Es difícil entender la pasividad del gobierno frente al drama de los colombianos afectados por las medidas xenófobas y mezquinas del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la frontera colombo-venezolana.
Nicolás Maduro – Foto: Cancillería Ecuador
Luego de que el gobernador del Táchira, José Vielma Mora, anunciara ayer que 800 colombianos (de los cuales al menos 50 son menores) fueron deportados por encontrarse supuestamente de forma ilegal en el país, la cancillería de Colombia pidió en un comunicado baboso que se “respete la integridad y los derechos humanos de los Colombianos” y anunció la instalación en Cúcuta de un centro de mando unificado desde donde se atenderán las necesidades de los afectados.
Aunque aparentemente se toman medidas, no parece que haya una voluntad real de reaccionar con contundencia frente a este desastre que claramente no hace parte de simples controles migratorios. Según los afectados, los funcionarios públicos venezolanos deciden de manera arbitraria la demolición de viviendas donde habitan, incautan bienes de forma despótica, separan familias, trasladan personas como si fueran mercancía, limitan la libertad de locomoción y, en general, violan la dignidad humana.
El régimen de Maduro siempre ha perseguido colombianos, pero en este caso ya no se trata de eventos aislados. Resulta evidente que estamos frente a un caso de desplazamiento forzado que afecta a personas inocentes por el simple hecho de portar la ciudadanía colombiana en el país vecino. Y sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos señaló que los gobiernos deben cooperar en la lucha contra la delincuencia y que se profundizará en una estrategia binacional para atender los problemas más apremiantes de la frontera.
Da rabia leer las palabras de Santos, quien desde su despacho se vanagloria de utilizar la diplomacia para solventar los inconvenientes sin siquiera entender de forma directa la tragedia que implica para centenares de compatriotas los ataques del régimen totalitario.
Esta situación es una clara muestra de que el manejo de la política internacional no va por el mejor de los caminos pues no sólo la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores se convirtió en un cuerpo inoperante, sino que por el afán de impulsar el proceso de paz en La Habana se han descuidado otros frentes que requerirían acciones inmediatas.
Las determinaciones que día a día se adoptan desde la cancillería parecen más una faena de improvisación que el desarrollo de una política integral de Estado que unifique todos los frentes de trabajo hacia un mismo objetivo común, cual es el de lograr el bienestar de los colombianos a través de las buenas relaciones con la comunidad internacional.
No se trata de caer en la provocación y responder de una forma agresiva, pero sí es necesario que desde el Palacio de Nariño se dejen de redactar memorandos inútiles y de instalar mesas de trabajo (como si en Colombia la burocracia no fuera un problema). Aunque tarde, ha llegado el momento de actuar.
Uno puede estar o no de acuerdo con el senador Álvaro Uribe, pero su anunció por Twitter de que irá a la frontera con Venezuela para expresar su solidaridad con los afectados es el gesto que esperábamos los colombianos de nuestros dirigentes investidos de poder.
No deja de ser perturbador pensar que la canciller y el presidente colombianos, con su silencio y su adicción por los comunicados de prensa, son cómplices de los atropellos de Nicolás Maduro y que hacen parte, así sea como personajes de reparto, de las cortinas de humo del circo del mandatario venezolano.