Los hechos permiten asumir que el expresidente Santos lo hizo todo para asegurar su segundo Gobierno y para concluir el Acuerdo de Paz ganándose su lugar en el legado de la historia universal. Los dineros de Odebrecht que la justicia está poco interesada en probar; ahora tiene una excusa para no hacerlo, y la imposición de nuevos negociadores en un momento de profunda crisis en el proceso de paz, dan cuenta de su necesidad delirante de obtener los aplausos. La mermelada a la clase corrupta de la política, lo que hubiese llamado Álvaro Gómez Hurtado “el régimen”, también es un reflejo de sus objetivos. El fin justifica los medios.

Santos perdió el plebiscito en donde sí hubo una campaña de desprestigio y de mentiras de parte de la oposición para conseguir la intención emocional de las mayorías. Renegoció algunas de las exigencias del país que no quería un Acuerdo con la guerrilla y lo firmó. 

La consecución de un acuerdo político para acabar la confrontación armada era necesario, un deber; la opción moralmente más elevada como dice en el texto y en el libro del expresidente. Pero incluso esa opción extremadamente garantista para los guerrilleros desmovilizados necesitaba que estos entendieran que no podía tratarse únicamente de la posibilidad de tener un papel en la transformación de la realidad, como ocurrió en la idea de la reforma rural integral, y de alcanzar una parte del poder con el acceso a cargos de elección sin votos, sino que se trataba de un deber histórico de reconocimiento de responsabilidad y de asumir la obligación de contar la verdad, reparar a las víctimas y no repetir los hechos del conflicto. 

Una parte de los guerrilleros, por fortuna la rotunda gran mayoría, lo entendió. Una minoría, por desgracia, peligrosa minoría, no. Esta minoría encontró en la firma del Acuerdo en 2016 un camino fácil para la transformación del capitalismo a través del poder sin la necesidad de las armas. No se asumieron como victimarios, sino como víctimas y no quisieron contar la verdad porque la suya tenía que ver con un estado profundamente injusto, desigual y corrupto que debía ser transitado hacia el comunismo de los tiempos de Castro. Esa minoría de la arrogancia de Santrich e Iván Márquez quería el poder, no el acuerdo. Y por eso buscaron blindarse una y otra y otra vez con capaz jurídicas gruesas en el capítulo de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. 

Cuando se vieron acosados por Estados Unidos, comenzaron los problemas. El Paisa, Márquez y los otros bandidos se fugaron hace más de un año. Y la JEP inició a operar de acuerdo a lo que los bandidos habían logrado garantizar para sí mismos en el documento de la firma con la complacencia del gobierno anterior. Fugados, argumentando persecución e incumplimientos, se armaron, se organizaron, se cobijaron en el régimen de Maduro y se convirtieron en una amenaza real e inminente para los ciudadanos y para el estado colombiano. Mientras eso ocurrió, la JEP lo único que hizo, lo que pudo hacer, fue abrir incidentes de verificación de incumplimiento, para verificar lo que era obvio; que no comparecieron, que no contaron la verdad, y que no tenían intenciones de reparar a sus víctimas. Los bandidos obsesionados con el poder se organizaron y se armaron al tiempo que la Justicia Ordinaria no podía perseguirlos porque la JEP intentaba garantizar sus derechos en el Acuerdo. 

En el caso de Santrich, aún con la mediocridad de las pruebas de la Fiscalía, la JEP no quiso hacer lo que le correspondía: determinar la fecha de la ocurrencia de los hechos acusados. Como quedó claro en su propio fallo y en los salvamentos de voto, la Justicia Especial no quiso decretar pruebas, tampoco una entrevista a Santrich para determinar la fecha exacta (esto se supo en los alegatos de conclusión) sino que insistió en querer saber si los hechos acusados habían ocurrido o no. Lo liberaron en la JEP y en la justicia ordinaria y hoy, aunque sea un francotirador ciego, es una amenaza real y presente. 

Lo más grave es el conflicto internacional que podría gestarse. Una vez los bandidos respondan contra la oligarquía, como lo dijeron en su video, el gobierno colombiano tendrá que buscarlos y atacarlos. Y si están en Venezuela, esa búsqueda y ofensiva podría significar un acompañamiento militar de Estados Unidos en el territorio de otro país que es respaldado por Ruisa, China e Irán. Nunca como ahora habíamos estado tan expuestos al posible desenlace de un escenario de confrontación internacional, por cuenta de un acuerdo que buscó los premios del mundo para un solo hombre, a cambio de la institucionalidad y el honor. 

Este Gobierno secuestrado ha incumplido, no ha garantizado la seguridad para los desmovilizados, ha sido vergonzoso en la defensa de los líderes sociales, y no ha querido avanzar en la titulación de tierras y otros compromisos del acuerdo. Pero tampoco ha destruido el documento como quisieran algunos. Lo que tenemos hoy es un motivo para el atraso por el cambio de prioridades en la política pública que significa necesariamente un riesgo más para la seguridad, y un desafío para actuar con mucho cuidado en el tablero de ajedrez y no desatar el peor lugar para el presente: quedar en el medio de una batalla internacional de grandes poderes y la catástrofe del belicismo. 

En otro tema: Tras una investigación nuestra tuvo que renunciar el personero del municipio de Tabio por probar que trató de encubrir un escándalo de corrupción y de participación política junto a candidatos de Cambio Radical en Cundinamarca. Las autoridades deben investigar y garantizar la seguridad de personas que dicen temer por su vida. 

@santiagoangelp