Contra viento y marea, habemus ya reforma tributaria. Esta, sin duda, es una buena noticia para el gobierno que ha visto afectadas negativamente sus finanzas por aspectos aparentemente imprevistos y de difícil control como la caída de los precios del petróleo, el aumento del dólar, los gastos e inversiones derivados de los acuerdos de paz firmados con las FARC y el hueco fiscal ocasionado por la corrupción que se desbordó en el año 2016. (Ver ‘Corrupción en el 2016: un cáncer que hizo metástasis en Colombia’).
Digo “aparentemente imprevistos” porque si analizamos en detalle cada una de estas motivaciones, más de una sorpresa nos podemos llevar. Si bien la caída sostenida de los precios del petróleo estaba por fuera de las cábalas de muchos economistas por la fuerza que desde su creación había demostrado el cartel de la OPEP, una mirada a la geopolítica podría haber permitido hacer augurios sobre el punto de inflexión que se avecinaba, y el análisis de la experiencia de las bonanzas de quina, tabaco, añil y café nos habría indicado que el crecimiento basado en la exportaciónde materias primas tarde o temprano llegaría a su final, no sin haber causado antes un daño inmenso a la industria vía apreciación de la tasa de cambio no sustentada en competitividad. Desde la estructura económica, entonces, el déficit fiscal era previsible.
Pero otro tanto podemos decir de aspectos políticos relativos a las presiones presupuestales asociadas a los acuerdos de paz y a la corrupción. Si bien la presencia de la guerrilla desvió durante muchos años recursos indispensables para que todos los colombianos tuviéramos acceso a derechos básicos como salud, educación o vivienda, aspectos que quedaron consignados en los acuerdos de paz y para lo cual se requieren recursos frescos, fueron precisamente estos vacíos de inversión los que permitieron durante años que la guerrilla lograra el apoyo de la población más vulnerable.
Los ingresos que se requieren entonces para dar viabilidad a los acuerdos de paz no surgieron entonces por algo fortuito e inesperado, sino son deudas que tiene el Estado desde hace mucho tiempo con el campo y con las regiones de frontera para construir equidad social.
Estos recursos no serían tan cuantiosos, si la cuarta eventualidad no estuviera fuera de control: la corrupción. En efecto, sin esta variable exógena al modelo económico, pero al parecer endógena a la sociedad colombiana, en el periodo de posconflicto tendríamos un alivio derivado de la disminución del presupuesto asociado a la guerra que estaría disponible para la financiación de la reconstrucción. La pasividad, que se vuelve factor de complicidad, del alto gobierno con este fenómeno, es la causante de que año a año la corrupción aumente al infinito.
Y frente a esta “crónica de una muerte anunciada” en la que el protagonista es el erario, la solución del gobierno es aumentar los impuestos indirectos, que tienen un carácter regresivo pues afectan a los colombianos indistintamente de su poder adquisitivo, lo cual en el mediano plazo es negativo porque impacta el ingreso disponible y por esta vía las posibilidades de consumo y de crecimiento del Producto Interno Bruto del país (PIB) ¡Qué belleza!
Sin un modelo económico que apunte a la industrialización -para abandonar, de una vez por todas, la herencia colonial de una inserción económica internacional basada en bonanzas-; una tasa de cambio que sea realmente indicador de competitividad; inversiones eficientes y que resuelvan la deuda social acumulada durante años; y, sobre todo y especialmente, un esfuerzo real del alto gobierno para frenar de una vez por todas la corrupción, la reforma tributaria que se anuncia como solución final del déficit público, seguirá arrastrando herencias negativas que afectan el crecimiento y por tanto, la tributación, con lo cual dentro de un año estaremos diciendo: habemus reforma tributaria… otra vez.
Epílogo: Dentro de la lucha contra la corrupción, las campañas agresivas de educación y refuerzo al aparato judicial, deben ser complementadas con la utilización de las herramientas propias de la auditoría forense, siendo una posibilidad que el Estado se acompañe con la labor de firmas especializadas en este campo las cuales, por ser independientes y estar a la vanguardia de metodologías y sistemas de información, tienen mucho que aportar a la transparencia y al equilibrio de las finanzas públicas del país.
¿Será que el gobierno se decide a innovar en materia de prevención y control de la corrupción valiéndose, entre otras técnicas, de la auditoría forense sistemática, externa y obligatoria, y le da al país un regalo de reyes de transparencia y cuidado de las arcas públicas?