Hay cosas que el periodismo no puede descubrir con total certeza y hay varias razones para eso. Una puede ser, por ejemplo, como en el caso de Alberto Donadío con la hipótesis del genocidio a la UP en cabeza de Virgilio Barco, por falta de evidencia. Otra, es por la imposibilidad práctica para lograrlo. Y en otras circunstancias, por motivos de seguridad pública. 

Presento un ejemplo simple y coyuntural de la segunda opción. Ningún periodista puede hoy descubrir cuál es el número exacto de camas UCI disponibles en Bogotá ante la controversia generada por la Personería y la Alcaldía, y hay razones que en la práctica imposibilitan ese descubrimiento: la única forma para lograr zanjar la polémica de forma incontrovertible sería un recorrido personal por todos los hospitales de Bogotá para revisar cuáles camas están sin paciente y hacer un conteo independiente. 

Eso plantea problemas, no solo por la disponibilidad de tiempo, de recursos y de acceso a espacios de alto contagio, sino porque la situación podría cambiar inmediatamente el periodista que lo haga deja un hospital para salir a otro y continuar el recorrido. Al final del día, el colega que quiera hacer ese trabajo para publicarlo al día siguiente o en el informe de la noche tendría una conclusión ambigua, porque en cualquier momento una de las camas que vio vacía podría haberse ocupado y entonces sus cifras serían inexactas. 

Otra forma sería consultando entonces con la red médica, pero surgen allí otros problemas. La única autoridad que puede tener una visión total y en tiempo real de la ocupación de las camas UCI es la Secretaría de Salud; el gobierno de Bogotá. Ninguna federación médica por grande que sea tiene acceso a los movimientos de pacientes de toda la red hospitalaria de la ciudad por lo que, consultando así, al final del día las cifras también serían imprecisas, falaces. 

¿Qué queda? Nada más que confiar de buena fe en la actualización de las cifras del gobierno electo en democracia y esperar que si la ocupación sobrepasa su límite, ese gobierno lo revele transparentemente y actúe de inmediato para ejecutar soluciones. Por supuesto que hay formas de entender razonablemente si, ante una exageración de las cifras para reducir la ocupación, el gobierno miente. Y allí ayudarían las denuncias de quienes se encuentran prestando los servicios in situ, los entes de control y los pacientes. Pero ni siquiera en ese escenario podría haber certeza de la cifra total. Solo suspicacia, confusión y dudas. Nadie, y digo nadie, salvo la autoridad gubernamental, puede acceder a la verdad o a lo que más se acerca a la verdad en el caso de la ocupación de las UCI. 

Pasa algo parecido en el tercer escenario por motivos de seguridad pública. En el caso de las vacunas se trata de salud pública. Como lo dijo recientemente Luis Gonzalo Morales, hay ciertas circunstancias en la historia de los gobiernos que no pueden ser reveladas porque el fin es más importante que el heroísmo por la verdad. En el caso de los diálogos de paz de La Habana, el gobierno colombiano blindó estrictamente las negociaciones con absoluta confidencialidad porque se trataba ni más ni menos que de la seguridad de los ciudadanos y el fin del conflicto con la guerrilla más radical.

Cualquier violación a esa confidencialidad podía implicar un peligro inminente para los diálogos y, por lo tanto, un riesgo para la seguridad de los ciudadanos. También allí hubo una altísima inversión de recursos públicos pero a nadie le interesaba revelar la inversión total del gobierno en la logística de la negociación, porque se suponía de buena fe que el fin podía convertirse en un bien común más importante. 

En la vacunación hay una realidad universal con poquísimas excepciones y nunca totales. Las farmacéuticas han decidido establecer cláusulas de confidencialidad con todos los países con los que han hecho acuerdos, no solo para efectos de la propiedad intelectual, sino para poder legítimamente negociar sus precios independientemente con otros países, de acuerdo a las leyes naturales del mercado. 

El debate sobre si es ético o no permitirle a las farmacéuticas tener el control de la negociación es importante y genera una pregunta fundamental: ¿tampoco en tiempos de una crisis pandémica debería haber más transparencia de una de las industrias más poderosas del mundo? Sin embargo, dar ese debate en este momento es poco inteligente y puede ser utilizado como herramienta de politiquería de personas que tienen intereses personales inmediatos: campañas y elecciones. O hacerse relevantes en la discusión pública para generar así influencia y, de paso, contratos u otros beneficios.

A diferencia del primer escenario que planteé, aquí sí hay posibilidades reales de acceder a la información porque se trata de documentos. Esos documentos están en manos de personas que pueden ser fuentes y que por cualquier razón, y también caben intereses personales, tienen opción de terminar filtrándolos a los periodistas para que los publiquemos en aras de la verdad. Allí debe haber una pregunta ética también. ¿Cuál es el riesgo para la salud pública de un país, la publicación de un contrato que establece cláusulas de confidencialidad por parte de privados? 

La respuesta es contundente y ya hay experiencias similares. El riesgo es que el privado haga uso de la cláusula de confidencialidad y decida cancelar el contrato dejando al país sin las dosis acordadas. O, como sucedió en Perú, que el país quede de último en la fila por presiones de transparencia. 

¿Qué es más importante entonces? ¿La transparencia inmediata o la salud pública? Mi respuesta es que, como en el caso de las negociaciones con las Farc, es más importante la seguridad y la salud pública. Hoy no hay razones reales, indicios ni hechos puntuales para pensar que detrás de la negociación o de los contratos haya corrupción o manejos irregulares de parte del gobierno. 

Si esos hechos se presentan en el momento de la aplicación o si el gobierno incumple su cronograma proyectado por malos manejos será trabajo del periodismo, y me incluyo, cuestionar con énfasis y con independencia. En mi opinión, hoy, como en el caso de las UCI, hay que poner al país primero y esperar de buena fe que la vacunación se haga bien y que el gobierno pueda cumplir sus objetivos. En este momento es mucho más importante que se apliquen las vacunas a la población vulnerable y en todo el territorio con criterios de igualdad de acceso, a las iniciativas de quienes se visten con el traje de súper héroes para revelar su verdad, cueste lo que cueste. 

 

@santiagoangelp