la orden de arresto, la apertura de investigaciones en estos casos pone de manifiesto que la CPI cumple su labor al margen de las controversias políticas. Es cierto que falta mucho terreno, sobre todo porque aún no apunta a líderes de Occidente, EE. UU. Reino Unido e Israel, pero pronto si la justicia sigue su curso, encontrara la forma de poner en evidencia que la justicia penal internacional no es exclusiva para los Estados del Sur Global y que quienes dirigen las democracias con mayor reputación deben rendir cuentas. Las víctimas en Afganistán, Irak, Palestina o el Donbass estarán a la expectativa.

@mauricio181212