Un Estado que no priorice en el gasto en salud, que no garantice ni vele por tener una buena seguridad social que propenda por el bienestar social de todos sus asociados a través de la promoción, la prevención, tratamiento y su rehabilitación con calidad en el servicio procurando una cobertura total en la salud, que no evite que la salud siga siendo un negocio lucrativo para unos pocos y, ante todo, que permita que se pisotee a diario la dignidad de los afiliados que solicitan atención médica y suministro de droga, es indicativo de que la cúpula político-administrativa de dicho Estado es inepta, irresponsable y que está invadida por una asfixiante corrupción.

La seguridad social, sobre todo en el capítulo de la Salud, es una falacia en toda la extensión de la palabra. La falla ha sido humana por la desidia, la negligencia, la connivencia y la complicidad de la Superintendencia de la Salud, quienes no ejercen sobre las Empresas Promotoras de Salud un riguroso control en el manejo de los recursos de destinación específica para la salud, como es el de las UPC – unidad por capitación, en la sobre facturación, en los recobros, en la calidad y oportuno servicio al afiliado, etcétera, y, por supuesto, también recae la falla o responsabilidad en la Fiscalía y Procuraduría que no investigan ni sancionan penal ni disciplinariamente a los responsables de estas expoliaciones.

Aparte de los actores mencionados en este corrompido carrusel, existen otros que están mimetizados o camuflados y que son la llave de presión que no permiten que fallas tan notorias y nocivas se corrijan, porque prevalecen más los intereses económicos que comparten las mencionadas Promotoras con los altos funcionarios del sector salud, con la clase política reinante y con la casi totalidad de los Alcaldes del país a través del manejo del régimen subsidiado, quedando en segundo plano el interés colectivo y menguando ostensiblemente la buena atención de la salud de un pueblo.

Se volvió una constante en las Promotoras de Salud vulnerar y atropellar los mínimos derechos de los usuarios de la salud, sean estos del régimen contributivo o subsidiado, sometiéndolos de manera indolente y arbitraria, sin consideración a la edad o estado de gravidez, a trámites lentos, engorrosos, repetitivos e innecesarios para tramitar desde una simple solicitud de cita médica hasta las múltiples diligencias a realizar para la autorización de entrega de droga, no POS, y exámenes adicionales ordenados por el especialista, lo que acarrea demoras de muchos días a la espera de una innecesaria refrendación, mientras las dolencias avanzan.

Es por ello, que de tiempo atrás el gremio de los médicos ha venido sosteniendo con argumentos muy valederos la eliminación de las Empresas Promotoras de Salud – EPS- y volver a un sistema de aseguramiento público total, ya que la historia ha demostrado no sólo la ineficiencia de éstas, sino su alto grado de corrupción y de la capacidad corruptora que manejan. Sólo basta recordar lo ocurrido con SaludCoop y lo que se está presentando con Coomeva EPS, con los desvíos descarados de los recursos de la salud, y las autoridades de control ciegas, sordas y mudas, como si nada pasara, y sus actores siguen muy campantes en la impunidad.

Sin embargo, con la declaración de constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Salud por parte de la Corte Constitucional, se empieza a vislumbrar una luz esperanzadora al final del túnel; antes la salud estaba asociada a la beneficencia y la asistencia y pasó a ser concebida como sistema de seguridad social y ahora como derecho fundamental. No debemos olvidar que éste reconocimiento no concede patente de corso para que los usuarios de la salud cometan desafueros tratando de saquearlo y resquebrajarlo, desconociendo que los recursos para la sostenibilidad de la salud son finitos.

El Consejo de Estado, en un fallo trascendental para el sector Salud, avaló uno de los argumentos más fuertes del Gobierno para meter en cintura a las EPS: “las platas que reciben de los usuarios y del Estado deben estar enfocadas a garantizar el derecho a la salud de los afiliados y deben ser manejadas con la misma transparencia que se exige a las entidades públicas”. El alto tribunal, con ponencia del magistrado Marco Antonio Velilla, reitera la facultad de la Superintendencia de Salud para intervenir y sancionar a las entidades que no cumplen sus obligaciones o ponen en riesgo los recursos del sistema de salud. Fallo que ha sido nugatorio debido a la debilidad humana frente al poder persuasivo de la “coima”.

Para que el lector se forme una idea del caos que atraviesa el servicio de atención de la salud, pongo un ejemplo simple y del cual soy víctima. El 7 de mayo del año en curso, me ordenaron un examen urgente con el médico oftalmólogo, el 10 de julio de 2014 me realizaron el examen, ordenando regresar al Oftalmólogo con resultados de optometría y tomografía de mácula y recetando unas gotas oftálmicas para combatir un secamiento en los ojos que me produce malestar; regresé a pedir cita con el médico general para su autorización y la asignaron el 28 de julio, me dieron cita para el próximo 6 de agosto; me remitieron nuevamente donde el Oftalmólogo y la cita fue el 21 de agosto; éste me remitió donde el Ritonólogo, dándome cita para el 22 de octubre.

El 22 de octubre, el médico retinólogo me diagnosticó avance de degeneración macular y pérdida visual no recuperable, cataratas incipientes y atrofia EPR macular oi, y otras afectaciones que no entendemos los legos, me receta una droga para evitar el avance de la pérdida visual, emulsión Multiareds; el 27 de octubre solicito a Coomeva la droga, me informan que en 5 días hábiles me dan respuesta; regreso el 5 de noviembre y me informan que el Comité no la ha aprobado; recurro esperanzado a la Superintendencia de Salud y presento la queja el 6 de noviembre y hasta el día de hoy 19 de noviembre, Coomeva no ha suministrado la droga, y la “eficiente” Superintendencia en silencio sepulcral.

Me he comunicado 3 veces con la Superintendencia de Salud a los teléfonos 018000513700 y al 4837000, creyendo ingenuamente en la efectividad de este organismo como entidad encargada del control de las Empresas Promotoras de Salud, olvidando, como buen gil, el papel tan pobre que ha desempeñado en estos controles, especialmente en SaludCoop y, ahora, en Coomeva. Se dice que la Superintendencia está dotada de dientes para meter en cintura a dichas empresas. Y, es cierto, tienen unos “caninos” bien afilados, pero para mascar la coima.

Mientras el Estado, a través de la Superintendencia de Salud y de la Fiscalía, no sancione drásticamente a las Promotoras de Salud a fin de combatir el pésimo servicio, tanta indolencia y tanta corrupción, cualquier modelo de seguridad social es nugatorio, es un espejismo y, mientras tanto, seguimos en la “olla” los de la tercera edad, y a diario gestándose muchos “Palacinos” en esas Promotoras de la Salud, con la platica de los usuarios y la del Estado.

Marco Aurelio Uribe García.
Manizales, noviembre 20 de 2014.