El Tribunal de Aforados y sus acosos.
Mientras no haya una verdadera, y que se perciba y se sienta, separación de poderes en las ramas del poder público, respeto mutuo, plena armonía y desprendimiento de intereses personales y apetitos desordenados de poder, y que sigan creyendo, no expresando, que hay reformas que son buenas y necesarias, pero que de alguna forma le merma poder a su injerencia en las otras ramas, nunca tendremos por vía legislativa del Congreso las verdaderas reformas que clama y exige esta evolucionada sociedad.
Lograr una homogeneidad en el modo de pensar de las personas que resultan elegidas a un parlamento como el nuestro, es difícil que se dé por razones diferentes, entre otras por aquello del sistema democrático que tiene pocas limitantes, niveles educativos, idiosincrasia regional y, ante todo, por el variopinto de valores éticos y morales. Qué bueno sería que tuviésemos parlamentarios del corte de Claudia López, Paloma Valencia, Navarro Wolf, aún del Benedetti, de Luis Fernando Velasco o de los hermanos Galán.
Da grima y, en una mayoría silente, mucho coraje presenciar unos debates en esta reforma del “equilibrio de poderes” acompañados de argumentos insulsos y estultos o descabellados que no conducen a ningún mejoramiento sustancial en la administración de justicia, sino a entrabarla, sobre todo en lo relacionado con los llamados Aforados: altos dignatarios del gobierno y de la estructura estatal, y que son los portadores de la peor corrupción y con acompañamiento permanente de una asfixiante impunidad.
Estos debates innecesarios y que solo sirven como cortina de humo para tapar una realidad bien conocida por todos, procurando una ominosa prolongación en beneficio personal, hay que recibirla con beneficio de inventario y levantar una voz de protesta por la indolencia y la falta de respeto por el constituyente primario que tiene fincada su esperanza en verdaderas reformas que redunden en el bienestar general. Ojala La W- radio, en cabeza de Sánchez Cristo, profundice más sobre la propuesta de la firma digital para exigir grandes reformas, lo cual, sin la menor duda, terminará creando situaciones jurídicas concretas.
Como nosotros “tenemos el mejor Congreso que el dinero pueda comprar”, todo apunta a inferir que muchos congresistas que tienen investigaciones penales pendientes, son objeto de una especie de “chantaje” por parte del fiscal y de altos magistrados para que voten en favor o en contra de determinadas leyes, incluyendo por supuesto la reforma en mención, según su conveniencia e interés, así también lo sostuvo la ex contralora Sandra Morelli, en entrevista concedida desde Roma- Italia, a RCN.
Todos aquellos que tratan de mostrarnos la disciplina jurídica como una ciencia con visos esotéricos, con referencia a unas reformas sencillas y simples en la administración de justicia, es porque buscan afanosamente trabas o leguleyadas para entorpecer lo positivo de la reforma que se debate, a fin de prolongar en el tiempo las argucias en favor de la impunidad y poder seguir disfrutando de las mieles de la ignominiosa corrupción, la cual se manifesta en diferentes formas.
No he escuchado el primer argumento valedero, razonable y lógico en defensa de esa mal llamada Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, al contrario, siempre ha sido considerada por muchos “notables” como un foco de corrupción donde prevalece el delito de Prevaricato y está apoltronado el ocio y la desidia, por efecto de la incapacidad mental.
Me parece muy acertada la decisión de algunos parlamentarios, y no son Abogados, en la escogencia del nombre de Tribunal de Aforados y su apoyo a su creación, no dejándose intimidar o sobornar por las otras dos ramas del poder público, con la absoluta seguridad de que por mala que resulte esta institución será superior y más decorosa que la que se manipula por muchos en la Cámara de Representantes.
El Tribunal de Aforados debe de estar conformado por personas de las mismas condiciones y cualidades, ojala, de los demás altos magistrados, en un número no superior a once (11) miembros, el mismo periodo de sus pares, elegidos por mayoría de votos, dos (2) por la Corte Constitucional, dos (2) por la Corte Suprema, dos (2) por el Consejo de Estado y cinco (5) por todos los rectores de las Universidades con licencia para funcionar en Colombia.
Su competencia sería la de investigar al Presidente de la República, Magistrados de las altas cortes, Fiscal, Procurador, Defensor del Pueblo, Contralor General y Parlamentarios e instruir en la etapa sumarial y acusar o imputar cargos, si se amerita, para el Presidente ante la Corte Suprema en pleno, y para los demás ante la Sala de Casación Penal. Tienen acceso a esta jurisdicción y de manera expedita todos los habitantes de la nación.
No cabe ninguna duda, de que el Tribunal de Aforados tendrá un trabajo arduo y, de pronto, de congestión, por cuanto su competencia acaparará al menos un 30% de los delitos tipificados en el código penal y de sus sindicados. Este es el primer paso para que en Colombia se empiece una verdadera lucha frontal contra la pandemia de la corrupción y se reduzca considerablemente el índice de impunidad.
Si en este país se redujera el abstencionismo y la gente pensante votara, el parlamento colombiano se renovaría en un 95% y se facilitaría cualquier reforma sustancial en las tres ramas del poder, dejaríamos de tener tropiezos y contratiempos de amargo sabor con la elección de Fiscal, Procurador, Defensor, Contralor y la integración y sus reemplazos en las altas cortes. Sería un Congreso respetable y respetado, y nunca más “manoseado”, quedando libre de alimañas que merodean por esos lares.
Marco Aurelio Uribe García.
Manizales, octubre 2 de 2014.