Un frente de lucha anticorrupción lleno de ironías y paradojas
No hay nada más trivial que ladrarle a la luna creyendo ingenuamente que así cambiará su recorrido orbital. O tocar puertas de autoridades en procura de alertar o denunciar sobre conductas ilícitas a fin de que se investigue y sancione, porque allí todos se confunden entre delincuentes, cómplices o encubridores que se hacen los de la vista gorda o de oídos sordos, siendo del mismo talante y calaña, o sea, son parte de la misma cofradía teniendo el mismo objetivo o fin. En esta cofradía se encuentran, por supuesto, muchos de los medios de comunicación, quienes con su silencio cobarde y venal hacen parte del engranaje de la corrupción, como impulsadores de la impunidad.
En este país los principales invitados a sentarse a manteles en la mesa opípara de la corrupción son algunos funcionarios “privilegiados”, pertenecientes al ejecutivo y a la rama judicial, en asocio con personas de la empresa privada, preferible con multinacionales en consorcio con criollos y politicastros vergonzantes e indignos que sirven de enlace como buenas “celestinas”. En este banquete se ofrece una variedad de platos especiales, tales como: Licitaciones amañadas para adjudicar contratos, tráfico de influencias, sobornos, fraudes a la salud, abuso de funciones públicas, prevaricato, captación ilegal de dineros, contrabando, etcétera, etcétera; menú que nos mantiene en un alto ranking de corrupción a nivel mundial, haciéndonos sonrojar y sentir vergüenza ajena ante la comunidad internacional.
El latrocinio cotidiano que se comete de manera descarada e impune del erario parece que está tocando fondo y su explosión será estruendosa porque todo parece indicar que la tolerancia llegó a su límite, según se desprende de las declaraciones de ciertos dignatarios de organismos de control, no quedándole a estas instituciones más camino o salida que investigar y sancionar, sin ninguna consideración, a los responsables directos e indirectos de estas expoliaciones, siendo ésta una responsabilidad institucional, y recae sobre cada uno de sus directores, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Lo contrario sería despejar el camino hacia una desobediencia civil como medio de supervivencia social.
Y una de las tantas paradojas en esta lucha contra la corrupción que causa malestar y escepticismo en la gente, es qué los protagonistas de primer orden son la mayoría de la clase política a la par con los operadores judiciales; los primeros, son los encargados de hacer las leyes que consignan las grandes reformas que garantizan la lucha frontal contra las conductas corruptas, cosa que jamás se ve y si se legisla se hace con paños de aguas tibias y con atajos para evadir responsabilidades; y los segundos, son los encargados de una administración de justicia pronta y cumplida y que termina, por lo regular, garantizando una plena impunidad en su propio pellejo o en el de sus compinches. Situación ésta que mantiene florido el árbol de la corrupción.
A raíz del último escándalo de corrupción que se dio por el caso “Odebrecht”, todos, corruptos y no corruptos, incluidos los privados, levantaron la polvareda con su voz de protesta tardía y con manifestaciones hipócritas de examen de conciencia, contrición de corazón y propósito de enmienda, unos piden “unión total” para extirpar el tumor cancerígeno de la corrupción, otros, los políticos, buscan cinicamente echarle mano a la bandera de la anticorrupción como programa prioritario para su campaña y asegurar su reelección, creyendo erróneamente que así obtienen la catarsis que necesitan para limpiar todas sus actuaciones delictivas.
Para empezar dizque la campaña anticorrupción, el Gobierno expidió un nuevo decreto que modifica el Decreto 777 de 1992, el cual reglamenta la celebración de contratos con las entidades sin ánimo de lucro. Según el mandatario, con esta medida se frenan los abusos en la contratación directa con esta clase de entidades. Sostiene el presidente Santos que “también nos sirve para identificar y rastrear los recursos que se ejecutan a través de subcontratistas que muchas veces son los verdaderos dueños de los negocios, y usan fundaciones fantasmas para contratar”, explicó que este tipo de triquiñuela es muy usada por los corruptos, quienes crean fundaciones para obtener beneficios en lo público y robar los recursos. Nada más ridículo y jocoso que esta medida, salvo si investigue a fondo el destino que se le ha dado a los “cupos indicativos”, porque ahí sí salen a flote las fundaciones fantasmas creadas para robarse estos recursos. Y eso, señor fiscal y procurador y contralor, es lo que viene ocurriendo en este país desde el año 2002. ¡Investiguen no más impunidad, carajo!
Además, y para seguir extendiendo cortinas de humo en procura de calmar el malestar del “inepto vulgo” y tapar atajos, Santos firmó la Declaración por un Estado Abierto para que las ramas del poder público estén totalmente abiertas y los ciudadanos ejerzan control. “Se trata de tener una rama judicial abierta, un Congreso abierto, unos órganos de control abiertos, unas entidades territoriales abiertas, y no sólo un Ejecutivo abierto; después de ganar la guerra por la paz debemos ahora ganar la guerra contra la corrupción», aseguró el jefe del Estado. Nada más paradójico e irónico que esta posición, de dientes para afuera, frente a la lucha anticorrupción que se propone. Claro, que “los únicos que no cambian de parecer son los imbéciles”.
Santos, en su paso como ministro de Hacienda, en el gobierno de Andrés Pastrana, y para congraciarse con él y con la clase política corrupta y voraz, se ingenió la perjudicial y diabólica figura de los “cupos indicativos”, los cuales han distorsionado la libre y plena democracia, han enriquecido a los políticos amigos del régimen y han corrompido a gran parte del electorado raso y famélico; recuérdese las elecciones del año 2014 con las astronómicas y desaforadas sumas de dinero que se desembolsaron a través de las diferentes agencias estatales para la reelección de presidente y elección de congreso, dineros que fueron a engrosar los patrimonios de la clase política corrupta, y que no se han atrevido a investigar ni la Procuraduría ni la Fiscalía ni la Contraloría, evitando así pisar callos de personajes de mucho peso. ¡Hasta la sal se corrompió!
Pero, esto es poco comparado con el daño que le hizo Santos al país y a la institución encargada de investigar y acusar los delitos cometidos, con la postulación que hizo ante la Corte Suprema de Justicia de Eduardo Montealegre para fiscal general, y qué tal el respaldo implícito que dio con su silencio a la reelección de Ordoñez Maldonado para la procuraduría general. ¿Nacerá otro Ser que llegue a la presidencia de la República que cause más daño y que impulse tanto la corrupción como éste? ¿No habrá entre sus “opacos” ministros, alguno que sea leal y le muestre este escrito, y que es el sentir nacional?
Y lo más paradójico e irónico de toda esta novela, se dio cuando el presidente Santos hacía la presentación de su “placebo” para la corrupción, y se vio a su lado al “impoluto” presidente del Senado de la República, Mauricio Lizcano Arango, un consentido y privilegiado por la impunidad. La elección de este individuo a tal dignidad es una afrenta para el país, para la institución y para los pocos senadores decentes que aún quedan. En la Corte Suprema dormita un proceso penal en su contra radicado bajo el número 30.891 por Concierto para Delinquir en la modalidad de paramilitarismo y narcotráfico por relaciones con los paramilitares del Bloque Cacique Pipintá y relaciones con el narcotraficante extraditado Carlos Arturo Patiño Restrepo, Constreñimiento al elector, delito que cometido en Marmato, Caldas (Ver:http://www.lapatria.com/caldas/campana-de-mauricio-lizcano-intimida-votantes-en-marmato-55454- )
Y como si lo anterior fuera poco, a partir del miércoles 18 de enero de los corrientes y hasta que las directivas terminen su viaje a Washington, el Senado quedó acéfalo, es decir sin cabeza o jefe. Los dos vicepresidentes aprobaron el viaje del presidente y sus viáticos y éste con cada uno de ellos aprobó el viaje del otro, a pesar de que la ley les prohíbe viajar por cuenta del erario público, salvo que medie autorización aprobada por las tres cuartas partes de cada cámara, según la Constitución política artículo 136 numeral 6 y ley 5 de 1992- , con derecho a pasajes y a viáticos de US$500.oo diarios. ¿Esta conducta es un delito de prevaricato o peculado, o qué carajos es?
Además, debe de conocerse que pasó con la investigación administrativa disciplinaria y penal que se le abrió por parte de la Personería de Manizales y que fue entregada a la Fiscalía cuando se desempeñó como Secretario de Tránsito de Manizales, por exigir un porcentaje o coima del 35% sobre el valor de unos contratos que se suscribieron con el maestro de obra Didier Jaramillo, relacionados con señalizaciones viales. Estos contratos encierran unas características macabras, hubo un homicidio y, parece, que hay desapariciones, y siguen en la impunidad.
Señores de la Corte Suprema de Justicia y/o Consejo de Estado, estas conductas del actual presidente del Senado fueron notorias y conocidas por todo el pueblo caldense, sólo ustedes en su “sabiduría y equidad” cierran los ojos y se taponan los oídos. Ahora, ¿ese viaje arbitrario e ilegal que hicieron las directivas del Senado a USA, en qué queda? ¿en qué tipo penal encuadra esta conducta?
Marco Aurelio Uribe García.
Manizales, enero 26 de 2017.
Apostilla: Los alcaldes capitalinos, Petro y Peñalosa, coinciden contra las corridas de toros cuando hace menos de una década tenían otra postura. Petro, como senador, votó a favor de la ley del toreo y Peñalosa condecoró a los empresarios taurinos. No olviden que la doble moral y la hipocresía hacen parte del tinglado de la corrupción.