Colombia no aprende de su historia. Si algo claro dejó el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de noviembre de 2012 en el que se le arrebataron a Colombia 72 km2, según calculan nuestras autoridades, es que la mejor forma de defender la soberanía territorial sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia es con inversión social, involucramiento político de las autoridades respecto de lo que sucede en la zona y, por supuesto, una participación de ese territorio mucho más activa en una salida al litigio con Managua. Transcurrida más de una década, los distintos gobiernos han hecho poco, pues importa más el discurso soberano hacia el exterior que el bienestar de los isleños. El fallo significó una tormenta política en Colombia y una conquista histórica sin antecedentes para Nicaragua desde que el sandinismo tomara el poder en 1979, y reivindicara la nulidad del Tratado Esguerra -Barcenas de 1928 que Bogotá daba por descontado había fijado el límite entre las aguas de ambas naciones.
Al año siguiente de semejante baldado de agua fría y viendo el desconcierto en la dirigencia colombiana que no quiso ni negociar directamente con los nicaragüenses, ni acatar la decisión de la CIJ, Daniel Ortega intensificó la ofensiva diplomática con dos demandas más. En septiembre de 2013, denunció a Colombia por violar su soberanía con acciones como la aprobación del decreto 1946 de 2013, firmado por Juan Manuel Santos, para crear una zona contigua integral que garantizaba la unidad resquebrajada del archipiélago por la decisión de 2012 en la que los cayos Serrana y Quitasueño quedaron en aguas del vecino -aunque ambos de soberanía colombiana-. Y en noviembre de 2013, Managua le pidió a la CIJ que se reconociera su derecho para tener una plataforma continental extendida. Si la Corte encuentra que hay fundamento para el pedido nicaragüense, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas sería le encargada de delimitar esa zona, que de ninguna manera afectaría la zona económica exclusiva de Colombia. Esa plataforma le otorgaría la posibilidad para extraer recursos y lo que más debe inquietar a Colombia: podría afectar la reserva de Biosfera del Seaflower. En este fallo no está en juego solamente la soberanía, sino el equilibrio ambiental de una zona apetecible por los recursos del subsuelo.
Desde el ángulo exclusivamente político -no legal-, resultaría sorpresivo que, ante la crisis política desatada por el fallo de 2012, la Corte decida nuevamente alterar el status quo con lo cual estaría empujando a Colombia definitivamente a desacatarlo y a desconocer la reciente decisión más fácilmente ignorable, pues no establece una acción inmediata sino que empieza un largo proceso que será difícil llevar a la práctica.
Al margen de lo que suceda este jueves, Colombia está en el deber de negociar con Nicaragua un esquema de protección para los raizales, tal como lo sugirió la propia Corte en abril del año pasado, cuando reconoció de pasó que Colombia sí había violado derechos soberanos y jurisdiccionales nicaragüenses. Desde que Managua nos demandara en 2001, los gobiernos han esquivado la responsabilidad dando con ello cada vez más poder de negociación a Nicaragua. A nada nos conduce el nacionalismo ramplón, por eso aunque sea costoso políticamente, el Estado colombiano, no solo el gobierno, debe contemplar una negociación directa de cara a una delimitación definitiva. La incertidumbre es la más costosa de todas las opciones.
@mauricio181212