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“Congresista a la brasa”: menú de Magistrados
A este opulento y cerrado “banquete” de magistrados realizado hace algunos años en la capital colombiana, y que tiene las características como la definición de los númerus clausus impidiendo alterar dicha relación añadiendo una nueva unidad más, si es distinta de los predeterminados inicialmente, y cuya preparación del indigesto y pesado menú estuvo a cargo de los chef Gustavo Moreno Rivera y Leonardo Pinilla Gómez, ágape vergonzoso, inicuo y repugnante por terminar como empresa criminal y causar un enorme daño al país y a la mayestática que encierra la administración de justicia, sobre todo, en cabeza de los magistrados de las altas cortes.
No es que en Colombia no exista capital humano y medios técnicos para adelantar las correspondientes investigaciones penales, como también, para una correcta administración de justicia, lo que ocurre es que tenemos una metástasis de corrupción que invadió todas las instituciones estatales y tocó fondo; en lo que concierne al Poder judicial, que era lo último que faltaba, sus operadores en todos los niveles se dejaron permear y, por ende, corromper por una clase política miserable, delincuencial y muy inferior a ellos, sólo superados por su poder económico, así como por los diferentes grupos al margen de la ley.
En este país de “Lampedusianos” se han tenido escándalos de todos los grados y calibres que han causado graves daños en los cimientos institucionales: proceso 8000, parapolítica, el de la compra de una reelección presidencial, el de la Corte Constitucional con Prettel, caso Obedrecht, y el más indignante, inadmisible y espeluznante, el de la “compra-venta” de fallos y archivos forzados contra evidentes que se venían produciendo en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo en los procesos de la parapolítica en los que no están todos los que son, ni son todos los que están, ya que estos procesos han tenido “chivos expiatorios” por doquier.
Con algunos fallos absolutorios y otros condenatorios y unos Autos inhibitorios, como también en las investigaciones preliminares difíciles de digerir y proferidos por la Corte Suprema en procesos de parapolítica, se empezó a barruntar y a oliscar un hedor pestilente que despedían ciertos expedientes de congresistas “protegidos” y otros en desgracia y sin plata, según rumores vox populi, lo cual se empezó a investigar de manera forzada por una conversación en Miami entre un Abogado traficante de Cohechos y un ex Gobernador de Córdoba, y que fue grabada por un organismo de control y seguridad del gobierno norteamericano, y entregada a las autoridades colombianos, o sino, seguiríamos en las nebulosas y con una opulenta comilona continuada.
Por las calendas de 2010, y una vez fallecido el senador que me contaba historias, empecé a escribir en mi blog La Pringamosa, publicado en la revista Semana, revista Cambio (clausurada), El Tiempo y el Portal Eje 21, sobre el paramilitarismo en el Magdalena Medio y Norte de Caldas, y de acuerdo a lo contado por el senador y los comentarios generalizados en oficinas públicas y “tertuliaderos” políticos en Manizales, lancé con sorna innumerables interrogantes para la Corte Suprema sobre ciertas conductas notorias de algunos congresistas, lo cual fue ignorado por esa corporación, no obstante tener rico material probatorio empolvándose en sus anaqueles. ¿Sería que ya estaban recibiendo las millonarias “coimas?
La Fiscalía está en la obligación legal de ser exigente en el lleno total de cualquiera de las causales señaladas para la concesión del “principio de oportunidad”, habida cuenta de que se puede inferir, sin ningún esfuerzo, que en esta horripilante banda criminal deben de estar comprometidos hasta el cuello muchos más congresistas de los que dicen haber “preparado” los “arcángeles” Moreno y Pinilla, y que están incursos en la parapolítica y tráfico de influencias, como el caso de Cajanal y Dirección Nacional de Estupefacientes; como también velar por la seguridad e integridad física de estos dos “notables” Abogados, y concedérseles el pleno mencionado beneficio, si dicen la verdad y sólo la verdad, y que no ocurra lo de siempre en la aplicación del beneficio de la Duda Razonable.
Como ha sido costumbre inveterada que en las altas cortes se den jurisprudencias acomodadas a todos los gustos e intereses, sería saludable y reivindicatorio para la Suprema, y de tranquilidad y seguridad para la comunidad, que decidieran los magistrados buenos revisar minuciosamente todos los procesos de parapolítica, tráfico de influencias y demás delitos cometidos por parlamentarios, así como también, mover los que están en preliminares e indagar el por qué la Sala no se volvió a pronunciar sobre el Auto de apertura de instrucción contra un protegido y sobresaliente senador, presentado por la magistrada auxiliar Teresita Barrera, a quien pareciera la borraron del mapa por haber tenido esta osadía. ¿Sería ésta una decisión de un ex presidente de la corte, Jefe de la Bandola?
Marco Aurelio Uribe García.
Manizales, septiembre 28 de 2017.
Apostilla: Pueda ser que a magistrados y congresistas incursos en esta danza millonaria, les congelen y saquen del comercio sus bienes, hasta tanto aclaren su situación jurídica.
