No sé si el presagio del Alcalde Peñalosa, en su nueva política ambiental y ecológica para la Capital en lo que concierne a la protección y fomento de la fauna y la flora, de que dentro de 20 años los bogotanos verán por sus calles saltar juguetones los inofensivos venados que bajan plácidos de los reforestados cerros tutelares en el crepúsculo del día, se dará, porque lo que sí empezamos a ver, sin lugar a dudas, es que en la nueva administración de Enrique Peñalosa saltaron como la liebre ciertos “lobos” depredadores y expoliadores de la cosa pública.

Casi se puede afirmar, dada su condición personal, su formación académica, su modo de pensar y actuar y su inocultable fobia por el clientelismo, que el alcalde de Bogotá designó como su Secretario de Ambiente al señor Francisco Cruz Prada, sin saber de quién se trataba, sin conocerlo de vista, trato o comunicación, sólo creyéndole a su “padrino” que lo postuló, y quien de paso asaltó la buena fe del alcalde. Pues lo cierto, señor Peñalosa, es que se equivocó de cabo a rabo, no porque sea inepto para el cargo, al contrario es bastante idóneo y conocedor de la tarea encomendada, sino por la ausencia en él de elementales principios éticos y morales y, además, por su desaforada e incontrolable codicia.

El señor Cruz Prada, parece que es oriundo de la región de los Llanos Orientales, y a principios del milenio aterrizó en Manizales bajo la égida incondicional de todos los parlamentarios del Partido de La U, en ese entonces no existía el Partido Centro Democrático, los cuales lo auparon e impusieron en la dirección de la Corporación Autónoma Regional, por lo qué se infiere que estos “impolutos visionarios” hicieron uso de un buen tráfico de influencias, conociendo esta prohibición, y desconociendo olímpicamente el talento y el desempleo local. Su paso por la Corporación dejó mucho que desear, pero le valió para mitigar la gula clientelista de sus benefactores políticos y granjearse, aún más, su absoluta confianza.

No satisfechos con este logro clientelista, continuaron atropellando y desconociendo los valores intelectuales y académicos de los caldenses, hasta llegar a tener la osadía de postular e inscribir a este advenedizo como candidato para Gobernador de Caldas, periodo constitucional 2008-2011, respaldado nuevamente por todo el Partido de La U, con ex ministro de Hacienda y bancada parlamentaria a abordo. Por poco gana. Gracias al Señor, fue derrotado por otro no muy recomendable, pero menos dañino que Cruz Prada y algunos de su cuadrilla; al menos, nos quedó en su integridad la Catedral Basílica y el Bolívar Cóndor del maestro Arenas Betancurt.

No obstante su pobre gestión al frente de la Corporación, y como premio de consolación por la pérdida de la elección para gobernador con su candidatura, sus eternos protectores políticos, Óscar Iván Zuluaga, Adriana Gutiérrez, Mauricio Lizcano y Hernán Penagos, tomaron por unanimidad la decisión más irresponsable y perjudicial para Caldas y para el país, y “ordenaron” a sus amanuenses miembros de la Junta Directiva del Aeropuerto de Palestina que eligiesen a Francisco Cruz Prada, como su gerente o director, tirando así por la borda el proyecto de infraestructura más importante y grande que ha tenido Caldas y Manizales en toda su historia.

La Corporación Cívica de Caldas, a raíz de los múltiples comentarios generalizados de la ciudadanía por supuestas irregularidades en la adjudicación de algunos contratos en el proyecto del Aeropuerto de Palestina, tomó la decisión de hacer un estudio a fondo y juicioso sobre las denuncias, a fin de hacer claridad y evitar daños al macro proyecto de infraestructura más importante que se desarrolla en el departamento, lo cual puso en conocimiento de los órganos de control, sin obtener resultados concretos de responsabilidad hasta el momento y que siguen cobijados por una impunidad alarmante e inexplicable.

Se estableció, casi inequívocamente, algunos hechos o situaciones anómalas en el otorgamiento de los contratos de obra de los terraplenes 8, 9 y 10 del proyecto, así como en los de interventoría, que preocuparon a la ciudadanía en general, como deberían de haber preocupado y molestado, con sobrada razón, a la autoridad departamental y municipal y a los directivos del Aeropuerto, quienes a tiempo de la adjudicación omitieron a sabiendas el análisis objetivo de la documentación, ni la investigación posterior ha tenido avances significativos al respecto. No obstante, ser vox populi el entramado de estos consorcios, lo que demuestra la desidia y falta de diligencia y responsabilidad de las directivas contratantes y la inoperancia y connivencia de los entes de control e investigación.

La construcción de los tres terraplenes, incluyendo la interventoría, tuvieron un costo cercano a los 120 mil millones de pesos; varios socios se mezclan en diferentes consorcios y son dueños de empresas en común (contratistas e interventores), lo cual deja un sabor amargo y mucho que desear en la calidad de la obra contratada; los pre-pliegos aparecen elaborados por Francisco Cruz, Gerente del Aeropuerto y diseñados casi con nombre propio para su fácil adjudicación, como en efecto ocurrió, lo cual dejó un hedor pestilente. Se afirma que el detrimento patrimonial del proyecto Aeropuerto de Palestina, fue cercano a los 90 mil millones de pesos. Con todo y esto, no se llevaron la Sede para Pereira, de milagro.

La ex Contralora General de la República, Sandra Morelli, en declaraciones concedidas a RCN, desde Roma, Italia, cuando estaba exiliada, afirmó: “que cuando iba a iniciar la investigación sobre responsabilidad fiscal en el Aeropuerto de Palestina, un funcionario de la fiscalía la había increpado advirtiéndole que si abría esa investigación tendría muchos dolores de cabeza”, dando a entender que en este negocio existía mucho “pez gordo”. ¡Qué tristeza! ¿Es éste el país que nos merecemos? ¿No sentirán vergüenza las autoridades judiciales, empezando por la Corte Suprema, de ver tanto tropel delictual impune y muchos sentados muy orondos en las curules del Congreso Nacional? ¿Qué será lo que se untan mis coterráneos caldenses, especialmente los politiqueros, para permanecer inmunes al peso de la ley por tantas de sus fechorías, incluyendo alianzas con paramilitares y narcotraficantes?

Cuando designaron a Francisco Cruz Prada, Secretario de Ambiente de Bogotá, sentí desconcierto por el error garrafal de Peñalosa, pero fue mayor éste y la rabia y tristeza cuando leí las críticas de un “Cenador” de la República en su nombramiento, por tener una inocultable doble moral y no tener ninguna autoridad para opinar al respecto, por cuanto fue uno de sus “padrinos” a ultranza y usufructuario del clientelismo que prodigó Cruz Prada, en su aciago paso por esas posiciones.

Marco Aurelio Uribe García
Manizales, enero 21 de 2016.

Apostilla: En días pasados la Fiscalía me citó a una Audiencia de Conciliación por una denuncia penal que me instauró el señor Mauricio Lizcano, por el delito de Injuria y Calumnia. Mi sorpresa fue doble: primero, porque no sabía que los asertos vox populi o generalizados y notorios por la simple opinión analítica, además, en ejercicio de la libre expresión, fuera delito, y, segundo, Lizcano contrató los servicios profesionales del penalista José Fernando Ortega Cortés, el mismo que apoderó al educador correveidile que tenía Lizcano en Marmato, con la orden expresa de constreñir a los electores para que votaron a su favor. ¿Saben cuánto valen los honorarios del doctor Ortega Cortés, por una defensa penal? Hasta Lizcano le queda difícil sufragarla. ¡Ojo, señores de la Corte Suprema de Justicia!