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En su artículo “Cuatro preguntas” de Antonio Caballero, publicado en la última edición de la revista Semana, hace un análisis de los efectos corruptores, y corrompidos diría yo, que produce la plata que se “invierte” en los comicios electorales. Y trae a colación la respuesta que diera una persona derrotada en las pasadas elecciones en un pueblo de la geografía nacional: “Es que la plata conmueve a la gente”. Además, agrega el columnista algunos sinónimos de conmover: estremecer, emocionar, transfigurar, habiendo olvidado otro efecto: que hace reír y/o llorar. (http://www.semana.com/opinion/articulo/antonio-caballero-cuatro-preguntas-sobre-las-elecciones-regionales-2015/448108-3).
También, es excelente la metáfora sobre la plata limpia o plata sucia, cuando su efecto corruptor y corrompido es exactamente el mismo sin importar su origen, sino su destino, porque en su trasegar la plata queda igualmente sucia, ya que su fin es protervo. Cita también, la pregunta que hacía sor Juana Inés de la Cruz: ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga: la que peca por la paga o el que paga por pecar?, la cual lleva la respuesta más que implícita: por la plata baila el perro y el resto para el que ameniza el baile.
Estas donaciones de la plata limpia, que termina en sucia, hecha por los monopolios u oligopolios, o sea, por los que manejan la economía nacional o, mejor, los dueños del país, y que relativamente su cuantía es ínfima frente al enorme gasto que demanda la elección de un candidato por escogencia popular, terminó en una fachada o mampara para violar olímpicamente los topes legales y gastar a manos llenas, y ante la mirada y el silencio atónito de las autoridades y de los ciudadanos, los dineros maculados con sangre provenientes de los diferentes grupos o personas al margen de la ley o de aquellos que salen de las agencias estatales.
Olvidó el columnista de la revista Semana, no sé si por omisión involuntaria o por algún otro motivo, hacer referencia a los dineros girados por el Estado (con guiño presidencial) a través de sus diferentes organismos y rotulados como “cupos indicativos”, sobre todo aquellos provenientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y Acción Social y que dependen directamente de la Presidencia de la República, por cuanto estos recursos sagrados por su destinación especifica (riesgos, desastres o calamidades, etcétera.), son desviados impunemente a financiar campañas políticas utilizando métodos delictivos, especialmente en la compra-venta de votos.
Las secuelas arrasadoras y nocivas que deja el empleo distorsionado de los mencionados cupos indicativos en la sociedad, sobretodo en su democracia, son inconmensurables, se podría decir que sus resultados devastadores son casi equiparables y perjudiciales como los que ha dejado el paramilitarismo en nuestro país, comenzaron con el ingenuo cuento de “autodefensas campesinas” y terminaron dejando ríos de sangre y permeando a Raimundo y todo el mundo.
El presidente Santos no fue el inventor de la corrupción. No, pero fue el artífice de primer orden procurando perfeccionar y engordar al abominable monstruo de la corrupción y blindarlo de impunidad, cuando siendo ministro de Hacienda en el gobierno de Andrés Pastrana (año 2000), creó el engendro diabólico de los inicuos e inadmisibles “cupos indicativos”, nuevo filón de la corrupción parlamentaria y volviéndose el financiador por excelencia de las campañas electorales reeleccionistas, con poder perturbador y obstruccionista para el ejercicio pleno y libre de una verdadera democracia.
Y como dice el refrán, “hecha la ley, hecha la trampa”. A cambio de sostener una gobernabilidad, y con el beneplácito de gobiernos anteriores y, sobretodo, de éste se empezaron a rebuscar diversos eufemismos para disimular o disfrazar burdamente lo que antes eran los auxilios parlamentarios, dándose rienda suelta y sin control fiscal a los cupos indicativos a través de denominaciones como: distribución de recursos públicos por capacidad de gestión, asignaciones del gobierno a obras regionales, etcétera, siendo más dañinos que los auxilios de otrora y con unos efectos corruptores extremos que dejan mucho que desear de la dignidad y la mayestática presidencial al patrocinar y ordenar los millonarios desembolsos para el festín de la corruptela parlamentaria.
El Presidente Juan Manuel Santos, tiene el deber ineludible y la obligación legal, moral y ética de ordenar de manera perentoria a todos los organismos estatales, incluyendo institutos descentralizados o empresas industriales o de economía mixta, que den a conocer a la opinión pública, los millonarios desembolsos efectuados entre agosto de 2013 a la fecha de dineros canalizados como cupos indicativos y con destino a diferentes obras regionales, así como también los nombres de los beneficiarios y gestores. Lo contrario sería cohonestar y ser connivente abiertamente con el fraude y la corrupción en procura de sostener la gobernabilidad.
Si el presidente Santos no atiende este Derecho de Petición público y de interés general, la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación, como la Contraloría General de la República están en la obligación legal de adelantar de oficio estas investigaciones qué, sin lugar a dudas, conducirán a descubrir el mayor peculado de nuestra historia republicana.
¿No sentirán un poco de escozor y vergüenza los organismos de investigación y control por ser tan ineptos o cobardes o alcahuetas o cómplices de estos descarados “robos”, y que son vox populi?
Mientras no se proscriban los cupos indicativos y no se adelante una reforma política de fondo y se prohíba la reelección indefinida de los parlamentarios, este país no tendrá arreglo y el cuento de la paz será una falacia, teniendo los “vividores” una excusa válida para el resurgimiento de nuevos grupos criminales. ¡No se puede llegar a ser tan ingenuo!
Marco Aurelio Uribe García.
Manizales, noviembre 5 de 2015.
