Especial – DE LA COBARDÍA JURÍDICA

En un contexto globalizado de avances en la protección a las diversas formas de familia que pueden existir a la luz del derecho colombiano, la Corte Constitucional da un polémico giro que detiene tal avance y deja a la espera de nuevas determinaciones (legislativas o judiciales) la posibilidad de que personas del mismo sexo contraigan matrimonio.

Pareciera ser que muchos en Colombia a la luz del derecho se quedaron sin familia, porque si falta el hombre o la mujer, esta ya no existe, así como si debajo de un mismo techo vive una abuela con sus nietos o una tía con sus sobrinos abandonados. La Corte Constitucional no lo ha dicho, pero por su actitud de mera tolerancia a no definirse jurídicamente sobre lo que significa «familia» en el derecho colombiano, ha dilatado debates que debieron hace mucho tiempo surtirse favorablemente, en especial para las personas del mismo sexo.

Este año fue épico  para la discusión, pero no lo fue en buen sentido. A diferencia de lo que venía ocurriendo, en especial con las sentencia C-075/07, la cual abrió el paso a que las personas del mismo sexo pudieran conformar uniones maritales de hecho, y otras sentencias sucesivas que permitieron el acceso a la sustitución pensional para el compañero sobreviviente. Sin entrar en tecnicismos y, si bien los motivos que alentaron la ampliación del régimen patrimonial de protección a todos estos sujetos fueron diversos, el derecho colombiano parece amparar la igualdad en términos de que una familia, es decir, la existencia de vínculos personales estrechos y de solidaridad, no sólo es el núcleo de la sociedad, sino que su conformación es diversa, puede tener matices y puede existir, como lo dice la constitución, con la simple decisión responsable de conformarla.

Pero el 2010 vio venir una sentencia que debía cerrar la discusión, pero no lo fue, porque en vez de decidir algo respecto al matrimonio y así continuar con la directriz de protección que había caracterizado a la corte constitucional, lo único que tuvimos fue una sentencia Inhibitoria, es decir, en la cual la corte decidía no decidir al respecto. Con esto, si bien no se cierra el debate sobre el tema, queda aplazado para nuevas discusiones; quizá para cuando el honorable magistrado Pinilla reciba su pensión de jubilación y que el argumento de la enfermedad mental deje de rondar los pasillos de la Corte. Por el momento, la lucha jurídica se posterga por cobardía, por miedo de dar el paso que permita el surgimiento de un cambio social. En cambio, seguiremos siendo el país católico apostólico y romano de la unidad, en el cual la diversidad cabe, siempre y cuando no se vea. De nada nos sirve entonces tener una constitución garante de derechos,  rebosante de normas que protegen la diversidad, si quienes tienen el poder de interpretarla no pueden ponerse de acuerdo sobre el concepto jurídico de familia o sobre la procedencia o no del matrimonio homosexual, por la existencia de sesgos políticos y religiosos que, en cabeza de un juez, no están permitidos. Por ello no le pido al procurador que deje de pensar lo que piensa, ni al señor Magistrado Pinilla que deje de pensar que los homosexuales son enfermos mentales (aunque aquí es aún más grave la situación y podría llegar a pensarse que esta  es incluso una forma de trato denigrante contra un sujeto social colectivo), sólo que cuando obren en derecho, se pongan en el lugar que debe ser, bien como procurador, es decir, como defensor de los intereses de la sociedad (que no de las mayorías), bien como juez constitucional, en cabeza de quien reposa la guarda e integridad de nuestra carta magna.

Por el momento, deberemos esperar que alguien se aleje nuevamente de la cobardía y de la frialdad que ha caracterizado al derecho colombiano y que de ahí tengamos una nueva decisión, quizá más garantista, más comprensiva de la importancia del reconocimiento de la diversidad, y con menos sesgos.

La discusión sobre lo bueno o malo del matrimonio entre personas del mismo sexo no es mi asunto, ni el de este breve comentario, ni el del señor lector. Es un asunto que compete a quien tome la decisión responsable de conformar una familia. La discusión sobre si el matrimonio entre personas del mismo sexo es un mal que acabaría con la sociedad parece ser un argumento fuerte, pero no veo en esa decadencia a la sociedad mexicana, o a la Argentina, ni mucho menos a la española, con tantos excomulgados que tal decisión de progreso ha causado.

Por el momento voy a informarle a varios de mis amigos que no tienen familia, según dicen ciertas autoridades de nuestro feliz  Estado de la Unidad.