Mientras existan algunos periodistas y/o columnistas y/o perduren ciertas cabezas o dueños visibles o invisibles de los medios de comunicación, que en obediencia a intereses económicos o personales reflejados, en primer lugar, en pautas publicitarias, o que por temor o cobardía distorsionen o callen la verdad, tendremos por sécula seculórum una información, ya sea escrita, radial o televisada, sesgada con verdades a medias o mentiras completas. Esto los ubica en posición vergonzosa y los hace perder imagen y credibilidad ante la opinión pública, y, de paso, se coarta el deber y el derecho a la información y se infringe la obligación legal de denunciar ante la autoridad cuando se tiene conocimiento de la comisión de un delito.

Son pocos los que se han atrevido a denunciar públicamente las fallas o desmanes de ciertos funcionarios que ocupan altas dignidades del Estado, y si lo hacen, recurren a eufemismos y/o sutilezas tangenciales que sólo distorsionan la verdad. Lo que causa vergüenza ajena, no concitando en lo más mínimo a la reacción ciudadana ni apremiando a los órganos de control, investigación y juzgamiento al cumplimiento de sus deberes y funciones legales, como única arma en la lucha frontal contra la impunidad y la corrupción en sus diferentes modalidades.

En las esporádicas y timoratas denuncias que los medios, a través de sus corresponsales, les hacen a funcionarios y servidores públicos por sus sistemáticos desafueros y hechos de corrupción, jamás he leído que la denuncia sea precedida por una alerta o recriminación drástica para los responsables de la elección, designación o nombramiento de esas personas, ya que por regla general la falla es humana, bien sea por ineptitud por falta de una preparación adecuada o por ser carente de unos mínimos principios y valores éticos y morales o haber estado o estar incurso en hechos delictivos.

Estas fallas y errores garrafales causan el desbarajuste que provocan las personas que dirigen y conforman las instituciones. Que tienen su génesis, en primer lugar, en el constituyente primario, ya que muchos por su ignorancia y otros por famélicos y por la venta de su conciencia, terminan eligiendo con su voto al candidato menos indicado y más corrupto para ejercer el cargo o para integrar la corporación pública. Situaciones que se dan sistemáticamente cada vez que se realizan comicios electorales para tal fin, y que son secundados por un torpe abstencionismo.

Al menos, la “escogencia” de los funcionarios o servidores públicos, sobre todo de las cabezas rectoras de la rama ejecutiva y la totalidad de la rama legislativa, se realiza a través del voto directo del ciudadano, así las normas penales electorales sean deficientes o cortas o no se apliquen por negligencia o corrupción de los operadores judiciales para garantizar un pleno y diáfano ejercicio democrático. Lo cual da cabida a prácticas ignominiosas y que son manipuladoras de endebles voluntades, lo que permite la compra-venta del voto por dinero o promesas burocráticas, el constreñimiento al elector, etcétera, etcétera.

Si por los lados de las ramas ejecutiva y legislativa el firmamento es gris y casi negro y los relámpagos y truenos encandilan y ensordecen, responsabilidad única y exclusiva del “inepto vulgo”, por el lado de la rama judicial y del ministerio público los rayos y centellas producen pánico, terror y delirium tremens. Siendo la provisión de cargos, tanto de magistrados de las altas cortes, como el de fiscal y procurador de la nación, contralor general y defensor del pueblo, de un variopinto desconcertante e ininteligible de componendas y cuya falla sólo es atribuible a una posición pusilánime o de un Presidente o de un Congreso permeado y corrupto, sin voluntad política para sacar avante estas reformas necesarias, erradicándose aquí el mayor foco de corrupción del país.

Lo más patético e inconcebible son las designaciones de altos funcionarios que se dan por parte de los órganos o cuerpos colegiados, por cuanto en estos se presume que son de gran probidad e independientes y que ostentan inmensos valores éticos y morales, condiciones que se están extinguiendo por la metástasis que la corrupción ha hecho en su seno. Y seguimos atónitos, y casi desahuciados, esperando una reforma política de fondo, la cual sólo la podríamos ver con un gobierno de facto, y, por supuesto, que sea transitorio.

El caso más aberrante y angustioso es el que ha tenido que soportar este país con la designación de este Fiscal y Procurador, Montealegre y Ordoñez, siendo de un corte muy similar por sus desafueros exorbitantes, por su megalomanía, por sus veleidades, por su arbitrariedad, por entrometidos, por desestabilizadores, por extra limitación en sus funciones, por omnímodos y omnipotentes en su descarado manejo del presupuesto de la entidad a su cargo, por desaciertos en sus investigaciones y decisiones, por codiciosos de poder y por sus declaraciones empalagosas y desconcertantes.

Culpable único de este desacierto perturbador, el presidente Santos por su postulación ante la Corte Suprema del primero, sabiendo que estaba incurso en incompatibilidades por lo de SaludCoop – EPS, y la reelección por el Congreso del segundo, por el mutismo que guardó frente a esta desacertada reelección y por la indiferencia y desprecio para con su postulado.

Colombia a diario se asfixia por la carencia de personas más probas y de reconocida solvencia académica, moral y ética, para que sean los indicados a desempeñarse como funcionarios o servidores públicos. Situación ideal qué solo se logra, cuando el pueblo aprenda a votar con independencia y responsabilidad.

Marco Aurelio Uribe García-
Manizales, noviembre 19 de 2015.