EL 20 de diciembre de 2001, en medio de múltiples protestas sociales, de un ambiente abrumador y bajo la presión social que produjo un sistema económico arruinado, el presidente de los argentinos, Fernando de la Rúa renunció a su responsabilidad, sin completar su periodo presidencial que iba hasta el 2003, sin cumplirle a sus electores y dejando un país al borde de una guerra civil.
En dos días de protesta, con tapas metálicas y ollas y cucharones, los argentinos lograron no solo la renuncia del presidente de turno, sino además, consiguieron dejar un precedente puntual a los próximos gobernantes, y es que los argentinos están hechos de hierro, de sentimiento y de amor por un país que merece responsabilidad política y social, responsabilidad con sus gentes, con las nuevas generaciones, con todo el territorio.
Argentina, venía de un mal gobierno a uno peor, venia de la Ley de la convertibilidad, que no era otra cosa que igualar al peso argentino con el dólar estadounidense para así darle músculo a la divisa frente al cambio con el dólar. Ley que solo funcionó por unos pocos años para luego terminar en grandes retos administrativos y políticos que no supo afrontar De la Rúa. La privatización de las empresas nacionales, el incremento de la deuda externa hasta llegar a los 146mil millones de dólares, la refinanciación con intereses astronómicos, y la inestabilidad laboral fueron alimentando una bomba de tiempo que estalló pocos días antes del 24 de diciembre de 2001. Finalizando noviembre de 2001, los grandes empresarios comenzaron a retirar su capital en efectivo de los bancos, lo que provocó rápidamente el colapso del sistema bancario argentino, colapso que quiso ser remediado con la Ley El Corralito, implementada desde el 2 de diciembre de 2001, con esta Ley el gobierno limitaba los retiros de las cuentas de ahorros a un máximo de 1000 pesos argentinos, lo que afectó directamente a la clase media, a la trabajadora, a la que en cualquier país le da dinamismo a la economía. El 19 de diciembre comenzaron las protestas acompañadas de saqueos a supermercados y almacenes de cadena, a lo que De la Rúa respondió decretando el estado de sitio que le da facultades a las fuerzas armadas para reprimir a la población civil, a utilizar la fuerza, a detener y trasladar a los ciudadanos que corresponda bajo la decisión de los uniformados. Esto por supuesto salido de una novela espantosa produjo que la Argentina se enfrentara al Estado y con el muy conocido ‘cacerolazo’, se tomaron las calles. Después de intentar conciliar su gobierno con la oposición y padecer durante horas la presión de las protestas, De la Rúa renuncia y sale de la casa Rosada en helicóptero.
Los detalles económicos y políticos, sin duda, son innumerables si hablamos de este hecho que venía cocinándose desde principios de los 90, sabiendo que el único responsable no fue de la Rúa, pero si fue quien debió afrontar y responder por el desenlace de una serie de malos manejos administrativos, políticos y un gran foco de corrupción que golpeo con mucha fuerza el establecimiento político de la Argentina. En la superficie de esto, se puede rescatar rápidamente y sin mayor análisis, el poder del pueblo frente a las injusticias de sus gobernantes, y la responsabilidad además de ese pueblo reprimido y abusado, debe haber límites y la paciencia frente a este tipo de circunstancias no debe ser complaciente. Por ninguna razón.
Venezuela está caminando hacia un destino, seguramente mucho más crítico que el argentino. Al igual que Chávez, Carlos Menem modificó la constitución de su país, habilitando la reelección inmediata, gracias a esto se presentó para su segundo periodo consecutivo en 1995, ganando por segunda vez la presidencia y firmando la crisis hasta ahora, más grande de cualquier país de la vecindad. Por suerte en Colombia esta figura, gracias al presidente Juan Manuel Santos ha desaparecido y no corremos el riesgo de soportar una reelección más. En Venezuela, Hugo Chávez no solo reformó la constitución para reelegirse, sino que en sus planes de gobierno sustentaba la necesidad de continuar en el poder por lo menos, hasta el 2035, algo que por cualquier esquina resulta un despropósito arrasador de cualquier democracia. Chávez murió y al poder subió, como una reelección en cuerpo ajeno, Nicolás Maduro, un hombre por supuesto, con mucho menos destrezas que el fallecido revolucionario, incapacidades que han acercado el abismo en el tiempo y hoy día tiene a Venezuela muy cerca de lo que sería, la gran crisis venezolana, rompiendo los records argentinos y sumergiendo al país bolivariano en una profunda quiebra económica, crisis política y muy posiblemente una guerra civil que termine con la vida de miles de inocentes.
Ya va siendo hora, que en Venezuela el cacerolazo gane la fuerza necesaria como para resistir y alcanzar la renuncia de un hombre que a pasos largos está llevando a su país a una muerte más que anunciada. La necesidad de la protesta organizada por parte de los ciudadanos venezolanos, al igual que en la argentina en la época de Menem y De la Ruá, debe establecerse bajo las garantías del derecho internacional y la verificación del cumplimiento de los derechos humanos por organismos internacionales que velen por los mismos, que cuiden la voluntad del pueblo, que acompañen en el camino a esta gente que dentro de poco no va a tener otra salida que no esté untada de sangre y desolación. En Argentina los problemas radicaban en la corrupción y las pésimas decisiones políticas y económicas, pero la democracia se mantenía, la voluntad del pueblo en última instancia fue respetada, valores agregados con los que no cuenta Venezuela en este momento, pues para todos es claro que la elección de Maduro contó con profundas irregularidades, y que el respeto al pueblo se perdió desde que la independencia de poderes dejó de existir y todos le rinden cuentas al ejecutivo.
Giovanni Acevedo