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Impunidad, el faro guía de la corrupción

“La justicia tolerante, es cómplice del maleante”

Colombia está acorralada por una asfixiante, descarada y cínica impunidad, la cual mantiene florido el árbol de la corrupción. Impunidad que cobija a todos los corruptos del sector público y privado, y la cual goza de la connivencia y corre por cuenta de las instituciones estatales encargadas de estos menesteres, tales como: Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Fiscalía y Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República.

Antes de entrar en materia, vale la pena recordar esta anécdota: En la década de los 60 fue elegido representante a la Cámara el doctor Alfonso Vásquez Jiménez, por la circunscripción electoral de Caldas. Con motivo de esa elección un conocido suyo en Victoria Caldas, le manifestó: ¡Doctor, lo felicito por ese gran honor!, a lo que Vásquez le respondió: No mijo, el honor más grande que me ha deparado la vida fue el día en que me designaron Juez de la República.

En épocas pretéritas se sentía plena tranquilidad y seguridad hacia los operadores judiciales, situación que hoy en día no se da, y en ciertas ocasiones nos invade el escepticismo y recordamos con nostalgia que “todo tiempo pasado fue mejor”; cómo no recordar esas épocas en las que se administraba una justicia cristalina, imparcial y con equidad desde el pináculo del tribunal supremo hasta el más humilde juzgado promiscuo municipal, cuando se proferían Jurisprudencias en puro Derecho y Sentencias impecables sustanciadas por personas sin mácula alguna. ¡O tempora! ¡O mores! (¡Qué tiempos! ¡Qué costumbres!) Exclamación con que Cicerón se lamenta de la perversidad de sus contemporáneos (sic) (diccionario Larousse).

La estabilidad institucional, así como también, la convivencia pacífica y armónica de una sociedad descansan en una diáfana, segura, pronta y cumplida administración de justicia, jamás en una justicia endeble, politizada, polarizada y selectiva como la que venimos constatando y padeciendo desde hace varios años hasta el día de hoy, como consecuencia de los desafueros, la desidia y de decisiones non sanctas o equivocadas por parte de algunos miembros de las altas cortes o de los organismos de investigación, vigilancia y control, lo que indefectiblemente conduce a la impunidad siendo un excelente caldo de cultivo de la asfixiante corrupción que nos azota, cobrando así gran vigencia el viejo refrán que reza: “la justicia es para los de ruana” .

Es ostensible, hoy en día, la mengua o pérdida de los valores morales y éticos, tanto en funcionarios públicos como en particulares, afirmación que se corrobora, inequívocamente, habida cuenta de la cascada de delitos contra la administración pública y de justicia, y que se vienen presentando con una cotidianidad asombrosa, sólo se requiere mirar los desfalcos a la salud, los descalabros de las bolsas de valores, la captación ilegal de dineros, el tráfico de influencias desmesurado ante los organismos estatales, los millonarios sobornos para la adjudicación de contratos de diferente índole, los carruseles en las pensiones, etcétera, etcétera,.

La justicia tiene que ser pronta y cumplida, ya que “tiempo que pasa es la verdad que huye”, o sea, que una eficaz investigación por la comisión de los delitos no debe admitir dilaciones innecesarias que puedan obstruir el camino a establecer la verdad y, por ende, la responsabilidad. Situación que genera impunidad y nos lleva a la incertidumbre, a la inseguridad y al desasosiego, como ocurre con ciertas investigaciones que se adelantan contra varios congresistas por diversos delitos, inhabilidades e incompatibilidades y que son objeto de unas dilaciones inexplicables y sin ninguna justificación; además, a sabiendas de que el foco o nido de corrupción más grande del país se encuentra en el flamante Capitolio Nacional, y cuyo olor pestilente es insoportable.

En estos procesos, la responsabilidad de los actores es notoria y bien conocida por muchos y callada por cobardía, siendo bien reconocida su proclividad a un variopinto de delitos abominables y macabros (paramilitarismo) hasta unos de poca monta o menos graves (ratería), y que estos altos operadores judiciales con pleno conocimiento y convencimiento de la participación dolosa de cada uno de ellos, procuran por todos los medios un favorecimiento selectivo llevando los expedientes a los anaqueles para su sueño profundo, lo que ha causado un malestar general habida cuenta de que estos “crisoles” son los encargados de expedir las leyes. Deja mucho que desear la lentitud con la que se manejan estas investigaciones y sus decisiones, lo que da pie para que estos personajes busquen su reelección y se atornillen en esa sinecura.

Todo apunta a que el señor fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, le está dando un manejo acertado al ente investigador y acusador, cosa que no fueron capaces de hacer sus antecesores y que fueron inferiores a la nefasta corrupción. Hasta ahora, la dirección impecable que le está dando a la investigación por los escandalosos sobornos por parte de la firma brasileña Odebrecht, para la adjudicación de millonarios contratos con el Estado, le están devolviendo la tranquilidad y confianza a la ciudadanía en asuntos de justicia, sin que se perciba ningún indicio de favorecimientos. Ojala no se canse en la mitad del camino por aquello de las presiones politiqueras o de estrecha amistad y termine de “sacaculista”. Buena por este funcionario. “Hijo de tigre sale rayado, y de …”

Es de anotar que Consejo Nacional Electoral, puede adelantar investigaciones administrativas electorales no penales y, de antemano, ya se sabe que no encontrarán registro de estos dineros en la “contabilidad” de campaña, por cuanto está prohibido recibir aportes de compañías extranjeras. La competencia para investigar penalmente es indelegable por parte de la fiscalía.

La negación o la ocultación de los hechos siempre han estado en primera fila en todos los lugares del planeta. No obstante denunciarse con antelación muchos hechos que encierran peligro inminente son desatendidos o negados enfáticamente, lo cual ha facilitado la consumación del delito, tal como ocurrió en muchos países, por ejemplo, con las denuncias de pederastia cometidos por miembros de la Iglesia, y formuladas a tiempo ante sus jerarcas, quienes cobardemente, en principio, los encubrieron con su silencio por favorecimiento o porque estaban comprometidos en esa clase de delitos.

Colombia ha sido por excelencia un caldo de cultivo en esta nociva práctica. Los colombianos somos expertos en la negación de los hechos con rasgadura de vestiduras y/o en desconocer situaciones peligrosas hacia el futuro, como ocurrió con las primeras captaciones ilegales de dineros en la década de los 80 con don Félix Correa; el beneplácito y la aceptación en sociedad de los poderosos narcotraficantes Escobar, Ledher o El Mejicano o los del cartel del Valle; los visos de legalidad que se dieron en Antioquia a las famosas “Convivir” y su vertiginosa expansión a otros departamentos con su macabra metamorfosis a los temibles paramilitares.

Señores Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Fiscalía y Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República, el país se lo están robando en sus narices a través de los dañinos “Cupos indicativos”, cuyo efecto corruptor es de altísimo costo para la democracia como para el erario. Estos representan en cifras monetarias el mayor fraude (léase peculado y falsedad) continuado que se esté cometiendo en Colombia. El Portal virtual “Las 2 orillas” denunció hace algún tiempo los millonarios cupos que se distribuyeron a los congresistas para las campañas del año 2014, y pidió que se investigaran su destino final; solicitud que llegó a unos invidentes de aguda sordera.

Marco Aurelio Uribe García.
Manizales, febrero 9 de 2017.

Apostilla: El día que se investigue el destino de los cupos indicativos, será tan estruendoso como la investigación de la “parapolítica”.
Cómo estará este país de atosigado con la corrupción, qué hasta Ernesto Samper está preocupado.

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Marco Aurelio Uribe García, abogado. Manizales

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