Pasó relativamente desapercibida la nota de El Tiempo sobre las “pequeñas” trampas que ejecutamos los colombianos publicada el 10 de noviembre de este año. No entiendo por qué el artículo no escandalizó a nadie, aunque quizá puede ser porque ya nos acostumbramos a transgredir las normas o, peor, a que delincan en nuestra cara.

Según el periódico (con fundamento en un informe de la Veeduría Distrital), las acciones “son tan simples como querer sobornar al técnico de la empresa de servicios que llega a cortar el suministro de agua o acabar con bienes públicos”. Asimismo se señala que en Bogotá “existe un sistema de creencias, valores y comportamientos que incentivan o facilitan la cultura de pasar por encima del otro”.

Estos resultados son dramáticos y repugnantes, si se me permite utilizar estas dos palabras. Atropellar a los demás y llevarse por delante a la ciudad no es una forma digna de vivir en comunidad. Si no nos despojamos del traje de hampones para tener una existencia más armónica, es probable que dentro de muy poco los homicidios nos resbalen, como hoy lo hacen estas “nimiedades”:

1. Cada año Bogotá pierde casi 44 mil millones de pesos por la alteración de los contadores de servicios públicos; cada día alrededor de 25 medidores son falseados en todos los sectores y estratos. Somos ladrones.

2. Según la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, unos 800 mil trabajadores independientes no aportan para el sistema de salud o de pensiones. Si a lo anterior se añaden las 900 mil empresas que son irregulares en estos pagos, se alcanzaría la irrisoria suma de $14 billones en un año.

Esta conducta no sólo desprotege a familias enteras, sino que estos recursos, que tienen destinación específica para el Sena y el Bienestar Familiar, se quedan en manos de los privados. Somos ignorantes.

3. Las cesantías, ese ahorro que funge de colchón en caso de vacancia laboral, también se puede utilizar para vivienda y educación. Sin embargo, casi el 7% de los retiros de este recurso se obtienen por medio de certificados falsos con el fin de destinar el dinero a otros gastos. Somos irresponsables.

4. Para ahorrar unos pesos no importa acceder al mercado de contrabando. Según cifras de la Dian, la piratería en Colombia supera el 10% de las importaciones legales del país cada año, es decir que estas transacciones anómalas alcanzan los 12 mil millones de pesos.

Asimismo, algunos comerciantes han encontrado vericuetos ilegales para evadir el impuesto sobre las ventas tales como la doble contabilidad, la no expedición de facturas o su expedición con datos mentiroso, lo que genera pérdidas billonarias al establecimiento.

Si todos nos comprometemos con el fisco (y si los corruptos no sacan su tradicional tajada), se podría hacer una serie buenas obras con ese monto. Somos laxos.

5. Tal como lo informó Transparencia Internacional, en Colombia reciben sobornos de parte de los particulares los policías, los funcionarios de la justicia y los técnicos de servicios públicos domiciliarios, esto con el fin de evitar las sanciones previstas en la ley y en los reglamentos. Somos corruptos.

Y hay muchísimas otras conductas que coquetean descaradamente con la criminalidad pero que, ante nuestros ojos, no significan nada: ¿Cómo así que únicamente un 36% de los ciudadanos le llamarían la atención a una persona conocida por haber ofrecido dinero a un funcionario público para hacerse adjudicar un contrato? ¿No es aberrante que solo un 45% informaría a las autoridades que un funcionario público pida mordidas a cambio de beneficios? ¿No es muy diciente que el 49 % de los servidores públicos acepten que en su entidad hay rosca para la contratación?

Me parece que ya es hora de que asumamos un compromiso mayor con nosotros mismos y con los demás pues, así como estamos, no se puede.