La educación superior en Colombia es excesivamente costosa. Las deudas por la educación retrasan el progreso y el crecimiento de la economía.
En el país hay un debate que hay que empezar a dar sobre los costos de la educación superior. Las universidades privadas compiten sin ningún tipo de regulación más que una lánguida oficina de vigilancia del Ministerio de Educación. La auto regulación en estos casos no funciona porque las universidades suben el precio de sus matrículas cada semestre y para algunas carreras los costos son exagerados creando brechas difíciles de superar con créditos o un par de becas.
No hay un bien más importante para una nación que el de la educación. El conocimiento hace libres a las personas; no solo les entrega posibilidades de vida, sino que les da responsabilidad individual, entendimiento sobre derechos, pero más aún, sobre deberes. Un ciudadano educado es un ciudadano demócrata y un activo para el desarrollo. Los países del primer mundo lo han entendido bien y por eso amplían sus programas de becas a los ciudadanos de países subdesarrollados como el nuestro, para que podamos encontrar las ofertas que, por los elevadísimos precios, no encontramos en nuestros propios países.
Con esto no estoy diciendo que la educación no deba ser un negocio. Como en todos los sectores hay profesionales de muy alto nivel que deben ser contratados con buenos salarios para generar calidad; laboratorios que construir; edificios con las herramientas tecnológicas para que la creatividad y el arte se desarrollen en los mejores ambientes. Pero desde hace varios años las universidades se quedaron sin techo en el costo de sus programas.
Las cifras de cerca de 600.000 usuarios del Icetex son una prueba del enorme costo de las carreras en las mejores universidades del país. 600.000 jóvenes en Colombia han tenido la oportunidad de acceder a la educación superior, pero endeudándose por décadas. Esa deuda con una tasa del desempleo juvenil cercana al 20 % genera un retraso evidente en los proyectos de vida, el emprendimiento y la oportunidad de adquirir más y mejores bienes o, incluso, de seguir estudiando para pulir la formación.
La mayoría de deudores del Icetex no escogen universidades públicas. Esa justamente ha sido durante años una de las quejas más asiduas de los jóvenes en las calles. Dicen que el Icetex le quita recursos a las universidades públicas porque subsidia los programas de las privadas. Aunque se trata del derecho a la libre elección, en eso tienen razón. Las universidades públicas son una buena alternativa pero hay muy pocas de alta calidad en las regiones y muy pocos cupos para los cientos de miles de jóvenes que cada año se gradúan del colegio con sueños por cumplir y ávidos de entrar en el mundo del conocimiento y las oportunidades.
Los costos de los programas de pregrado en Colombia son tan absurdos en algunos casos que pueden llegar en medicina, por ejemplo, a 22, 23 y hasta 24 millones por semestre. Entre 270 y 280 millones de pesos para una carrera. Claro que la educación de calidad tiene que valer, pero también tiene que haber oportunidades para los jóvenes que quieren aportar y construir patria. Y ese derecho, esa ilusión, debe estar por encima del ánimo de lucro.
Las universidades, mucho más las que tienen algún tipo de conexión con la religión, deberían empezar a implementar costos diferenciados dependiendo de la capacidad del bolsillo de cada estudiante. Eso ampliaría la cobertura que hoy en Colombia es de al rededor del 50 % y hace que la mitad de los jóvenes no puedan acceder a la educación superior.
Yo soy un joven que ha salido adelante con esfuerzo y perseverancia. Y creo que como yo hay miles de casos de personas que quieren aportarle a su país con compromiso y pulsión. Lamentablemente un ejército de ellos termina ahogándose en medio del viaje endeudado en la barca de la educación. O simplemente nunca pueden tomar el velero. Se quedan en el puerto esperando que el barco de la vuelta y regrese a recogerlos para darles un empujón. Pero este nunca llega. Pasa su tiempo navegando dando vueltas en el triángulo de las bermudas con los mismos pasajeros.
Nadie habla de gratuidad ni de regalos. Pero sí de precios un poco más razonables y justos que permitan que miles de personas accedan y que el país pueda así estimular las industrias, el emprendimiento y la creación. Podrían empezar por revisar los rubros de los salarios a los rectores, decanos y a las juntas directivas.
Si las universidades deciden bajar un poco los precios generales de sus programas, o ejecutar un proyecto de precios diferenciales de acuerdo a la situación económica de los estudiantes, no tendrían ya de qué quejarse por la pandemia, porque aún en modalidad de virtual, habría más matrículas y más futuro para los colombianos. Un gana gana para todos.
@santiagoangelp