Zonas Azules: nueva Concesión con olor “nidoroso”
El general Lázaro Cárdenas, héroe de la revolución mexicana junto a Pancho Villa (Doroteo Arango) y Emiliano Zapata, en alguna ocasión manifestó “Qué pesar de México tan lejos de Dios, y tan cerca de los Estados Unidos”. Frase esta que se podría parodiar ahora: Qué pesar de Manizales tan olvidada y descuidada por los órganos de control e investigación, ante el asedio de tanto roedor que la merodea, no obstante vislumbrarse los nubarrones oscuros de alerta que se empiezan a tender sobre la ciudad, y que cada día se acentúan más.
Por medio del Acuerdo 038 de 1992, el Concejo municipal, implementó el programa de las “zonas azules” en Manizales, a partir de 1993. Esta norma de alcance local, y que fue concebida e inspirada con fines “filantrópicos”, y libre de cualquier codicia de carácter económico, previó y señaló que esta concesión sólo podría ser contratada con organizaciones sin ánimo de lucro; contratación que hasta hoy estuvo a cargo de organizaciones de personas en situación de discapacidad, pero que fue atrofiada, según parece, por personas carentes de sensibilidad social y con desaforados apetitos de enriquecimiento (?).
En la administración de un alcalde de apellido Rojas, en el año 2015, se le asignó la concesión a la Asociación de Personas Discapacitadas – APD- , como el contrato de concesión, según se deduce por sus resultados, tenía tinte de leonino y nada de altruismo o generosidad para con el concesionario, empezaron los tropiezos e incumplimientos en obligaciones laborales, lo que los obligó en el 2016 a solicitar a la administración municipal una renegociación del contrato con miras a garantizar la viabilidad financiera e incluyendo un incremento en las tarifas. Solicitudes que le fueron negadas a la APD por parte de la administración, siendo este el camino expedito para asfixiar financieramente al concesionario y sacarlo por la tangente, facilitando así el “negocio a futuro”. Este es el clásico “abuso de poder dominante”.
Ante esta ignominiosa encrucijada en que pusieron a la Asociación de Discapacitados, incluso negando el incremento legal de las tarifas 2016, lo que fue facilísimo para el incremento del valor del transporte urbano, el 22 de febrero de ese mismo año, el contratista solicitó la terminación del contrato por las dificultades financieras. Esto fue aceptado por la Alcaldía mediante la firma de un acta de terminación por mutuo acuerdo del 29 de junio de 2016, fecha en la que se estipuló que el contrato debía seguirse ejecutando hasta 30 días después de adjudicada la nueva concesión.
Pero, lo que si deja mucho que desear y pensar, es de que en el mes de mayo del 2016, un mes antes de suscribir el acta de terminación del contrato, el Concejo de Manizales expidió el Acuerdo 904, modificando el Acuerdo 038 de 1992, el cual dio origen a nuevo programa, consignando textualmente que el incremento en la tarifa, de $1.200 y a $1.900, no aplicaría para el actual contratista, es decir ADP. En esta norma nueva no solo se autorizó el incremento de la tarifa de las zonas azules, sino que además se permitió que empresas con ánimo de lucro pudieran participar de su operación.
La regulación de las Zonas Azules fue modificada para admitir que entidades con ánimo de lucro, cuyo objeto social no estaba directamente vinculado con la protección de personas en condición de discapacidad, y que pudiesen participar en la licitación en el que, además, se incrementó el valor de la hora de parqueo en un 58%. El proceso licitatorio culminó con la selección de una compañía con serios cuestionamientos en distintos países de la región, poniendo en riesgo el espíritu y la finalidad que ha mantenido este programa a lo largo de su existencia.
La empresa a la que se le adjudicó el contrato de concesión de las zonas azules, ha sido cuestionada en varios procesos licitatorios en América latina y posee “SOCIEDADES OFFSHORE” en Panamá, esa empresa es SUTEC S.A. Esta concesión estuvo antecedida por un cambio en la reglamentación de las Zonas Azules, la cual autorizó un aumento en la tarifa que antes se había negado. Así de simple y de sencillo fue el “negociado”.
Pero, ¿qué es una sociedad offshore? Es una empresa cuya característica principal es que están registradas en un país en el que no realizan ninguna actividad económica. Los países en los que están radicadas suelen ser paraísos fiscales, para beneficiarse de las ventajas fiscales que éstos ofrecen. Las personas extranjeras que controlan la sociedad utilizan el paraíso fiscal como domicilio legal. A grandes rasgos, tres son las grandes ventajas que aporta: protección de activos, confidencialidad y privacidad, y ventajas fiscales. Los tributos que pueden evitarse con una sociedad offshore se encuentran el impuesto de sucesiones, el del patrimonio, los impuestos al consumo o el de la renta. offshore» no es en sí ilegal.
La administración municipal, incluido el “honorable” Concejo, se desprendió de cualquier brizna de sensibilidad social, de altruismo, de generosidad para con sus congéneres discapacitados, y peló el cobre mostrando su desafuero por el poder que, en un momento dado, puede deparar el dinero, así sea conseguido por cualquier medio.
Hay negocios o situaciones que son fáciles de inferir, y con ciertas inferencias se puede llegar a establecer la verdad plena. Sobre esto la Corte Suprema de Justicia ha sentado jurisprudencia, y en casos concretos, en juzgamiento de varios parlamentarios por parapolítica ha hecho condenas sobre la base de la inferencia.
“Blanco es, gallina lo pone y frito se come” se infiere que es el huevo. ¡O no!
En este contrato, con visos al parecer, con “coima” , la Fiscalía General como la Procuraduría tienen la última palabra. Ojala, todo no se vaya en bla, bla, y apariciones mediáticas.
Y los manizaleños siguen de ingenuos y votando por los mismos y, lo más grave, en cuerpo ajeno, y creyéndole a los coyotes superados y disfrazados de ovejitas.
Marco Aurelio Uribe García.
Manizales, junio 29 de 2017.
Apostilla: Las alarmas que prendió la Corporación Cívica de Caldas, no son en vano.
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