¿Qué arcanos rodean a los cupos indicativos?
La corrupción que genera los “cupos indicativos” es, sin lugar a dudas, el mayor foco de corrupción que existe hoy en Colombia, su poder corruptor desestabiliza sus instituciones y tiene una gran afectación en los valores de la ética y la moral, socava la justicia como tal y atenta contra el libre ejercicio de elegir y ser elegido democráticamente. Un Estado que permita el apoltronamiento de la corrupción y sea permisivo en su expansión y no tenga como prioridad una lucha coercitiva frontal para su reprensión, está condenado a vivir a futuro los días más aciagos de su historia, lo que lo conduce indefectiblemente al despeñadero y al caos total de la sociedad y termina imponiéndose la ley del más fuerte.
Las diez plagas de Egipto, así como los cuatro jinetes de la Apocalipsis, son unos ramitos de flores que, por decirlo de alguna manera, adornan el salón principal de una fiesta de “quinceañera” comparado con los estragos, la desolación y las secuelas que deja a su paso una corrupción rampante como la que tenemos que soportar en Colombia una mayoría abrumadora de gente de bien frente a la de unos pocos portadores de esa infernal peste, con la connivencia, la impunidad dispensada y el cinismo extremo de ciertos Organismos de Control, por su desidia o temor para afrontar indagaciones sobre el destino dado a ciertos “cupos indicativos” entregados a ciertos parlamentarios en su calidad de gestores.
En declaración en vivo y en directo por un noticiero televisivo en días pasados, el nuevo procurador general, Fernando Carrillo Flórez, a raíz del escandaloso soborno por parte de la empresa brasileña “Odebrecht” a funcionarios estatales, manifestó: “Odebrecht tiene todas las características de una empresa criminal, lástima que no tengamos las herramientas legales para decretarle su muerte jurídica”. Pero no, señor procurador, en Colombia tenemos la empresa criminal más grande que se haya podido gestar, y es, precisamente, la que existe entre la Casa de Nariño y el Congreso nacional a través de los “cupos indicativos”, hasta ahora, intocables en alguna investigación.
Cuando un pueblo pierde su sentido de pertenencia y hay ausencia de los valores éticos y morales, es evidente la existencia de una descomposición social. Colombia en toda la historia republicana ha tenido en la clase dirigente política unos personajes que han sido prolíficos en ciertas actuaciones que riñen abiertamente con algunos artículos del código penal, con las buenas costumbres y con los más elementales principios de la ética y la moral, las cuales se han arraigado y extendido como pandemia a una parte considerable de la población, ya que por su facilismo para un enriquecimiento ilícito su enquistamiento es atractivo.
No queriendo significar que las trampas o artimañas que se utilizan en diversas actividades, públicas o privadas, para el logro de algunos objetivos son de exclusividad nuestras. No, éstas se dan en la mayoría de los países del mundo, con un agravante adicional, entre nosotros así quede al descubierto todo sigue igual, nada pasa, nadie se inmuta o no se denuncia o no se investiga o se desvía la atención o no se le da el alcance de la gravedad que encierra y los medios de comunicación ponen su granito de arena con una información timorata y casi desapercibida, de todas maneras, en la mayoría de los casos, queda impune.
Hemos presenciado, escuchado y padecido en los últimos cincuenta años hechos memorables que son imposibles de desconocer o tratar vanamente de olvidar, como medio de justificar o de aceptar uno nuevo sobreviniente de igual o peor calado, ya que aquellos han dejado huella indeleble por el impacto social y jurídico que el daño ha causado en la sociedad, siendo unos investigados y pocos los sancionados, pero terminando todos en la penumbra de la impunidad sin importar su gravedad, pero sí las condiciones especiales de su actor.
Las consecuencias económicas y político-administrativas que estos hechos de corrupción le han traído al país son inconmensurables, aparte del impacto negativo se ha dejado un legado oprobioso y vergonzoso a futuras generaciones, por no haberse tenido el valor de denunciar estas maniobras dolosas que siguen resquebrajando las instituciones y, por ende, la democracia. De algunos hechos que han sacudido de manera impresionante los cimientos de las instituciones, hemos conocido verdades a medias y mentiras completas, lo cual no es saludable para una memoria histórica necesaria.
El pueblo colombiano ha sido pisoteado e irrespetado por muchos que han recurrido a la comisión de hechos de corrupción que van desde una simple expoliación de las arcas públicas hasta poner en duda la legitimidad y mayestática de la presidencia de la república, como ocurrió con la infiltración de dineros, unos prohibidos y otros de dudosa procedencia, a las campañas para la presidencia de 1994 (Samper), 2010 (Santos) y 2014 (Santos y Zuluaga); el desfalco de Caprecom, a Cajanal, a Dirección Nacional de Estupefacientes; fraude a la Salud; el negociado de Chambacú, en Cartagena; la Yidispolitica; las chuzadas del DAS: los falsos positivos; carrusel de la contratación; Agro Ingreso Seguro; paramilitarismo; carrusel de pensiones, etcétera, etcétera.
No se puede desconocer que las personas que le han hecho más daño al país desde el punto de vista moral y sicológico son Ernesto Samper Pizano, con su llegada a la presidencia con dineros de narcotráfico del cartel de Cali, después, el actual presidente Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, como candidato del centro democrático a la presidencia.
A partir del año 2002, comenzó con una cascada de hechos de corrupción con características de insólitas y fabulosas, con dimensiones de ingenio y maldad asombrosa, y otras con tinte macabro al extremo; a comienzos del año 2005 se empezaron a abrir algunas investigaciones, faltando muchas, y los resultados dejan mucho que desear. Muchas de estas investigaciones se encuentran inexplicablemente en los anaqueles de los despachos durmiendo el sueño de los justos. Se espera que se haga justicia, aunque no sea tan pronta.
Señores de la Corte Suprema de Justicia, señor Fiscal general, señor Procurador y Contralor general, porque le temen a la apertura de las investigaciones sobre el destino de los “cupos indicativos”, si es aquí en donde se encuentra entronizada la pestilencia nauseabunda del país.
Marco Aurelio Uribe García.
Manizales, marzo 23 de 2017.