Una de las vías más importantes para la competitividad del país, la de Buenaventura, luego de 10 años de ser entregada en concesión no ha podido ser finalizada. Lo inquietante es que pareciera que el mismo Estado es quien la ha retrasado. ¿Por qué? 

En Colombia no es raro ver que las obras se demoren o que generen sobrecostos, por cuenta de uno que otro privado que ha tomado las concesiones de infraestructura como medio de enriquecimiento a partir de conductas corruptas. Pero sí es raro ver que sea el mismo Estado quien pone las trabas para que un proyecto de esta índole no pueda ser finalizado.

Ese es el caso del contrato Loboguerrero – Mediacanoa, tramo que conecta a Buenaventura con el interior del país. Pese a que la vía fue entregada en concesión en 2006 a la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca para que cumpliera con la construcción total de una doble calzada, diez años después la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) motivó un proceso en la Cámara de Comercio de Bogotá que anuló el contrato y obligó la detención de las obras, faltando solo un año para terminar la construcción del proyecto. 

La ANI reclamó en ese entonces que se trataba de un contrato que beneficiaba más de la cuenta a las empresas privadas encargadas de la concesión. Lo cierto es que presentó su reclamación de forma extemporánea, pues dichas concesiones tienen un término legal de diez años para presentarse cualquier apelación sobre la negociación. El término se cumplió legalmente en agosto del 2016 y la agencia del Estado presentó su reclamación en noviembre de ese mismo año, por lo cual en cualquier momento un juez podría declarar ilegal la anulación del mismo. En otras palabras, la decisión lo único que consigue es retrasar la entrega del proyecto, pues es muy posible que un fallo entregue nuevamente la concesión a la Unión Temporal a la que le fue adjudicada inicialmente. 

Entonces, si ya no se podía reclamar por los términos legales, ¿cuál es el objeto de bloquear su finalización, incluso cuando la ANI no demostró suficientes pruebas para anular el contrato? No puede ser que los abogados hayan obviado los plazos legales de reclamación en sus análisis.

Para nadie es secreto que las concesiones viales son lucrativos negocios, y que podrían -por no asegurar que lo hacen- utilizarse por los gobiernos de turno para devolver favores políticos. En ese sentido, resultaría particular que la administración de turno quisiera deshacerse con pocos argumentos jurídicos de un concesionario, para entregarlo a uno nuevo que más le convenga. 

Como era de esperarse, las empresas privadas a cargo de la concesión denunciaron legalmente  a los árbitros de la Cámara de Comercio, para conseguir que su decisión de acabar con el contrato sea anulada por tratarse de un procedimiento ilegal. Lo curioso es que ninguno de éstos ha querido presentarse a las audiencias que se llevan citando desde el año pasado -2017-.

Entre la terna de árbitros demandados se encuentran Julio Roberto Nieto, Fernando Montoya Mateus y María Luisa Mesa. Ésta última, quien resulta ser familiar de Juan Mesa Zuleta, íntimo asesor del gobierno de Santos y actual embajador de Colombia en Italia. ¿Será que entonces es el mismo Estado el que influencia estas decisiones para beneficios particulares?

Los tres están citados a una nueva audiencia para el próximo 21 de febrero. Esperemos que a ésta sí asistan, para que se pueda de una vez por todas definir qué va a pasar con la finalización de tan importante obra de infraestructura que, al estar detenida sin razones de peso, afecta la competitividad de todo el país.