La cultura empresarial en Colombia debe estar encaminada al reforzar las políticas de prevención relacionadas con actividades ilícitas y de corrupción.

Por: equipo de Auditoría Forense de Global Forensic Auditing.

Si bien la auditoría forense tiene la virtud de actuar antes y después de que los hechos ocurran, no es un secreto que la mayoría de los casos forenses que reciben las firmas de auditoría están referidos a actos ya realizados, es decir, cuando se ha llegado a la etapa de surtir procesos de naturaleza jurídica que en su mayoría se relacionan con casos de delitos financieros.

La reducida aplicación de la auditoría forense para la prevención explica que Colombia presente un alto riesgo de fraude y corrupción. De acuerdo con un estudio para el periodo 2015-2016 realizado por Economist Intelligence Unit y Kroll, titulado ‘Informe Global Sobre Fraude’, el 83 por ciento de las empresas en Colombia se vieron afectadas por fraude, evidenciando un incremento respecto del periodo 2013-2014, un estudio que incluso estableció que las empresas víctimas de este delito ascendían al 63 por ciento. Otro dato revelador presentado en este informe, que resulta muy preocupante, señala que en el 44 por ciento de los casos de fraude analizados se vieron involucrados miembros de la gerencia media y/o ejecutivos senior de la misma compañía, lo que impacta negativamente en la reputación y sostenibilidad empresarial.

Vale la pena destacar que las empresas colombianas que fueron víctimas de estos delitos, en el periodo 2015-2016, reportaron los siguientes tipos de fraude: robo o pérdida de información o ataque informático (27 por ciento), conflicto de intereses de la gerencia (23 por ciento), robo de activos fijos o inventarios (17 por ciento). Reflejando de esta forma el cambio, con respecto al periodo anterior, en que el tipo de fraude más recurrente fue el robo de activos fijos o inventarios con una participación del (37 por ciento), denotando la gradual migración a  tipologías de fraude de mayor complejidad y sofisticación.

Con respecto a la corrupción, en el artículo de Huella Forense del Foro Económico Mundial: ‘El debate sobre la corrupción ¿Qué debe pesar en la balanza?’, se puede evidenciar que este fenómeno tiende a ser el principal problema global, no solo para el sector público, sino también para el privado. Como bien se menciona en el citado artículo, no se ha dado la suficiente importancia a la elaboración de mapas de riesgos dentro de las compañías y se ha subestimado la contratación de firmas especializadas en auditoría forense para su asesoría, acompañamiento y debida gestión.

No se puede desconocer que desde el gobierno se han efectuado esfuerzos normativos y prácticos para implementar modelos de prevención en estos últimos años, especialmente en lo relacionado con el sector público (estatuto anticorrupción, normatividad relativa a personas expuestas políticamente, ley antisoborno, entre otros). Sin embargo, los resultados no han sido contundentes, como lo evidencia la relación de noticias de corrupción que desde el 2016 viene publicando la Asociación Internacional de Auditoría Forense (Asiaf), así como los grandes escándalos vinculados a corrupción transnacional (Odebrecht) y al lavado de activos y financiación del terrorismo (Papeles de Panamá o ‘Panamá Papers’).

Es por ello que se requiere, tanto en entidades públicas como privadas, implementar metodologías de investigación criminalística con componentes contables, legales y administrativos con el fin de identificar y prevenir la corrupción administrativa, el lavado de activos, financiación del terrorismo y cualquier otro tipo de delito financiero.

Se ha de resaltar la necesidad de implementar las prácticas forenses no solo para soportar procesos judiciales sino como herramienta preventiva para mitigar el riesgo de estar expuesto al fraude o la corrupción.  Dicha implementación debe realizarse mediante el acompañamiento y asesoría de entidades con experticia y experiencia en al área y que puedan dar el direccionamiento adecuado de acuerdo a las necesidades y riesgos particulares de cada organización, para de esta manera contribuir al desarrollo económico y político, social incluso ambiental de todo un país.

Twitter: @gfacolombia 

Ver también: ABC del Habeas Data, Ley 1581 del 2012