“El derecho a disentir es lo propio de las sociedades democráticas. Y la protesta es el ejercicio activo de la libertad de expresión” Omar Rincón
Siempre he pensado que el disenso hace que este país y cualquier otro pueda ser mejor. Que todos pensemos de la misma manera no engrandece nuestro sistema democrático y la protesta social es la mejor herramienta para que el pueblo pueda expresar sus inconformismos ante el estado, porque en definitiva la oposición o las distintas formas de pensar son las maneras en las que podremos tener una Colombia un poco más equilibrada.
Una de las grandes conquistas de la Constitución Política de 1991 fue la de elevar a rango constitucional el derecho a protestar, sí, el derecho a que usted mediante arengas, gritos, carteleras, camisetas o lo que sea (siempre y cuando sea pacífico) manifieste sus desacuerdos o reclamos ante una entidad del gobierno, ante el presidente o ante un expresidente o ante cualquier persona. Sin embargo, no todo es color de rosa y como la gran mayoría de los derechos fundamentales, hay que seguir batallando para que se garanticen sin tanto titubeo o limitaciones.
El derecho a la protesta en Colombia no ha sido el mejor ejemplo de nuestra aclamada democracia. Desde los años noventa se sembró en los discursos autoritarios el calificativo de “terrorista” para todo acto que pretendiera criticar o no ser parte del estamento de turno. Entonces comenzaron las detenciones arbitrarias, los asesinatos extrajudiciales y las desapariciones forzadas, pero sobre todo contra los movimientos sociales, partidos políticos de oposición o grupos de pensamiento contrario al del gobierno.
A pesar de la represión hay organizaciones sociales y no gubernamentales que han sido enfáticas en defender el derecho que tiene todo ciudadano a manifestar su disenso sin más limitaciones que la establece la ley. Pero las ganas de criminalizar la libre expresión no quieren acabar.
En el año 2013 por iniciativa del ministro de defensa de la época el señor Juan Carlos Pinzón, se trató de reformar el artículo 353 A del código penal, sacando la palabra “ilícitos” al renglón: “el que por medios “ilícitos” incite a la propuesta será objeto de las sanciones”, una palabra que cambia todo el sentido de la oración. Habiendo superado este mico, ahora el Congreso de este periodo constitucional busca hacer lo mismo, solo que por medio de la reforma al Código de Policía; la creatividad llegó al punto en que los ciudadanos tendrían que pedir permiso a las autoridades policiales para poder hacer una marcha, protesta o manifestación. ¡No hay derecho!
Pero lo que muy pocos de ustedes saben es que actualmente nos rige el Decreto 355 de 1994, que en su artículo tercero faculta a los policías cívicos a informar a las respectivas autoridades sobre cualquier manifestación que perturbe la calma de esta honorable democracia, es decir, que sus arengas, gritos y pancartas pueden llegar a ser, según ellos, un acto terrorista. ¡Claro! por eso es que estamos como estamos.
Hay que recordarle a las autoridades, a los legisladores y por supuesto, a nuestros dirigentes que muchas de las formas violentas que hoy conocemos surgieron como resultado de la opresión, de la ausencia de conciliación entre las dos fuerzas de pensamiento que se enfrentan cuando existe una diferencia. Así que, como cualquier ciudadana espero que se revise la constitucionalidad del artículo tercero del Decreto 355 de 1994 y que de la misma en el Congreso no pase semejante orangután que pretende encuadrar la protesta social en un punto de vista coactivo y policial.