Lo que ha sucedido en los últimos días es una muestra del tremendo riesgo de desinformación que ha provocado la plataforma que está pensada por excelencia para el debate público y la difusión de información que se presumía, antes, mucho antes, era veraz y corroborada.
Todos los días hay hechos graves de manipulación que pretenden afectar a los enemigos declarados de una u otra parte del espectro ideológico. El problema es que los titulares rápidos y las mentiras que se difunden con intereses personales calan en los imaginarios que la sociedad construye sobre lo que es cierto y lo que no.
Los periodistas no tenemos la verdad absoluta nunca. Pero sí tenemos formas, técnicas y métodos para acercarnos a una versión lo más posible precisa sobre lo que es verdad, en cualquier hecho. Los políticos; los activistas que pasan por periodistas; y los tuiteros famosos que trinan para sus propias causas, no tienen el mismo grado de responsabilidad que demanda un proceso de conocimiento, comprensión, corroboración y publicación, como el que estamos llamados a hacer los periodistas.
Esto parece menor, pero en realidad es un riesgo enorme para la democracia. No solo porque hay expertos en el manejo de redes que se han dado cuenta hace años del poder que tienen en los dedos, y no dudan en utilizarlo para sus fines o los fines de quienes estén dispuestos a pagarles, sino porque de esta forma ya se han afectado procesos electorales previos. De hecho, también en Colombia.
Un ejemplo cercano es el del plebiscito. En 2016, antes de la votación, se difundieron con mucho volumen noticias falsas en ambas campañas. La estrategia de manipulación e indignación de la campaña del NO quedó probada en una célebre entrevista que le dio Juan Carlos Vélez a La República. Pero en el SÍ también hubo mentiras que, además, se tradujeron en promesas incumplidas. Durante todo la campaña del SÍ se dijo que los culpables de delitos de lesa humanidad no podrían ser congresistas y que tampoco habría curules gratis para las Farc. La realidad hoy es que Julián Gallo y Pablo Catatumbo, que acaban de ser imputados como responsables de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra por la JEP, son congresistas y su partido, ahora Comunes, tiene aseguradas 10 curules gratis por 8 años en el Congreso.
Sin embargo, lo que estamos viendo hoy es mucho más aterrador. Youtubers; líderes de opinión; influencers y activistas difunden todos los días noticias falsas, hechos manipulados, videos editados y memes que tienen el propósito sistemático de hacer daño y destruir injustamente al opositor, sea cual sea, acompañando sus trinos con tendencias que en muchos casos llevan el nombre y apellido exacto de una persona. Eso es poco ético porque se traduce en insultos, amenazas y en la lapidación pública de alguien y de su familia sin ningún control por parte de los radicales, que están dispuestos a hacer daño por sus pasiones y sus sesgos personales.
Doy algunos ejemplos. Daniel Samper tiene cerca de 3 millones de seguidores. Y, con la excusa del humor, ha contribuido permanentemente a difundir noticias falsas que no se correlacionan con la evidencia y con los hechos probados. El 27 de enero Samper difundió un trino en el que, cito: “Qué tristeza. En el gobierno de Duque volvieron los desplazamientos”. Ese trino tuvo 204 retweets, 21 tweets citados y 622 me gusta, poco para el nivel de reproducciones que suelen tener los trinos de esa cuenta. Pero la evidencia señala que esa opinión no es un hecho cierto por una razón: los desplazamientos nunca se fueron; no terminaron; no se extinguieron para luego regresar con el gobierno actual, como lo sugería el columnista.
La Oficina para los Asuntos Humanitarios de la ONU publicó una alerta el 10 de julio de 2018 en donde registraba cerca de 16.000 desplazamientos que ocurrieron en el país entre el 14 de marzo y el 05 de julio de ese mismo año en la región del Catatumbo por enfrentamientos entre el ELN y el EPL. (https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/colombia-restricciones-al-acceso-y-desplazamientos-en-el-catatumbo-2) El hecho de que por lo menos 16.000 personas fueron desplazadas en 4 meses durante el gobierno Santos, no parece poder llevar a la conclusión afirmativa de que durante este gobierno “volvieron” los desplazamientos, como dijo Samper.
Es una constante. Solo hace falta bajar en el feed con un recorrido simple de Twitter para darse cuenta quienes mienten con aterradora facilidad. Este tipo de opiniones, que parecen revestidas de información real, las publican personas que tienen intereses personales en otras causas, algunas de ellas claramente identificadas con aspiraciones electorales o candidatos precisos, y otros por enemistades personales con los gobernantes nacionales y locales.
Esto, por supuesto, no solo sucede desde la izquierda. En la derecha radical también hay una estrategia vigente para desinformar. En los últimos días parece haber un intento de sectores de la oposición al gobierno de desinformar constantemente y generar imaginarios en los ciudadanos a través de las redes, de verdades que no lo son, o que se explican de forma sobre simplificada y, en muchos casos, sin darle oportunidad a la contraparte para que se defienda, como lo debe hacer el periodismo.
La solución para la desinformación y las mentiras no puede ser la censura. Hoy más que nunca es misión de los periodistas, que estamos mejor informados y tenemos la obligación ética del equilibrio, estar presentes en las redes rectificando a quienes mienten decididamente con propósitos personales o pasiones políticas.
Lo que está en juego es la democracia; la exactitud de los hechos; y la comprensión de los fenómenos que nos ocurren todos los días en la sociedad para que los ciudadanos estén mejor capacitados y tomen mejores decisiones. Si le dejamos este juego a la manipulación, vamos a terminar perdiendo la democracia. Ocurrió ya en Estados Unidos y en Brasil. Es una obligación tratar de dar el debate para que la información sea precisa y no manipulada selectivamente.
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@santiagoangelp