Investigaciones realizadas en el Banco Mundial y el Natural Resource Governance Institute por los expertos Aart Kraay y Daniel Kaufmann, indican que la gobernabilidad, definida como las tradiciones e instituciones que determinan el modo en que se ejerce la autoridad, impacta en cerca de un trescientos por ciento (300%) el desarrollo de largo plazo de un país.
La transparencia en la elección de los gobiernos y en su sistema de rendición de cuentas, la gestión ética y eficiente de los recursos públicos y el respeto por las instituciones que regulan las interacciones económicas y sociales, crean condiciones exponenciales para el crecimiento con bienestar al permitir la optimización de los factores de producción y la generación de confianza que atrae la inversión nacional y extranjera.
La corrupción, definida como un abuso del poder en beneficio propio y detrimento del bien público, atenta contra los pilares de la gobernabilidad no solamente porque desvía los recursos del Estado de su finalidad natural de justicia social mediante la reparación de las imperfecciones del mercado, sino también porque mina la confianza en las Instituciones, erosionando la legitimidad del gobierno, fundamento del Estado de Derecho.
Es por esto que los escándalos que han empañado en los últimos meses al gobierno del Presidente Santos referidos a los contratos celebrados por Ecopetrol, entre ellos el caso de Reficar y Bioenergy, deben ser objeto de acciones proactivas y de fondo, con el fin de esclarecer de manera rápida lo ocurrido y determinar, de manera clara y contundente, las responsabilidades de los implicados, entre ellos el Presidente de Ecopetrol y los ministros de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito Público.
Dilatar el proceso de esclarecimiento, dejando la investigación en manos exclusivas de los entes de control como la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría, puede tener serias implicaciones en la confianza y, por tanto, en la legitimidad del gobierno, en un momento en que se requiere liderazgo para lograr el resultado deseado en el proceso de paz, así como impulsar la inversión ante la caída de los ingresos del Estado por la dinámica actual de los precios del petróleo.
Los colombianos necesitan tener certeza de la probidad de los integrantes del gobierno, descartando delitos como peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito, al margen de otro tipo de responsabilidades que más adelante se puedan establecer y que corresponden al riesgo normal en la toma de decisiones.
Considerando lo anterior y teniendo en cuenta que la estrategia de buen gobierno es un pilar fundamental del actual Plan de Desarrollo, resulta vital que desde la Presidencia de la República se den los lineamientos para que los implicados en estos procesos utilicen herramientas confiables y validadas a nivel internacional por organismos que luchan contra la corrupción, entre estos el Grupo de Integridad Institucional del Banco Mundial, como es la Auditoría Forense. Esto para que en un muy corto plazo y con total transparencia, se dé tranquilidad a la opinión pública sobre la conducta ética del equipo de gobierno, y de esta manera, se logren cosechar los impactos positivos de la gobernabilidad.
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