Cuando una persona roba del erario (ayudada o no por el gobierno) está robando a todos los contribuyentes. Es decir, si un contratista gana una licitación para construir una autopista e incumple con su construcción y se queda con los miles de millones de pesos que costaba, está metiéndole las manos al bolsillo a todos los ciudadanos que pagaron los impuestos para la construcción de la autopista. Este es un caso muy común en Colombia, y para estos efectos a ningún congresista le ha parecido “imperativo” proteger al país de la corrupción. El beneficio económico casi incalculable que trae una obra de la magnitud de la 26, por ejemplo, lo terminan perdiendo los ciudadanos. Sin embargo, no se ha sabido de una ley anticorrupción poderosa como la que se aprobó recientemente para atacar el contrabando.
En el caso de contrabando, en principio (más no en la realidad), quienes comercian sin pagar los respectivos impuestos estarían robando a los ciudadanos que deberían verse beneficiados con esos tributos. Sin embargo, sabemos que en realidad lo que pasa es que los bolsillos de los políticos son los que pierden porque son ellos los que de verdad se ven beneficiados de los impuestos: sueldos ridículos por trabajar muy poco, pensiones ridículas por trabajar muy poco, escoltas costosísimos y demás beneficios de hacer parte del ente gubernamental. O eso dice la gente. Y me parece que tiene sentido.
El contrabando tiene dos problemas. Uno a favor y uno en contra. El primero, indiscutible, es la falta de legitimidad de un Estado que les exige a los comerciantes, a la gente que trabaja y vive del comercio que pague tributos sobre los que poca vez en su vida ven los beneficios. Si no pregúntenle a un comerciante cuáles son los sobrecostos de su negocio gracias al arreglo de los vehículos por el daño de las vías, los robos que sufren por la ineficiencia de la policía o los médicos que han tenido que pagar porque las EPS tienen por política quedarse con la plata de la salud y hacerla inefectiva. El problema con el excesivo cobro de impuestos en Colombia no es la cantidad, sino que no se ven reflejados en nada. Contentos todos pagaríamos si nos viéramos beneficiados. El segundo problema, que si juega en contra del contrabando, es que al menos para la economía representan una forma “sucia” de juego en la dinámica del mercado: en la medida que no se paguen los aranceles respectivos, o bien se puede vender más barato, o bien se puede ganar más beneficio sobre los productos que entran al mercado; y para cualquier economista esto representa un desatino.
Sin embargo, competir contra dos o tres marcas importadoras (estilo Falabella, por ejemplo) que cuentan con millonarias exenciones de impuestos, que cuentan con capital muy superior al de cualquier mortal a pie y que, además, cuentan con equipos de contadores y abogados para hacer una que otra “trampilla” a la DIAN tampoco parece justo (sabemos que así funciona la cosa, o eso es lo que la gente dice). Mucho menos cuando los que reciben las verdaderas ganancias ni siquiera son nacionales, sino extranjeros. Los extranjeros proveen los trabajos, sí (por demás muy mal pagos), pero las ganancias se las llevan a su país.
Para evitar el contrabando, la ley ahora permite relacionar el delito del contrabando directamente con el lavado de activos y, así, penas y multas muchísimo más altas que antes (hasta 16 años de cárcel). También se le permitirá a la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF investigar en las cuentas bancarias de los investigados (acción del talante “ahora la policía puede entrar a tu casa porque sí”); además, se entrena un cuerpo de policía transparente con todo tipo de controles (incluso la restricción de usar celulares diferentes a los de su unidad) para garantizar la falta de sobornos.
Y yo me pregunto: ¿no resulta excesivamente costoso, ineficiente y poco inteligente para el funcionamiento del mercado esta nueva ley? Según los medios de comunicación, al menos el 10% del PIB depende del contrabando.
No solo se trata del que importa la mercancía, sino de los trabajos que se desprenden de él: los vendedores, los transportadores, los que hacen la “receptación” (comprar ´para comerciar mercancía de contrabando, y sobre los que también afecta duro la ley nueva) y, finalmente, las decenas de miles de personas que compran esta mercancía porque su capacidad adquisitiva no les permite pagar productos de los distribuidores legales. La gente ya no solo tiene que sacar plata para pagar impuestos sobre los que no se ven beneficios sino también ya no podrá gastar su dinero en las cosas que le gusta.
Pero más allá: ¿si son tan reacios y protectores con los contrabandistas, por qué no son igual de rígidos con los corruptos que, en realidad, sí le están haciendo daño al país? ¿Por qué no crean cuerpos, con policías igual de preparados e impermeables a los sobornos para los corruptos? ¿Por qué tiene que pagar la gente de a pie, la gente que se levanta a trabajar todos los días la ineficacia de un país gobernado por simios?
Esas preguntas habría que hacérselas, entre otros, a los miembros del Centro Democrático, sin quienes esta ley habría sido posible, o al menos eso dice en el portal económico Portafolio.
El problema con la nueva ley anti-contrabando no es la ley, porque si funcionáramos en un país normal sería absolutamente necesaria, sino que firmar leyes que atacan a un solo sector de gente que hace las cosas mal, mientras otros se pasean en camionetas y sus escoltas cometen atropellos a los ciudadanos es ridículo.
La mejor defensa que tienen los comerciantes está en sus narices. En cambio de exigir un cambio en la ley, es exigir que la ley sea para todos. Van a ver cómo más de un político se asusta y cambia de bando.
@YDesparchado