El expresidente debe aclararle al país qué ocurrió con los dineros de la reelección.
Este es el escenario. Un expresidente necesita reelegirse para culminar su proyecto emblema que le reconocerá un lugar en la historia. La firma de un acuerdo con la guerrilla más longeva del continente no es un hecho menor, ni que se pueda esquivar. La desmovilización de 13.000 hombres en armas que antes secuestraban, colocaban bombas, pero que también tenían el control y funcionaban como el Estado en las regiones lejanas a donde las instituciones aún no aterrizan, significaba de manera ineludible un capítulo para la historia, no solo de Colombia, sino de la humanidad.
Hubo símbolos que conmovieron. Las metralletas convertidas en palas, los balígrafos, las palomas que todos los políticos querían colocarse en la solapa, a excepción de un solo partido, para figurar en las revistas, en la televisión y la prensa.
Además, el mundo encontrado en una causa noble: dar un paso a la reconciliación de una sociedad violenta que se mató a sí misma durante décadas sin permitirse palabras. Hubo sapos, como dijo el expresidente una tras otra vez, que había que tragarse porque ningún acuerdo es perfecto. Lo volvió a explicar en detalle en su último libro.
Hubo sapos como permitir que los miembros del secretariado lograran una curul en el Congreso aún sin salir elegidos democráticamente por dos legislaturas completas. Sapos también como el de reconocer el narcotráfico y el secuestro conexo a la rebelión entendiendo que tratos igual de deferentes habían ocurrido en el pasado con los paramilitares, y que valía la pena si el negocio para el país terminaba en réditos y vientos sin guerra.
Hubo también difíciles decálogos jurídicos como la construcción de una nueva justicia que traía una concepción de reparación y no repetición por encima del castigo merecido por horripilantes crímenes y complicidad en la barbarie.
Se logró, por ejemplo, que todos quienes participaron directamente en el conflicto, militares y excombatientes, fueran tratados con el mismo racero. Aún hay dudas sobre ese racero. Pero el sapo fue digerido lentamente hasta la última anca.
No paró ahí. Vinieron otros sapos luego de la firma del acuerdo. Arrogancia de algunos exguerrilleros que terminaron ganando fugándose a su antojo, irregularidades en las instituciones de la paz, excesivas garantías para los exguerrilleros que aún no terminan de entender que el proceso de paz, además de reconocerles un lugar en la sociedad y de tratar de hacer menos injusta la realidad agraria del país, se trata también de que acepten su responsabilidad, cuenten ellos la verdad, pidan perdón en hechos simbólicos de trascendencia nacional y, reparen, realmente que reparen a sus víctimas. Pocos lo han entendido así. La mayoría ve al acuerdo como un puente para el camino del poder. Pero el proceso lo valía. El negocio era desmovilizar a 13.000 hombres armados que eran un riesgo y se mataban con otros hombres armados iguales a ellos, en una masacre cíclica de pueblos ignorantes, a cambio de participación política, apertura, tolerancia; hacer la sociedad un poco más justa y llegar a las regiones.
El fin era un buen fin. Aún lo es hoy con los errores. Y en el camino al fin, era evidente que el mundo iba a reconocer el liderazgo y el enfoque prioritario para lograr un cambio que produjera sensatez, al menos un poco menos de violencia, menos muertes injustas y menos sufrimiento para los que están acostumbrados históricamente a tener que convivir con el sufrimiento como con un familiar que pernocta en las noches y vuelve cuando quiere.
Pero en el camino al fin anhelado también hubo negocios. Odebrecht capturó las campañas de América Latina. Las financió para conseguir después los grandes contratos de infraestructura. No es una novedad ni tampoco la única empresa que lo ha hecho en las últimas décadas. Pero las investigaciones de Estados Unidos le dieron impacto a la noticia. La campaña de la segunda vuelta tenía un elemento definitivo: se trataba de consolidar el proyecto de la paz y ganarse un lugar en la historia, o concluir sin más otra oportunidad única para el país.
La primera vuelta acabó con la champaña y trajo al temor de los años de la guerra de regreso. Pero no bastaba con las intenciones. Y no bastaba con el romanticismo de la reconciliación. El testimonio de Andrés San Miguel que fue entregado a la Fiscalía y, curiosamente, enviado al Consejo Nacional Electoral en los últimos meses de la gestión de de Néstor Humberto Martínez, ternado por Santos, es aterrador.
Se trata del recibimiento de cerca de $4.000 millones de pesos producto de un contrato ficticio de la Ruta del Sol II para la campaña de reelección en un momento clave cuando se acercaba la segunda vuelta. Esteban Moreno, el joven que entendió la política como una buena forma de hacer negocios, los recibió. Es evidente que jamás va a contar a quién se los dio y para qué fueron utilizados. Su verdad podría causar un remezón en la cúspide del poder y los poderosos que están atornillados allí tienen un mediocre diseño institucional construido a su medida.
Luego se supo que el origen de los sobornos al Ñoño Elías estaban en Corficolombiana, según su testimonio a la Corte Suprema revelado por la periodista Silvia Charry. Elías gran amigo de Santos en campaña y a quien este último premió con el Fonade y con otros cargos burocráticos en el gobierno.
Santos no es solo un expresidente. Es el expresidente con más trascendencia en la historia de Colombia; es dignatario de un Nobel de paz. Por ese honor debería aclararle a la sociedad su papel en los sobornos que están cerca de manchar para siempre la paloma de la solapa con la que convenció al mundo.
Los sapos que nos tragamos por la paz, no nos los tragamos por Odebrecht, tampoco por el Ñoño, mucho menos por los Gaviria.
En otros temas: La Corte Constitucional se habla a sí misma. Debe haber una ponderación entre la obligación de combatir al narcotráfico y el deber del Estado de proteger a las comunidades vulnerables, pero alguien tiene que pensar en los cientos de muertos generados por efecto del negocio de las drogas.