La semana pasada la Asamblea Nacional (Congreso) en Ecuador aprobó de manera formal el pedido para que Guillermo Lasso, actual presidente, sea sometido a juicio político. A consideración de 58 asambleístas, el actual mandatario habría incurrido en «una estructura de corrupción para beneficio propio» en el seno de algunas empresas del Estado entre las que parece la petrolera estatal Petroecuador.

La acción la lidera la congresista Viviana Veloz, del partido Movimiento Revolución Ciudadana, cercano al exmandatario Rafael Correa. La iniciativa ha recibido el apoyo de la derecha tradicional, el Partido Social Cristiano, que en el pasado fue clave en la destitución de Abdalá Bucaram (1997) y Lucio Gutiérrez (2005). Asimismo se han sumado algunos sectores del partido indigenista Pachakutik y de la Izquierda Democrática. En los cálculos de los promotores de la destitución de Lasso contarían con 96 de los 92 votos (de un total de 137 escaños) que necesitan para proceder a su destitución una vez se apruebe el juicio, el presidente adelante sus descargos y la Asamblea Nacional vote si absuelve o destituye.

Ahora bien, no todo está despejado para que se concrete el juicio y la posterior salida de Lasso, a quien le falta aún la mitad de su periodo, por lo cual se adelantaría la elección presidencial. Todavía falta la revisión de la Corte Constitucional que deberá decidir si procede la figura del juicio político con base en el informe presentado por el legislativo. En caso de que la Corte no lo apruebe, sería un duro revés para el correismo y un golpe de opinión en favor de Lasso pues respaldaría indirectamente su tesis de que detrás de la iniciativa no hay pruebas sino intentos por desestabilizar.

Si el tribunal da luz verde, Lasso tiene aún dos opciones, defenderse en la Asamblea Nacional durante el juicio o adelantarse y decretar la «muerte cruzada», figura constitucional que le permite disolver el Congreso en caso de que el legislativo se extralimite en sus funciones o frente a una grave conmoción interna. En el primer caso necesita del aval de la justicia pero en el segundo cuenta con autonomía para disolver la Asamblea y convocar elecciones generales (presidente, vicepresidente y Congreso) en un plazo de 90 días.

No se sabe a ciencia cierta si Lasso acudiría a la muerte cruzada, pero a medida que avanza el proceso de juicio político las chances de que lo haga parecen aumentar. Esta figura se introdujo en la Constitución de 2008 para darle la potestad al presidente de contrarrestar una crisis como las que se presentaron en los 90 cuando la gobernabilidad era imposible y Ecuador tuvo en un lapso de nueve años nueve presidentes -incluso tuvo tres en una sola noche tras el despido de Bucaram por incapacidad mental-. Si Lasso decreta la muerte cruzada, gobernará por decreto mientras se realizan las elecciones, por lo que se prevén movilizaciones para rechazar el llamado. Ecuador se podría sumergir en una crisis como las que vivió en el siglo pasado y a comienzos del actual.

El país se sume así en una nueva crisis política en la que, a diferencia del pasado no se han presentado movilizaciones de envergadura como en la antesala de las salidas abruptas de Bucaram, Jamil Mahuad, Lucio Gutiérrez o incluso cuando se pensaba que Lenín Moreno o el propio Lasso podrían caer en 2019 y 2022 respectivamente, en protestas que trajeron a la memoria las épocas de las caídas de presidentes.

Dependiendo de lo que ocurra estas semanas en la Corte Constitucional, Lasso podría salir fortalecido de cara al remate de su periodo, o Ecuador podría tener elecciones anticipadas en las que el correísmo parecería tener una ventaja considerable habida cuenta del resultado de las ultimas elecciones seccionales (prefecturas y alcaldías). Por ahora, nada parece estar definido en este Ecuador donde asoman los fantasmas de la inestabilidad crónica y el correísmo moderado parecería tener la primera opción.

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